Si hay algo que caracteriza a los gobiernos provinciales que se mantienen décadas en el poder, es su ortodoxia fiscal: no pueden hacer demasiados malabarismos de alto impacto porque ellos mismos terminarán pagando la cuenta. El clan Rodríguez Saá en San Luis, Zamora en Santiago del Estero, Insfrán en Formosa, el peronismo en La Pampa o el macrismo en Ciudad de Buenos Aires, saben que se heredarán a sí mismos. Esa práctica económica de la restauración democrática parece no ser tenida en cuenta por la administración de Alberto Fernández. Con las elecciones a la vista, acudió a la clásica receta expansiva de aflojar el control monetario para aumentar los subsidios, el crédito al consumo, el gasto social y las transferencias a las provincias, también con urgencias electorales. Pero la cuenta le llegará a quien ocupe el Palacio de Hacienda después de diciembre.
El motivo de preocupación principal en el Gobierno es la caída de la actividad y el poder adquisitivo del salario en el último año. La pandemia se encarnizó con una economía que ya venía de casi dos años de recesión e inestabilidad. El economista Esteban Domecq, de Invecq difundió esta semana dos datos que no por ser previsibles dejan de ser graves: en los últimos 20 meses de aislamientos, el salario real cayó 5,2% en total y el ingreso por habitante es en la actualidad el más bajo de la última década. Además, estima que recién para 2029 y si no hay ningún cisne negro adicional, la economía podría generar el mismo PBI por habitante que antes de la instalación de la reelección de Cristina y el cepo de 2011. Una nueva década (y con yapa) perdida.
Horizonte. Hablar con esos plazos parece ciencia ficción cuando la batalla electoral está tan cerca. Todavía falta encarar la postergada negociación con el Fondo Monetario Internacional que también se realizará bajo presión considerando que en marzo ya hay que realizar el primer pago que se intenta reestructurar a diez años.
El menú de opciones para este corto plazo es un clásico y no tiene mayores secretos. En primer lugar, se aflojó la losa del 30% que se había sugerido a los convenios colectivos. Unos aplicaron cláusulas gatillo, otros simplemente reabrieron su paritaria y otros que la habían postergado esperaron el guiño político para cerrar entre el 40% y el 45% anual. Adiós a la idea de ganarle algún punto a la inflación, que se proyecta cerca del 50% para todo 2021. La última medición del IPC parece haberlo estacionado en el escalón del 3% mensual… pero con controles de precios, tarifas pisadas y el dólar operado para no ser un barrilete de expectativas.
El otro pilar del plan de reactivación de la demanda es la reaparición de créditos para consumo subsidiados por encajes bancarios que se visualizan en compras de bienes durables (el principal beneficiario) en los planes Ahora 12, 18 y hasta 30 cuotas. Una ventaja que todos saben que no durará mucho más con estas tasas de interés e inflación, pero que sirve para recomponer una demanda alicaída.
Finalmente, el otro segmento de este aflojamiento fiscal tiene como fin la ampliación de la ayuda social (negociada en esta coyuntura por los movimientos que conocen el timing adecuado) y las transferencias a las provincias, que recordemos cargan con el grueso del gasto en personal de áreas sensibles, como la Salud, Educación, Justicia y Seguridad. Federico Vacalebre, de la Universidad UCEMA, calcula que dichos montos serán de entre $800.000 y $900.000 millones hasta fin de año (ver gráfico y columna adjunta), un claro contraste con el ajuste relativo del primer semestre, en el que el gasto creció a casi la quinta parte en términos reales de lo que había sido en igual período del año anterior, cuando la actividad económica se desplomó.
Mercado. Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, la política de reanimación de la economía dependerá de lo que el Gobierno pueda conseguir de financiamiento hasta fin de año: “por un lado, del Banco Central, que tiene ciertas pautas por distribución de utilidades y los límites de los adelantos al Tesoro y también lo que se pueda conseguir en el mercado interno”. Cree que así podría llegar a conseguir: $900.000 millones, que es un 30% más de la base montería, que ya subió 20% en lo que va del año, una expansión muy fuerte. En sus proyecciones, esto junto con una caída de los casos del Covid y una mayor apertura de actividades y el efecto bolsillo de la actualización de las paritarias, será suficiente para que se note en la calle otro clima.
Sin embargo, Tiscornia cree que por esa razón la presión sobre el dólar y la brecha que está cada vez más controlada será mayor y estima que la variable de ajuste en el corto plazo será la pérdida de reservas. “Hoy hay US$5.000 millones netos y se irán reduciendo a medida que se necesiten para evitar que se amplíe la brecha cambiaria” y concluye que por estas presiones que se van incubando “vamos a pasar un verano bastante caliente con inflación”.
Fernando Marull, director de FMyA, no tiene dudas que las políticas expansivas pondrán un nuevo piso inflacionario para el año que viene. “Tendrá un impacto inmediato en la actividad, que es lo que vemos: el gasto fiscal acompañando la reactivación de los últimos tres meses. Pero a la larga, se va a trasladar en más presión fiscal para 2022.” Considera que el costo fiscal de estas “medidas eleccionarias” es de U$S 8.000 millones, “entre los que incluyo los U$S 1.600 millones que está regalando el Banco Central para bajar el dólar contado con liquidación”, advierte. A su juicio, todo esto, se va a trasladar a precios. “El mercado ya incorpora expectativas de inflación más altas y entre los economistas profesionales hay un consenso que hoy proyectamos la inflación de 2022 entre 43% y 44% anual”, concluye.
El largo plazo vuelve a medirse en cuestión de meses, pero también llegará. Entonces, con los resultados sobre la mesa, la política deberá aunar criterios para torcer el rumbo y que el mercado no termine ajustando, recién para fin de esta década, lo que la mala praxis, la pandemia y los avatares climáticos produjeron.
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