Se detestan. Hablan pestes uno de otro, pero o se ponen de acuerdo o el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá afrontar las consecuencias legales del default de mayo pasado, los juicios en Estados Unidos y los intentos de embargos de activos argentinos por el mundo, mientras BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo que dirige Larry Fink, deberá esperar a finalizar el pleito para cobrar o asumirá la pérdida y rematará sus bonos argentinos a manos de algún buitre. La carta que BlackRock y otros 28 fondos internacionales le enviaron este 27 de julio a Guzmán le dejó en claro que ellos y otros más a los que no nombraron por cuestiones de confidencialidad suman el 60% de los títulos de los canjes de deuda K de 2005 y 2010 y el 51% de los bonos con los empapeló el mercado el gobierno de Mauricio Macri.
Alberto Fernández necesita que el 75% de la deuda renegociada por los Kirchner y el 66% del pasivo de Cambiemos entren al canje para evitar que las minorías que lo rechacen puedan litigar. Es decir, sin un pacto con BlackRock y compañía, el trueque será un fracaso. No alcanza con el apoyo de Hans Humes, CEO de fondo Greylock, o de David Martínez, dueño de Fintech, socio minoritario de Clarín en Telecom. Solo con ellos no puede ni siquiera decir que llegó a un acuerdo parcial que supere el 50%. O hay fumata con BlackRock y se levanta el default, o arrancan las demandas ante Loretta Preska, la jueza neoyorquina que sucedió en su cargo a Thomas Griesa. El fallecido magistrado fue el que condenó en 2012 a la Argentina de Cristina Kirchner por el default declarado en 2001 por Adolfo Rodríguez Saá, heredero de la deuda de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Aquel fallo quedó firme en 2014 y Macri lo pagó en 2016.
Si ahora hay pacto, no sería por los 75 dólares por cada 100 adeudados que pedía BlackRock en un comienzo ni por los 32 que, según los acreedores, les ofreció primero Guzmán. En la actualidad solo los separan dos dólares, según la consultora Eco Go: 51 ofrece el ministro y 53 pide el grupo de fondos que encabeza el de Fink, accionista de grandes empresas como Apple, Unilever, McDonald's, JP Morgan, Citi, BBVA, Santander, Visa, Adidas o Telefónica. No por nada, en la carta a Guzmán, los acreedores señalan que incluyen grandes inversores en la Argentina y auguran futuros desembolsos en agronegocios, energía, minería, infraestructura y tecnologías de la información.
Por el momento persisten diferencias no sobre el cuánto sino sobre el cuándo: Guzmán rechaza recargar pagos en 2022 y 2023 porque asegura que implicaría ajustes en jubilaciones, principal ítem del gasto público nacional, justo cuando la Argentina requerirá fondos para la recuperación pospandemia. BlackRock y compañía sostienen que Fernández busca librarse de desembolsos y endosarlos a sus sucesores. También discuten sobre cuestiones legales: las cláusulas de acción colectiva (que establecen que las minorías deben aceptar los acuerdos mayoritarios), los mecanismos de reasignación (la forma en que se contabilizan esas mayorías por cada bono canjeado) y el reclamo acreedor de que la Argentina ofrezca en esta oportunidad una garantía que se ejecutaría en caso de que caiga por décima vez en default.
José Barrionuevo, CEO de la consultora BrightHill Capital en Nueva York, opina que el gobierno argentino antes pensaba que el tiempo de la negociación jugaba a su favor, pero ahora ya no porque la pandemia está pegando fuerte y la emisión monetaria para contrarrestarla eleva el riesgo de mayor inflación futura. “El acuerdo no traerá un shock de confianza inversora ni crecimiento, pero permitirá a la Argentina pedirle plata al FMI y al Banco Mundial. Sin ella, habrá riesgo de inestabilidad económica y hasta política”, apunta Barrionuevo.
El ex secretario de Finanzas Daniel Marx evalúa que un desacuerdo implicaría elevados costos para los acreedores, que se quedarían con bonos devaluados, y para la Argentina, dadas las tensiones cambiarias y la necesidad del Estado de tomar deuda local y del sector privado de buscar financiamiento. “Sin acuerdo, será cada vez más difícil recuperar la economía. Con acuerdo, podríamos dedicarnos a preparar la economía para la pospandemia y la negociación con el FMI”, añade Marx.
El economista Agustín D'Attelis coincide en que un arreglo “permitirá despejar el horizonte, tener una deuda sustentable, con un Estado que no en lo inmediato pero en algún momento accederá a la gran liquidez que hay en el mundo y con un sector privado refinanciando sus pasivos”. Un desacuerdo “sería un escenario trágico, con la economía como está y la tensión social que hay, porque te dejaría poco margen de maniobra para atender las necesidades”, señala D'Attelis.
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