El viernes pasado, el Banco Central dio a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), una recopilación sistemática de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que realizan las consultoras locales. El dato que en esta entrega concentraba la atención fue la proyección inflacionaria para el año que comenzó: 4,1% para el mes de enero y 4,2% para el de diciembre pasado, que todavía no dio a conocer el INDEC.
El año 2020 terminó con un milagroso 36%, si se confirman las presunciones del último mes del año. Pero para 2021 las mismas consultoras ven al IPC subiendo mucho más: 51% para los próximos 12 meses. Las previsiones fueron aumentando a medida que se elevaba el piso del IPC durante el año pasado: al comienzo de la cuarentena, con mucha inactividad y precios controlados, el promedio mensual del segundo trimestre arrojó 1,5%. A partir de agosto y a medida que se iba flexibilizando las medidas sanitarias, el piso subió a 2%, para terminar en 3,5% en el último trimestre y arrancar con 4% el primer trimestre de este año. Esto quiere decir que en el transcurso del último semestre se pasó de un 30% anualizado de inflación a un 60%, casi el doble. Pero lo que preocupa al Gobierno y molestará a los productores ni bien lo vayan percibiendo en su poder adquisitivo, es que se produce con congelamientos tarifarios, precios máximos y sugeridos y paritarias disciplinadas por una demanda laboral desinflada.
Los rubros que más vienen creciendo en sus precios, son justamente los que escapan al radar de la Secretaría de Comercio que se escapan por encima del promedio, dejando el rubro vinculado con servicios para el hogar (tarifas) y energía, en el escalón más bajo. Así los alimentos frescos, productos de vestimenta y entretenimiento van al tope de los aumentos. Los combustibles, por su parte, que habían transitado casi un año de virtual congelamiento, empezaron a acortar la brecha a partir del cuarto trimestre y ahora intenta ganarle a la inflación con mini aumentos de dos veces al mes.
Con las elecciones legislativas en el horizonte, la primera decisión que el Gobierno había tomado de actualizar las tarifas de los servicios públicos, quedó en suspenso luego de una marcha atrás. En los hechos, el aumento del 9% que se daría para marzo es nada con el atraso que llevan desde septiembre de 2019. Eso obligó a mayores subsidios, cosa que era justo lo contrario que se esperaba amortiguar en medio de negociaciones con el FMI por patear para adelante los vencimientos de la deuda con ese organismo.
Por último, el otro factor que pesa en la conformación de la canasta familiar es el dólar oficial, cotización por la cual pasan los alimentos y otros bienes que lo toman como referencia. La decisión de la semana pasada de ir restringiendo aún más el cepo a las importaciones, encarecerá el precio de muchos productos extranjeros o nacionales con insumos que no se producen en el país. Una vuelta más de tuerca más a la decisión de no ajustar el tipo de cambio con reservas netas casi en cero, pero no ceder a una devaluación que alteraría, definitivamente, la proyección inflacionaria para 2021. Por ahora el equipo económico estará ocupado en lograr que el piso del 4% mensual que arrancó este año pueda descender, aunque sea un escalón más para que las proyecciones de las consultoras puedan cumplirse.
Lo que ocurra el día después de las elecciones también será previsible: una catarata de autorizaciones y flexibilización en el control de precios que terminarán convalidando, una vez más, la oleada monetaria a que el Gobierno se ve obligado a recurrir para financiar una economía con déficit crónico agudo.
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