Tarde pero llegan las auditorías sobre el gobierno de Mauricio Macri. La Auditoría General de la Nación (AGN) encontró numerosas irregularidades durante 2016 y 2017 en el Ministerio de Modernización, que dirigía Andrés Ibarra.
En la última reunión del Colegio de Auditores de la AGN, que se realizó en forma virtual por la cuarentena, se aprobó este informe sobre el ministerio de Ibarra. El encuentro fue presidido por el nuevo titular de la AGN, el radical Jesús Rodríguez, y participaron todos los auditores generales, incluidos los oficialistas y opositores: Graciela de la Rosa, Javier Fernández, Juan Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.
Este informe fue aprobado en forma unánime. Como resultado del mismo, el área legal de la AGN está analizando iniciar una denuncia penal para establecer las responsabilidades del caso.
En las huestes de Ibarra sostienen que el ex ministro macrista "contestó uno por uno cada uno de los cuestionamientos que hicieron, que hizo en realidad el auditor kirchnerista Forlón". "Es meramente político todo, como siempre. El resto de los auditores estaba a favor de al menos de considerar cada una de las explicaciones, respuestas y comentarios que se hicieron en cada caso. Por el contrario, ya con el cambio de gobierno y por presiones políticas, lo que hicieron fue no tomar absolutamente nada", agregaron en el entorno de Ibarra.
Los objetivos de esta auditoría fueron dos: 1. “Evaluar la gestión desarrollada por la Secretaria de Empleo Público con relación al Programa de Análisis de Dotaciones y su vinculación con el proceso de regularización de contrataciones en el ámbito de la administración pública nacional”, y 2. “Examinar los procedimientos de contratación del Ministerio de Modernización en el marco del Plan de Modernización del Estado”.
Del análisis de dotaciones se advirtió un aumento de cargos jerárquicos. “El entonces Ministerio de Modernización definió para los ejercicios 2016 y 2017 una dotación óptima de personal que resultó un 16% menor a la existente. Tampoco se constató la existencia de un acto administrativo que apruebe formalmente la implementación del programa, ni el diseño metodológico del proceso de análisis a cargo del Estado nacional”, dice la AGN.
“A pesar de haber definido la metodología de trabajo, no se aportaron evidencias respecto a la utilización de parámetros y criterios objetivos para efectuar el relevamiento, ni antecedentes y/o documentación de respaldo que fundamenten los resultados del análisis, situación que configura una grave omisión de procedimiento que afecta la validez de los guarismos expresados en los informes de análisis y resta transparencia a la gestión de la Secretaría de Empleo Público”, continúa la Auditoría.
"El programa se desarrolló en el marco de un convenio de asistencia técnica con la Universidad de Buenos Aires, a través del cual se definió el perfil de los consultores técnicos para el cumplimiento del servicio. Sin embargo, fue necesario contratar posteriormente diversos servicios de consultoría a fin de desarrollar acciones de capacitación y acompañamiento a los asistentes técnicos, sobre aspectos relacionados al cumplimiento del objeto principal del convenio. Es decir, se contrataron consultores de la UBA para el desarrollo de funciones propias del entonces ministerio, que a su vez debieron ser capacitados mediante los servicios de una consultora privada, generando mayores erogaciones al Estado, afectando los principios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión”, advierten los auditores.
“La ausencia de planes de implementación y posterior seguimiento denota una falta de eficiencia al decidir llevar adelante un programa de estas características sin evaluar ni controlar resultados”, agregan. También se observó un “aumento de la estructura de cargos de la administración pública nacional durante el período, en donde se observa un incremento de 26,9% en cargos jerárquicos respecto a diciembre de 2015”.
Del análisis de contrataciones, la AGN advirtió "la inexistencia de un plan anual y ausencia de manuales de procedimiento que describan los circuitos aplicables en el ámbito del entonces ministerio”. "Se constató que no se adjunta al expediente principal la totalidad de la documentación correspondiente a la etapa de ejecución del contrato y que la comisión de recepción no acompaña documentación de respaldo y/o antecedentes del análisis efectuado a fin de verificar el efectivo cumplimiento de las prestaciones", señaló el organismo.
“Se advirtió la falta de presentación de la declaración jurada patrimonial integral, así como la existencia de incompatibilidades y conflicto de intereses respecto de algunos miembros de la comisión evaluadora de ofertas y de recepción”, alertó el informe. Asimismo, “se verificó el ejercicio de funciones propias del auditado a través de firmas consultoras privadas, situación que configura una delegación o transferencia del ejercicio de competencias inherentes en estructuras o terceros ajenos a la administración”.
"Se encontró de manera recurrente a lo largo de la auditoría la contratación de consultoras para tareas que no constituyen per se actividades de carácter excepcional o de alta especialidad o complejidad técnica que justifiquen la necesidad de obtener asistencia profesional calificada, sino por el contrario corresponden al ejercicio de competencias inherentes a las áreas responsables de su ejecución, de acuerdo con las misiones y funciones para las cuales han sido creadas."
"Se identificaron diversas inconsistencias o irregularidades respecto de las contrataciones en particular, destacándose entre otras, el cumplimiento de la prestación en forma previa a la adjudicación del contrato”, apuntó la AGN. Las fuentes destacaron que “se encontraron debilidades en la etapa de planificación y/o reducción del plazo de ejecución, sin adjuntar documentación de respaldo que justifique la modificación, falta de aprobación del pliego de bases y condiciones particulares, incorrecta determinación del procedimiento de selección aplicable, licitación privada cuando debió ser pública, situaciones que vulneran los principios generales a los que debe ajustarse la administración pública nacional en cuanto a la transparencia, razonabilidad y eficiencia de los procedimientos de contratación a su cargo”.
Tambien se hallaron conflicto de intereses. “Un caso de particular gravedad es la contratación de una consultora en la que algunos de sus integrantes mantenían relación de dependencia con entidades u organismos del Poder Ejecutivo, y cuyo trabajo no se encontraba orientado al cumplimiento del objeto contractual sino al diseño de estrategias de marketing político”, dice el ente que preside Rodríguez. Entre los proveedores que contrató el Ministerio de Modernización figuran los Servicios de Consultoría de Especialización para el Seguimiento de la Evolución de Proyectos Centrales del ministerio por parte de Labcom SA por $1.2 millones de aquel entonces. En Labcom responden que nunca hicieron marketing político ni trabajaron para Cambiemos sino para la imagen pública del entonces nuevo ministerio.
Con este proveedor, la definición del objeto del contrato es poco clara o ambiguo: "El servicio de consultoría contratado tiene por objeto ordenar, analizar y efectuar un seguimiento general de los proyectos fundamentales del ministerio, de acuerdo con los siguientes parámetros: relevamiento de los procesos de gestión, acompañamiento de los equipos de trabajo, elaboración de informes, análisis de la comunicación de cada proyecto y en caso de resultar necesario, desarrollo de talleres de formación”. "En cuanto a la competencia profesional de los consultores especialistas, el pliego de condiciones particulares se limita exclusivamente a exigir que se acredite formación universitaria de grado en marketing, redes sociales, comunicación, periodismo y oratoria, sin considerar o tener en cuenta otras aptitudes técnicas del oferente, relacionadas a la naturaleza o características específicas de los proyectos objeto de seguimiento", señala la AGN. "La definición de perfiles solicitados no guarda relación directa con las funciones propias del auditado."
“Teniendo en cuenta el objeto del contrato, se pone de manifiesto que el organismo auditado realiza contrataciones para cumplir con tareas propias", añade la auditoría, que considera que el contenido del trabajo realizado por la consultora no se corresponde con el objeto del contrato. A modo de ejemplo se transcriben párrafos de distintos documentos:
"Principales variables comunicacionales para el desarrollo del sitio Argentina.gob.ar: nos encontramos en un año de elecciones legislativas donde el Gobierno nacional tiene la necesidad de obtener bancas parlamentarias en el Congreso de la Nación para no perder gobernabilidad. Al ser las bancas elegidas por votación popular directa, al Gobierno le sería útil mostrar el progreso y victorias en distintas áreas, entre ellas la modernización y simplificación de los trámites. Principales variables comunicacionales para el desarrollo de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior): la situación de la Argentina frente al mundo cambió desde que Mauricio Macri asumió como presidente de la República. Se habla del paso de un esquema de confrontación con muchos países en la época kirchnerista, a una normalización de las relaciones internacionales en el período comenzado por Cambiemos".
La AGN encontró que había relación de dependencia de integrantes de la consultora con organismos del Estado nacional. Dos accionistas mantenían relación de dependencia en Nación Fideicomisos y el Conicet.
Entre las incompatibilidades y conflicto de intereses verificados en relación a la ley de Ética Pública, la AGN encontró lo siguiente: "La directora de Análisis y Planeamiento de Dotaciones de la Subsecretaría de Empleo Público, integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas y de la Comisión de Recepción en los contratos suscriptos con la firma KPMG para el análisis de dotaciones, quien inició sus tareas en el organismo en marzo de 2016, se desempeñó con cargo de gerente para la consultora adjudicataria del servicio entre agosto de 2010 y febrero de 2016”. Se verificó que las actividades de capacitación de KPMG se iniciaron en julio de 2016, es decir, un mes antes de adjudicarse el contrato y sin haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones particulares, "vulnerando los principios generales y formalidades que rigen los procedimientos de contratación pública”.
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