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Economía / 8 de julio de 2019

¿Qué esconden los detalles del acuerdo Mercosur-UE?

Lo que hay que saber de la negociación. Ganadores y perdedores. Sectores resguardados. Urgencia de reconversión en un país en crisis.

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Los funcionarios Luis Etchevehere, Jorge Faurie, Dante Sica y Horacio Reyser, con la europea Cecilia Malmström.

Quizás no se encuentre a Dios o al diablo en los detalles del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero por las dudas, conozcámoslos.

La UE liberaliza el 81,7% de su protegido mercado agrícola y ofrece cuotas para otro 17,7%, siempre dentro de procesos paulatinos de desgravación. Esos cupos incluyen la carne vacuna (los ganaderos del Mercosur soñaban con 400.000 toneladas adicionales a la actual cuota Hilton, Europa ofrecía solo 60.000 y terminó concediendo 99.000 con una tasa del 7,5%), aviar, maíz, arroz y etanol. Negociadores admiten que esperaban cuotas mayores a las conseguidas. A su vez, la Hilton, que en la actualidad alcanza a 29.500 toneladas de carne bovina de calidad de la Argentina, dejará de pagar el 20% de arancel.

Los subdidios a la producción agrícola europea continuarán. En cambio, se eliminará las subvenciones a exportaciones hacia el Mercosur.

El gobierno de Francia, el país europeo más proteccionista agrícola, ha aclarado este 2 de julio que podrá aplicar salvaguardias contra importaciones que dañen su producción. El convenio las prevé para ambas partes y no sólo para el comercio agrícola sino también el industrial.

El Ejecutivo de Emmanuel Macron también ha señalado que el acuerdo aún no está aprobado. El convenio comercial sólo entrará en vigencia después de que lo ratifiquen los congresos de los cuatro países del Mercosur y el Parlamento y el Consejo europeos. En este último están representados los gobiernos de todos los países de la UE y las convalidaciones de tratados de libre comercio deben ser por unanimidad. Es decir, Francia puede vetarlo.

El pacto establece que el bloque de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay abra el 95% de su mercado agrícola y ofrezca cuotas mutuas para productos que puedan verse afectados como quesos y leche en polvo y de fórmula. El presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL) de la Argentina, Miguel Paulón, desestima un “gran impacto” de las importaciones, pero admite dificultades para exportar por la falta de habilitación sanitaria europea de los tambos locales.

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El Viejo Continente impuso, a su vez, unas 355 denominaciones de origen que el Mercosur ya no podrá usar más para sus alimentos y bebidas. No se ha difundido la lista, pero negociadores aclaran que la Argentina podrá seguir usando nombres como muzzarella o brie. El conflicto radica en los nombres de lugares.

Industria. La UE liberaliza el 100% de sus productos industriales y el Mercosur, el 90%. El restante 10% seguirá protegido, pero las partes aún no han informado qué artículos se incluyen en ese paraguas. No es un dato menor teniendo en cuenta que el 76% de lo que la Argentina exporta al club europeo son productos primarios y el 86% de lo que exporta son manufacturas, en un esquema que poco se ha modificado desde tiempos de la colonia.

Negociadores comentaron que en ese 10% resguardado quedaron algunas maquinarias, autopartes, calzados y productos textiles, aunque ciertos bienes de estos universos se liberalizarán.

Determinados zapatos y muebles y los autos perderán el arancel en 15 años, mientras que la mayoría de los componentes de vehículos lo hará en 10 o 15 años, de modo de ofrecer a los sectores productivos un período para que se reconviertan. Habrá que ver si lo logran. La historia argentina no les juega a favor. Los negociadores sostienen que en ningún otro acuerdo la UE permitió que la contraparte dejara al margen el 10% de sus bienes industriales y extendiera el plazo de liberalización de 10 a 15 años.

Pero el pacto no es sólo de comercio de bienes. En las licitaciones nacionales de obras públicas y compras de productos y servicios que superen los US$ 1,2 millón, dejará de regir el compre nacional y las empresas locales deberán competir de igual a igual con las europeas. La norma no rige para las licitaciones provinciales y municipales.
El convenio fomenta el comercio de servicios del conocimiento, en los que la Argentina cuenta con oportunidades, pero también los marítimos, postales, de telecomunicaciones, financieros y de comercio electrónico. Deja afuera a sectores como el transporte aéreo, de modo que la Argentina podrá seguir subsidiando a Aerolíneas. También permite que continúen las subvenciones a servicios esenciales.

El acuerdo avanza en la protección de la propiedad intelectual, las marcas y los secretos industriales, demandas de la UE, que en su momento había calificado La Salada como la mayor feria ilegal de Latinoamérica En cambio, en la industria farmacéutica argentina respiran tranquilos: “Se mantiene el statu quo de las legislaciones de patentes”, afirman. Europa había exigido mucho más a México en esta materia incluida en su tratado de libre comercio. El convenio tampoco obliga al cumpliento de un protocolo de protección de las llamadas “invenciones vegetales”, lo que habilita a continuar con el uso propio de las semillas por parte de los agricultores.

El pacto establece que las partes deberán respetar normas ambientales y laborales a la hora de producir, pero excluye sanciones comerciales a bienes elaborados con contaminación o explotación de los trabajadores, lo que hubiera puesto en la mira sobre todo a la Argentina, Brasil y Paraguay. En estos casos, solo se establecerá un mecanismo de resolución de controversias que como máximo podrá acreditar que se violan las leyes, lo que tendrá un efecto reputacional, pero no impedirá el comercio de los bienes en cuestión.

El convenio excluye la posibilidad de litigar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi). Los conflictos deberán resolverse con tribunales ad hoc con tres jueces independientes, cuya forma de nombramiento no está clara. Las empresas pueden demandar allí a los estados, pero estos no podrán recurrir a ellos cuando sean las compañías las incumplidoras.
Experto. Alfredo Chiaradia, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, opina que el convenio “no es ni bueno ni malo, pero el Mercosur está pagando mucho por un acuerdo reputacional, que da oxígeno político, pero es asimétrico en cuanto a lo que pone cada uno”. La UE prevé que el convenio le ahorrará aranceles por 4.000 millones de euros. Chiaradia calcula que el Mercosur solo deje de pagar 400 millones. “Ellos venden valor agregado y nosotros, productos primarios”, señala.

“Ahora solo el 11% de las exportaciones europeas al Mercosur entra con arancel cero y el resto paga un promedio del 10%”, explica su cálculo Chiaradia. “En cambio, el 57% de las exportaciones del Mercosur a Europa ya entra con arancel cero y el resto paga un promedio del 2,6%.”

“Y esto es solo la parte arancelaria”, continúa el ex diplomático que ocupó cargos en los gobiernos de Carlos Menem y del kirchnerismo. “Se hace más caro el acuerdo si tenemos en cuenta que se liberalizan servicios, compras públicas, se permite que Europa siga aplicando barreras paraarancelarias, como normas técnicas. Yo estoy a favor de un acuerdo y relancé la negociación en 2010, pero las cuotas agrícolas que nos dieron son un ‘second best’ –se refiere a que mejor sería una liberalización total– y no tengo manera de entrar con productos industriales a Europa porque no tengo calidad… Ojalá que en 15 años cambiemos”, duda Chiaradia.

Roberto Bouzas, profesor de la Universidad de San Andrés, destaca la mejora del acceso agrícola al mercado europeo. “El acuerdo también puede resultar funcional a los objetivos de reforma de la política comercial argentina, ya que aportará un calendario de apertura gradual de carácter contractual que podría contribuir a dar un marco de previsibilidad. Potencialmente, podría servir como un disparador y un estímulo para revitalizar la alicaída agenda interna del Mercosur”, continúa.

Concesiones. En cuanto a las concesiones del Mercosur en materia industrial, Bouzas opina que “el riesgo no reside en los compromisos per se, es muy razonable racionalizar el nivel y la estructura de la protección en la Argentina, sino en el marco macroeconómico y de políticas más amplio dentro del cual se implementen”. Además recuerda que los productos argentinos perderán su acceso preferencial al resto del Mercosur, donde deberán competir de igual a igual con los europeos. Allí no podrá echarse mano a salvaguardias que los protejan. Por ejemplo, vinos y aceite de oliva europeos podrían desplazar a sus competidores argentinos en Brasil. “Otro aspecto sensible es el compromiso de eliminar las retenciones”, advierte el profesor sobre el efecto en la recaudación tributaria de la Argentina, que debió echar mano de ellas otra vez en 2018 para enderezar el déficit fiscal.  Las retenciones diferenciadas para la soja y sus derivados han servido como una política para incentivar la industrialización del poroto de la oleaginosa.

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A diferencia del Frente de Todos, que criticó el acuerdo, el diputado Marco Lavagna, de Consenso Federal, manifiesta que “tiende a ser positivo”. “Lo que es complicado es el momento en que se da porque hay poco margen para la adaptación de los sectores más afectados”, admite el hijo del candidato presidencial.

En el campo, el sector más beneficiado por el acuerdo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, ha calificado el pacto como “una oportunidad para el desarrollo productivo”. En Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) opinan que los productores de carne vacuna, frutas y miel se beneficiarán por el acceso a un mercado de más de 500 millones de personas de alto poder adquisitivo. Eso sí, aclaran que el país deberá enviar productos de calidad y admiten complicaciones con las denominaciones de origen.

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, matiza que “quizá sea una gran oportunidad para algunos sectores como los vinculados al etanol y la carne de res, pero hay que ver cómo se distribuyen las cuotas intra Mercosur”. “Existe expectativa acerca de cómo se comportarán los jugadores de los principales mercados de vinos y olivas. Hay una gran oportunidad, pero también un enorme desafío y una amenaza latente para el valor agregado en alimentos. Si logramos añadir valor, tendremos más mercado. Si no, correremos el riesgo de quedarnos sin industria. Esto deja expuesta la necesidad de una clara política de Estado en el desarrollo de los sectores con potencialidad de exportación. De lo contrario, no se podrán aprovechar las ventajas que un acuerdo de libre comercio puede otorgar”, alerta el líder de Coninagro, integrante de la Mesa de Enlace junto a la SRA, CRA y Federación Agraria.

En la Unión Industrial Argentina (UIA) no quieren aparecer tan pesimitas como el kirchnerismo ni tan optimistas como los que ellos califican de “aplaudidores” de sectores como la banca, los servicios tecnológicos o el petróleo. A su vez, puertas adentro hay diferencias entre las críticas y la neutralidad.

En las multinacionales automotrices tienen reparos. En la primera reunión que mantuvieron este año con el ministro de Hacienda de Brasil, Paulo Guedes, le aclararon que el libre comercio podría significar la desaparición de la industria en ese país. En la Argentina comentan: “Ahora se abre un periodo de desgravación gradual en el que la brecha de competitividad del Mercosur con respecto a Europa deberá achicarse. Si esto no sucede, será un problema. Todo depende de lo que hagan los gobiernos de ahora hasta llegar al libre comercio”.

Planta. Si uno visita las plantas de Volkswagen en Pacheco y en su casa matriz de Wolfsburg, Alemania, podrá darse cuenta de que allí hay menos empleados, de mayor sueldo, y más robots, de mayor eficiencia. Para competir de igual a igual, la industria argentina debe incorporar tecnología y eso resulta difícil con un financiamiento tan caro.

El gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes de autos (AFAC), Juan Cantarella, advierte que su sector de por sí sufre un déficit con la UE. “No hay muchas oportunidades de exportar a Europa, salvo las cajas de cambio de Volkswagen. Si las hubiera, se exportaría más ahora porque los aranceles actuales son muy bajos. Si la Argentina no genera un salto cuántico en la competitividad con reformas tributaria, laboral y de infraestructura, estará complicado mantener el flujo de inversiones que asegure la actividad productiva en el futuro”, advierte Cantarella.

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Luciana Ghiotto, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Universidad de San Martín, advierte que no solo la industria automotriz liberalizará su mercado a largo plazo. También las de productos químicos, farmacéuticos y maquinarias. “Eso tiene impacto directo en el empleo de la Argentina y Brasil. Que se liberalicen en 15 años parece mucho, pero es un corto tiempo. Lo mismo había hecho México con el Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según sus siglas en inglés): en 1994 entró en vigencia y se liberalizó el comercio de maíz 12 años después, pero ese lapso pasó y se generó una inundación del mercado mexicano con maíz transgénico, más barato y subsidiado de EE.UU. Si no hay una reconversión productiva en 10 o 15 años, es un problema grande. ¿Qué se hace con los trabajadores? Esto implica una discusión sobre el modelo productivo”, plantea Ghiotto.

Andrés Musacchio, investigador del Conicet en la UBA, insiste con las normas paraarancelarias. Por ejemplo, menciona que la UE impondrá estándares de calidad y sanitarios, incluidos los agroquímicos y medicamentos, sobre para bienes agrícolas e industriales. “Los países del Mercosur deberán transformar por completo su forma de producir en el campo, pero esa forma está fomentada por proveedores europeos”, advierte. También señala que en Europa crecen los programas municipales y provinciales de compre local o regional para evitar el daño ambiental que supone el transporte de mercaderías. Muchos detalles que pueden endiablar o endiosar el acuerdo, depende del lado desde donde se mire.