"Habiendo transcurrido dos semanas de iniciado el proceso, los que ayudan son:
- Emilio M.
- Nicolás C.
- Ernesto S.
- Rogelio F.
- José T.
- Pepín”.
Este textual fue escrito en septiembre de 2017 en un mail que envió el empresario y corredor de rally Orlando “Orly” Terranova a Fabián De Sousa, el socio de Cristóbal López. Terranova en ese momento intentaba comprar el Grupo Indalo a un precio bajo con la finalidad de acomodar sus cuentas y luego venderlo más caro. “Yo quería comprar a 2 y vender a 4”, le confesó “Orly” a sus amigos. La operación no se concretó, pero durante esas semanas de negociación quedaron registros que podrían complicar a personajes relevantes del macrismo.
El correo electrónico fue incorporado en el expediente que se tramita en el juzgado de María Servini de Cubría y que tiene como fiscal a Guillermo Marijuán. ¿Quiénes son los personajes? Emilio M es Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados; Nicolás C es Caputo, el hermano de la vida del presidente Macri; Ernesto S es Sanz, el ex senador mendocino; Rogelio F es Frigerio, el ministro del Interior; José T es Torello, el jefe de asesores de Macri y amigo personal. Y Pepín es el apodo de Fabián Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y operador judicial del Gobierno. Según Terranova, todos ellos estaban colaborando para facilitar la adquisición del Grupo Indalo.
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En el universo de Cristóbal López, nombrar a los personajes mencionados en el mail es sinónimo de mala palabra, pero algunos acumulan más rencores que otros, como por ejemplo Fabián Rodríguez Simón, José Torello y Nicolás Caputo. A ellos se suma el abogado Ricardo Gil Lavedra, por ser uno de los impulsores de la denuncia contra López y su socio De Sousa en nombre de la AFIP. El caso de Gil Lavedra es llamativo porque no solo están enojados los dueños del Grupo Indalo. “Pepín” también está molesto con él e incluso pidió que le rescindan su contrato como abogado de la AFIP en este caso. No hay explicaciones para esto, solo un comentario en voz baja: “Se pasó de pícaro”.
En una declaración que hizo De Sousa ante el juez Javier Cosentino, en el marco de la causa por la deuda de Oil Combustibles con la AFIP, afirmó que “el día 8 de marzo de 2016, este señor, por ahí lo conocen… Fabián Rodríguez Simón. Lo llamó a Cristóbal López y le dijo: ‘Empezó la guerra. No te voy a llamar nunca más, tenemos la decisión de aniquilarte. Fíjate cómo te salvás’. En el entorno de Rodríguez Simón niegan que haya existido esa comunicación.
Aquella declaración tuvo un momento de tensión sobre el final, cuando De Sousa se exaltó y el juez Cosentino tuvo que llamarle la atención.
De Sousa: ¿Usted sabe lo que significa estar un año y medio preso sin saber por qué? ¿Usted sabe lo que es?
Cosentino: No lo sé, pero lo imagino.
De Sousa: ¿Usted sabe lo que es tener un hijo de 2 años y medio y no poder verlo?
Cosentino: Cálmese, señor, el Juzgado de ninguna manera le está restringiendo a usted a expresarse, yo le pido que lo haga con respeto.
El enojo de López con “Pepín” está enfocado en la industria del juego. Rodríguez Simón fue el encargado de llevar adelante lo que él mismo suele definir como la “regularización del juego”. En el universo López lo llaman “guerra”. El trabajo consistía en conseguir que Casino Club, la empresa de López, pagara más impuestos, en especial Ingresos Brutos en la ciudad de Buenos Aires, donde además tuvieron que abonar una deuda. Esto afectó al casino flotante de Puerto Madero y a las maquinitas del Hipódromo de Palermo.
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El correo electrónico que se menciona en esta nota se suma a una serie de hechos que denuncia De Sousa y que hilados uno detrás del otro mostrararían el interés del Gobierno por moldear la línea editorial del canal de noticias C5N.
“A partir del proceso eleccionario que tuvo lugar en octubre del año 2015 comenzamos a recibir una serie de advertencias por parte de personas vinculadas al ingeniero Mauricio Macri, a través de las cuales se nos exigía que los medios de comunicación que habían sido adquiridos por el Grupo Indalo –C5N y Radio 10– fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el nombrado y, además, que nos sumáramos al ataque mediático que venían desarrollando otros medios de comunicación en contra de los funcionarios que integraron el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner”, escribió De Sousa patrocinado por su abogado Carlos Beraldi.
En otro tramo del escrito fue más contundente y agregó que los socios de Terranova, Gustavo Casir y Gerardo Molinaro, “recibían instrucciones directas desde la Jefatura de Gabinete de la Nación (encabezada por Marcos Peña), manteniendo reuniones con Mario Quintana y José Torello. A su vez tomaba intervención en estas reuniones el empresario Nicolás Caputo, cuyos lazos con el ingeniero Mauricio Macri son públicamente conocidos”.
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Más gente. El enojo con Nicolás Caputo está más vinculado a una sensación de traición, en especial por parte de Cristóbal López, quien mantenía vínculo con el empresario amigo de Macri y pensaba que Caputo podría haber intercedido por él. Pero eso nunca sucedió. Cuando López salió de la cárcel en marzo del año pasado, el periodista Luis Majul le pidió una entrevista y López le respondió que aceptaba sólo si también iba al piso el presidente Macri o su amigo “Nicky” Caputo. ¿Buscaba un careo? En otro mensaje agregó: “Si vos querés saber la verdad, tiene que estar uno de los protagonistas, me da lo mismo cualquiera de los dos”.
Durante la negociación con “Orly” Terranova, había algo que sobrevolaba. El corredor de autos mendocino no tenía dinero para comprar todo el Grupo Indalo. Pero había cierta flexibilidad porque era amigo de los hijos de López, con quienes compartía la pasión por los autos. Su idea era conseguir financiamiento a través de otros empresarios y él quedarse con comisiones en las futuras ventas de las distintas empresas del Grupo. Intermediar. Durante esos meses, Terranova tocó las puertas de distintos hombres y mujeres de negocios para ofrecerles formar parte de un fideicomiso que administraría el Grupo Indalo. Nadie aceptó. Comprar medios de comunicación es una apuesta arriesgada, no solo por la rentabilidad del negocio sino también por la alta exposición.
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El presidente Macri estaba atento al devenir de las negociaciones alrededor de Terranova y por aquellos días le mandó un mensaje de Whatsapp a su amigo Caputo, al que no llama “Nicky”, como el resto de sus amigos. “Caputín, por la venta de C5N, te van a vincular con el del bólido”, le escribió en referencia a Terranova.
Daniel Vila y José Luis Manzano también estaban interesados en comprar parte de los medios, pero nunca se avanzó. En ese momento, se rumoreaba que comprarían pero solo si se sumaba Daniel Hadad. Al menos eso decía Vila, lo cual no significa que fuera verdad.
Al final, quienes aceptaron dar un paso más fueron el empresario Ignacio Rosner y el abogado Santiago Dellatorre, quienes se hicieron cargo de la empresa y llegaron a firmar un contrato con López y De Sousa. Entre el 20 y el 22 de octubre de 2017, se selló un acuerdo entre el Grupo Indalo y el fondo Op Investment en el que tanto López como De Sousa se comprometían a transferir todas las acciones por la irrisoria suma de 100 pesos. Fue un valor simbólico.
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Según el contrato, el cumplimiento del mismo quedaba condicionado a la autorización judicial de Julián Ercolini, el magistrado que había inhibido todos los bienes y cuentas del Grupo. Ercolini también está en la lista negra de López y De Sousa porque consideraron que se excedió y fue parte de la operación para quitarles las empresas.
Durante el breve tiempo que Rosner estuvo al frente del Grupo Indalo, el nombre se reemplazó por el de Grupo Ceibo. Durante esos meses, Rosner tuvo un curso acelerado de exposición mediática y terminó internado con un pico de estrés.
Otros. Los dardos de los dueños del Grupo Indalo también tendrían otros objetivos. Se trata del ministro de Tansporte Guillermo Dietrich y el ex secretario de Vialidad Javier Iguacel, por haberles quitado la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas. De Sousa y López consideran que eso también estuvo manipulado para perjudicar al grupo. Según De Sousa, Iguacel les habría exigido que le “regalen” la empresa AEC SA, que tenía la concesión de la autopista, al Grupo Alberdi, algo que no sucedió. Pero más tarde la concesión pasó a manos de una sociedad del Estado llamada Corredores Viales SA que fue creada especialmente para administrar la autopista Ezeiza-Cañuelas. Tanto López como De Sousa interpretan que la quita de esta concesión es parte de una persecución por dos motivos. El primero es que las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste mantuvieron al concesionario y ellos fueron corridos. El segundo indicio es que el interventor que había puesto la Justicia en AEC SA pasó a ser el presidente de la empresa Corredores Viales SA. En este punto podrían aparecer otros personajes, de menor porte, pero que habrían intentado hacer negocios a costa de López y De Sousa. Ellos los tienen anotados.
La definición sobre la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa está en tiempo de descuento. El tribunal oral que tiene la causa por la venta del Grupo Indalo al empresario Rosner definió que eso nunca se terminó de concretar y aceptó el pedido de excarcelación.
Continúan presos porque el juez Claudio Bonadio también los procesó con prisión preventiva en la causa de los cuadernos. Los abogados ya pidieron que los liberen y ahora la Cámara Federal deberá definir esa situación. Según los tiempos procesales, la respuesta a esta incógnita podría resolverse durante el mes de octubre. Cuando salgan de prisión se llevarán sus cosas: ropa, libros, la copia del expediente que repasaron todos los días, pero también una lista negra con los nombres de todos aquellos para los que no habrá ni olvido ni perdón.
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