Investigación: nuevo juicio al glifosato

Son seis historias terribles. Hombres y mujeres que dicen haber sufrido daños irreversibles en la salud -algunos de ellos ya murieron- como consecuencia de haber tenido contacto con el glifosato con el que se rocían los campos para combatir malezas. Forman parte de una megacausa inédita que tramita en la Justicia argentina desde el 2012 y que puso en la mira a las empresas que producen este agrotóxico imprescindible para la matriz agropecuaria.

El equipo de investigación de Editorial Perfil dialogó con los damnificados, reconstruyó sus vidas e incluso viajó a Santiago del Estero para conocer de cerca cuáles eran las consecuencias que, según la denuncia, tiene el uso de este producto que, hasta ahora, nunca recibió una condena judicial. Y reveló por primera vez los detalles de esta causa colectiva.

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Un antecedente que puede influir en el ánimo de la Justicia argentina: en marzo, el laboratorio Bayer fue sentenciado por el Tribunal Superior de San Francisco, Estados Unidos, a pagar una indemnización de US$ 80 millones a Edwin Hardeman (70), un campesino que contrajo cáncer por utilizar RoundUp, la etiqueta comercial del glifosato de Monsanto. Unos meses antes, este mismo jurado había dictado otra sentencia de US$ 78 millones por el caso de Dewayne Johnson (46), otro trabajador rural que había utilizado el mismo producto. Luego de estos fallos que se resolvieron en menos de tres años, en EE.UU hubo una catarata de demandas colectivas que suman un total de 13.400.

En nuestro país, en cambio, la causa está detenida. Quienes la presentaron pensaron una forma jurídica inédita: no sólo involucra como damnificados a los seis casos iniciales, sino también a los 44 millones de argentinos por ser una “acción de clase”. Las compañías apuntadas como responsables son Dow AgroSciences, Nidera, Ciba-Geigy, Novartis, Agrevo, Syngenta, Pioneer y Bayer-Monsanto. Esta última, quizás la más conocida, abarca el 30% del mercado según indicaron sus voceros. También se demanda por permitir su uso a la Secretaría de Agroindustria de la Nación y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero (ver recuadro).

Señal de alerta. En la ciudad de Bandera, al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, sus 12 mil habitantes se despiertan cada día a las 5 de la mañana por “la alarma de la muerte”, como ellos la llaman. El sonido que los levanta es el que producen las avionetas que, todas las madrugadas, pasan por encima de sus casas y lanzan agroquímicos sobre los campos de soja que rodean a la localidad más rica de una de las provincias más pobres de la Argentina.

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Alicia Giménez (47) vivía frente a un campo de soja en Bandera y fue rociada de glifosato mientras estaba embarazada. Por eso, jura que su hija Julieta Sandoval nació con múltiples malformaciones y murió al cabo de 8 meses de agonía. “Yo vivía a unos 150 metros de donde tenía el campo. Durante las tardes, miraba al sol y veía una pequeña llovizna. Era el glifosato que tiraban las avionetas sobre los cultivos de soja y que inhalé durante todo mi embarazo”, recuerda Giménez los hechos que sucedieron en el 2009.

“En abril del 2010 nació Julieta con poco más de 2 kilos, hidrocefalia, parálisis cerebral, malformaciones en los brazos, piernas y tórax”, cuenta la mujer a la que tuvieron que hacer una cesárea de urgencia en el hospital local porque su hija comenzó a convulsionar dentro del útero. Por la frágil salud de la niña, que tampoco controlaba la temperatura y volvía a convulsionar, Giménez la trasladó primero al Hospital de Niños de Santa Fe y luego al Garrahan, donde estuvo internada 7 meses hasta que la niña murió en Santiago del Estero después que la trasladaran en un avión sanitario.

Giménez afirma que controlaba la evolución de su embarazo en la ciudad de Añatuya, pero que ningún médico notó alguna anomalía en el feto. Ella no entendía por qué su hija había nacido con tantos problemas de salud. Hasta que los médicos del Garrahan le dijeron que podría tratarse por la exposición a los agroquímicos, luego que corroboraran sus estudios genéticos. Por este motivo, la abogada Graciela Vizcay Gómez la visitó en Casa Garrahan y empezó a asesorarla legalmente.

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Otra de las impulsoras de esta causa es Viviana Gauna (36), que representa a su hija Selena Gauna (12) que padece diferentes malformaciones en su cuerpo. “A los 20 días de nacer, Selena comenzó a convulsionar. Entonces la trasladé al Garrahan porque a los 6 meses tenía varias infecciones en el cuerpo”, cuenta la madre que aún vive junto a su marido y otros 6 hijos en una casa que se encuentra a 10 metros de un campo inundado de glifosato. “A mi hija sólo le funciona el riñón derecho, vive con infección urinaria, tiene escoliosis y no puede levantar fiebre ni golpearse porque comienza a convulsionar”, cuenta Gauna mientras muestra los estudios que le hicieron en Buenos Aires. Además, asegura que “todo el agua que se consume en Bandera proviene de una represa a cielo abierto que continuamente es rociada con agroquímicos, lo que la hace tener un sabor ácido”.

Más denuncias. La tercera de la lista en la demanda colectiva es Julia Villareal (68), madre de Alicia Giménez, y que estaba casada con Luis Giménez, un ex fumigador que murió en 2010, aclara su viuda, por la constante exposición al glifosato. “Sus patrones le decían que los químicos no hacían nada. Entonces, yo le lavaba a mano la ropa del trabajo y también me envenené”, cuenta la mujer que hoy padece una fibrosis pulmonar. “Es una cosa muy fea, me agito solo por hablar y tengo tos constantemente. Nos hicimos atender en el Hospital Rossi, en La Plata, y nos dijeron que nos enfermamos por los agroquímicos”, dice Villareal, quien recuerda que su marido pasó sus últimos días conectado a un tubo de oxígeno.

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Villareal, además es madre de David Giménez (36), otro ex fumigador que si bien no es impulsor de la demanda colectiva, le contó al Equipo de Investigación cómo se trabaja con el RoundUp. “Para la fumigación no hay horario. En las épocas de calor empezábamos a las 5 de la mañana y podíamos estar hasta las 12 del mediodía del otro día”, cuenta Giménez sobre el trabajo que realizaba con el glifosato y que “tiene un olor ácido que te quema la nariz”.

Giménez afirma que nunca contó con ropa de protección y que siempre trabajó en negro, con un sueldo de $ 8 mil mensuales. El ex fumigador, que también es hermano de Alicia Giménez, se dedicó a trabajar con agrotóxicos durante 10 años, hasta que en 2014 renunció luego de que “el dolor de huesos, náuseas, temblores en el cuerpo, insomnio y una hepatitis se hicieron insostenibles”.

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“Nunca me dieron ninguna recomendación de cómo tenía que manipular los agroquímicos”, cuenta Giménez. Esto mismo le sucedió a Fabian Tomasi, otro fumigador de la provincia de Entre Ríos, quien también es impulsor de la demanda colectiva y murió el año pasado. “Yo tenía que abrir los bidones (de RoundUp y otros), volcarlo en un carro de 200 litros para mezclarlo con agua y enviarlo al avión fumigador por una manguera”, contó Tomasi en una entrevista a Télam. “No lo hagas contra el viento”, fue lo único que le aclararon quienes no le dieron ni siquiera guantes.

“El final de Fabián fue una polineuropatía tóxica metabólica severa, que empezó afectando distintos nervios de su cuerpo y fue agravado por una diabetes juvenil”, detalla Roberto Lescano, el médico que lo atendió desde el 2008 y que también es impulsor de la causa judicial. Lescano atiende en su propio consultorio a las personas afectadas por la exposición a este producto en la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos. Por eso ingresó en la demanda “para que no se fumigue más”.

El médico detalla que “las primeras reacciones a causa del glifosato son ardor de ojos, cefáleas y diarreas”, pero también dice que “a mediano plazo puede producir un aborto espontáneo”.

Además, Lescano afirma que “el RoundUp puede producir mutaciones genéticas hasta la tercera herencia generacional porque activa el sistema de reproducción de los cromosomas”, tal como le sucedió a las mencionadas Julieta Sandoval y Selena Gauna. Este efecto del glifosato fue comprobado por Andrés Carrasco, un médico especializado en biología molecular que fue jefe del CONICET, y quien en 2010 publicó un trabajo en la revista científica Chemical Research in Toxicology alertando sobre el riesgo de malformaciones.

Otro de los casos sucedió en la localidad bonaerense de Mercedes. En el parque de la casa quinta de José Milesi y Silvina Picchioni estaba su pequeño hijo Juan, de menos de un año. “Pasó un avión fumigando a 10 metros de nuestro hijo y lo empapó con agroquímicos. Lo bañamos y no pasó nada, pero a los tres meses le diagnosticaron leucemia”, cuenta Milesi. “Durante un año estuvimos en la puerta del infierno, y Juan está vivo gracias al Hospital Garrahan”, amplía Picchioni.

Milesi sostiene que la causa de la enfermedad de su hijo fueron los pesticidas, porque “es lo único que pudo haberlo provocado, según los médicos que comprobaron que no había antecedentes cancerígenos en la familia ni problemas inmunológicos”. Pero al regresar a su hogar, el padre explica “cuando Juan todavía estaba peladito por la quimioterapia, pasó otro avión fumigador por encima suyo. Ahí me di cuenta que teníamos que hacer algo, porque también tenía en el recuerdo los cientos de chicos del interior que conocí en el Garrahan y pasaron lo mismo que Juan”.

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Qué es. “El glifosato es parte de un grupo de agrotóxicos que se utilizan para erradicar malezas y otras plagas en los cultivos con semillas transgénicas, que tienen incorporado un gen específico que a la planta la hace resistente a ese químico y mata a todo lo de alrededor”, explica Javier de Souza, ingeniero agrónomo e investigador de la Universidad de Buenos Aires. El especialista que también forma de la Red de Acción de Plaguicidas (PAN), una organización mundial, dice que “se comprobó científicamente que el glifosato no se degrada en el suelo, sino que permanece en el ambiente y puede ser arrastrado decenas de kilómetros por las gotas de lluvia o los ríos”.

De Souza cuenta que “el beneficio de este producto para el campo es que la producción se hace un 60% más barata y facilita el cultivo porque no hay que estar tan atento a las malezas o plagas”. Para Gabriela Levitus, Directora Ejecutiva de Argenbio, una institución que desarrolla publicaciones científicas de biotecnología y agrupa a empresas como Bayer y Syngenta, dice que “si se deja de usar el glifosato no sólo habría que volver a pensar de qué vivimos, sino que también significaría la catástrofe para la economía argentina, porque las exportaciones de soja, maíz y trigo representan las mayores ganancias económicas del país”.

Números. Los transgénicos se empezaron a utilizar en 1996, luego que el Estado nacional lo aprobara. 20 años más tarde, significaron ingresos por exportaciones de US$ 126.970 millones. La soja transgénica recaudó US$ 118.355 millones, lo que significa el 25% del PBI del año 2015.

Para tomar dimensión del poder que tienen las compañías que desarrollan el glifosato, el año anterior a que se implementara el negocio, las ganancias totales agrícolas fueron de US$ 4.800 millones, según un informe de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de 1995. Es decir, los transgénicos en promedio generaron US$ 1.500 millones más por año que todo el campo entero. Además, Argentina es el tercer país en el mundo con más hectáreas sembradas con transgénicos. Y el país que más glifosato utiliza por habitante en todo el mundo. Tiene un promedio de 3,29 litros por persona, cuando Brasil usa 0,82 litros.

El Equipo de Investigación se comunicó con las gobernaciones de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero, además de la Secretaría de Agroindustria de la Nación para preguntarles sobre la causa judicial que los demanda. Pero no hubo respuestas. La única de las empresas involucradas que contestó a este medio fue Bayer. Sus voceros dijeron que confían que “la Justicia rechará este reclamo infundado”. “El glifosato tiene un historial de 40 años de uso seguro en el mundo y cuando se utiliza según las instrucciones de la etiqueta no presenta un riesgo para los seres humanos, la vida silvestre o el medio ambiente”, aseguran.

Sobre los fallos contra Bayer en Estados Unidos, la empresa con sede en Alemania dice que está “decepcionada” y aseguran que apelarán el veredicto. Desde la decisión de la justicia estadounidense, las acciones de la compañía con sede en Alemania cayeron un 12 por ciento y hace dos semanas anunciaron una inversión de US$ 5.600 millones para desarrollar otras aplicaciones adicionales para combatir malezas. Igual, siguen apostando al glifosato. Los damnificados entrevistados no opinan lo mismo.