El sistema multilateral de comercio está siendo desafiado por el país que solía ser su principal garante. La incertidumbre económica va en aumento y el proteccionismo se ha transformado en un tema central que compromete a toda la cooperación económica internacional.
Argentina necesita recibir inversiones y mantener buenas relaciones comerciales tanto con los Estados Unidos, como con China. Sin embargo, dada nuestra vulnerabilidad económica, la capacidad de mantener relaciones normales con ambos podría verse afectada.
En ese marco, el acuerdo con la Unión Europea (UE) es una buena noticia. Refuerza al Mercosur y nos genera una oportunidad comercial y reduce el riesgo de vernos forzados a optar entre EE. UU. y China
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Más allá de esta consideración, para evaluar el acuerdo será necesario conocer sus detalles. En principio la liberalización del comercio PUEDE ser positiva. En teoría el comercio internacional favorece una mejor asignación de recursos económicos, permitiendo el aumento de la competitividad que trae la división del trabajo y las economías de escala.
Los economistas nos dicen que, en el mediano plazo, ganamos todos. Cierto; pero el comercio, por sí mismo, no asegura una distribución equitativa de las ganancias. Para eso, es indispensable la intervención del Estado; por dos razones.
En primer lugar, porque para que el comercio mejore la asignación del capital, la tierra y del trabajo es necesario que el precio de los bienes y servicios transados refleje su costo real de producción. Si, como sucede frecuentemente, los precios están distorsionados por subsidios, garantías implícitas, o tasas de cambio manipuladas (Trump acaba de acusar al Banco Central Europeo de maniobrar para depreciar al Euro), la apertura comercial podría ser contraproducente. Este es un detalle no menor, considerando que la UE otorga subsidios masivos a sus productores agropecuarios y emite uno de los principales activos de reserva internacional, lo que hace que el precio del dinero (tasas de interés) y de los seguros de cambio difieran significativamente de los argentinos.
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En segundo lugar, es importante recordar que el “mediano plazo” puede estar muy distante para los que pierden el empleo. En efecto, siempre es más rápido cerrar una industria que crearla, reducir una línea de producción que ampliarla. Mover gente de empleos ineficientes al desempleo es socialmente injusto y políticamente peligroso. Por ello, para llegar a ese "mediano plazo" en una forma socialmente aceptable, es necesario que contar con recursos fiscales y políticas adecuadas, que apoyen a los que tengan que reentrenarse para buscar nuevos empleos. Preocupa que la apertura comercial comprometida se iniciará en un momento en el cual la Argentina carece del espacio fiscal necesario para acompañar el proceso de reconversión industrial y laboral.
Disconformidad entre ganaderos europeos por acuerdo con #Mercosur - DW:
Más allá de esto, hay detalles del acuerdo que recién empiezan a vislumbrase. Por el momento, sólo conocemos sus líneas generales gracias a una publicación reciente de la Comisión Europea (“The Agreement in Principle” )
Como era previsible, el acuerdo ha despertado serias objeciones entre productores agropecuarios de varios países de la UE. Los funcionarios de la Comisión Europea han salido a defender el acuerdo explicando que los volúmenes máximos de importación comprometidos (las “cuotas” arancelarias) son en realidad muy limitadas (las 99.000 toneladas de carne bovina representan apenas el 1% del consumo de la Unión) y que, de todos modos, el acuerdo prevé una “Salvaguardia Bilateral” (véase el punto 4, página 6 del "Acuerdo en principio" publicado por la Comisión) que permitirá imponer restricciones a las importaciones del Mercosur, incluso dentro del volumen (limitado) de las “cuotas” garantizadas.
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Esto es preocupante para los países del Mercosur. Si Bruselas puede usar una “salvaguardia” para reducir el volumen de las importaciones garantizadas en las “cuotas”, estaría afectando el quid pro quo del acuerdo, menoscabando el valor las concesiones comerciales que justificaron su firma.
Otro tema que hace falta estudiar es la forma en la que se aplicarán las reglas de origen a la actividad pesquera. El texto publicado por la Comisión explica que las capturas pesqueras tendrán el “origen” de la bandera del buque (ver sección A, página 4). Si este fuera el caso se podría estar perjudicando a la flota pesquera nacional. En efecto, el pescado capturado en la Zona Económica Exclusiva argentina por un buque de bandera de la UE entraría en mercado de la Unión como un producto europeo, mientras que, si el mismo pescado es capturado por un buque de bandera nacional, entraría en la Unión como una importación, con las consecuencias que eso implica.
En otro orden de cosas, está conspicuamente ausente un capítulo sobre comercio electrónico. A nivel mundial, el crecimiento del comercio de datos (para proveer servicios y también, en forma creciente “bienes”) es mucho más dinámico que el crecimiento del comercio de bienes y servicios tradicionales. Por ello, va a ser indispensable armonizar regulaciones en materia de localización de “servers”, transferencia y protección de datos y autenticación de firmas y documentos electrónicos.
Finalmente, como los exportadores de la UE tienen la ventaja de comerciar en su propia moneda y la competitividad de los productores argentinos está afectada por la calidad de la infraestructura, la logística y las tasas de interés (Alemania, por ejemplo, toma dinero a tasas negativas), será indispensable evitar el Peso se aprecie. Al menos hasta que la Argentina pueda ganar competitividad “real”, reduciendo la carga impositiva y mejorando su infraestructura y logística. Experimentar, como se ha hecho recientemente, con políticas monetarias que busquen contener la inflación a través de tasas de interés super positivas y un tipo de cambio apreciado sería simplemente suicida. Eso ya no se podrá hacer. Una buena noticia para las empresas argentinas.
El autor es senior fellow del Center for International Governance Innovation, de Canadá, y consultor externo de McKinsey y de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI.
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por Héctor R. Torres
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