Argentina, con una economía nacional casi devastada sumó un nuevo problema: la pandemia del CORONAVIRUS (COVID 19), y la posterior cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio. Desde el inicio de esta, se generó una incertidumbre generalizada, no solo por el justificado temor acerca del cariz novedoso del virus, sino también por motivos tales como los problemas de abastecimiento de productos tradicionales de primera necesidad, aquellos básicos para prevenir el contagio (y no solo por la falta de insumos, sino también por el precio exagerado e inmoral al que se vendían), el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el nivel de ingresos.
Pasada la cuarentena, las distintas organizaciones que son parte de nuestra sociedad, seguramente analizarán si las medidas tomadas por el gobierno fueron las oportunas –a priori, frente a la situación que se generó en otros países, parecería que sí-, y deberán ponderar cómo esta crisis económica que atraviesa la economía mundial golpeará a la nuestra, o discutir cuál habría sido el devenir de la ya crítica situación previa, de no haber aparecido la pandemia, y con los niveles inéditos para la última década de inflación, desocupación, pobreza e indigencia.
Llegará también el tiempo para poner en claro si el IFE llegó oportunamente (teniendo en cuenta que a la fecha aún no se le depositó a muchos por complicaciones en el trámite o al informar el CBU o no tenerlo), lo mismo que otras formas de asistencia mediante transferencias monetarias directas u otro tipo de mecanismos destinados a otros grupos de la población y de actores económicos (PyMEs, monotributistas, autónomos) que atraviesan serias dificultades, son medidas que deben complementarse con la inmediatez que reclama el carácter alimentario de la ayuda.
Lo que sí queda claro es que los trabajadorxs informales, tanto asalariadxs como cuentapropistas y trabajadorxs desocupadxs que constituyen, entre ambos grupos, cerca de la mitad del total de la fuerza laboral argentina, son quienes más sufren, aunque no lxs únicxs, los efectos económicos de la cuarentena.
ATE INDEC: ¿EN DÓNDE ESTÁBAMOS? A fines de marzo el INDEC dio a conocer el dato oficial de pobreza del segundo semestre de 2019. Lxs trabajadorxs del INDEC y la Junta Interna de ATE-INDEC teníamos previsto a salir a la calle para repudiar la política de ajuste y exclusión que llevo adelante el anterior gobierno, y pedir que el actual actúe con mayor rapidez para cambiar el rumbo.
Más importante que el dato en sí mismo fue su evolución: nos encontramos con que a fines de 2019 la tasa de pobreza llegó al 35,5%, unos 10 puntos más que a de fines de 2017, lo que implica que casi 4,5 millones de argentinxs pasaron a ser pobres en solo dos años (y cerca de un millón y medio, solo en el último año). Para encontrar una suba mayor debemos remontarnos ni más ni menos que a la crisis de 2001-2002.
Extrapolando los datos a todo el país, esto significa que unos 16 de sobre 45 millones de argentinxs ya eran pobres antes de la pandemia. Esto quiere decir que contando todos los ingresos del hogar (trabajo, jubilaciones, asignaciones familiares para trabajadores formales e informales) esa población no llega a juntar para una canasta (muy) básica de bienes y servicios, cuyo precio para una familia tipo en el Gran Buenos Aires asciende en abril a unos $42 mil. Más aún, el 8% de la población, más de tres millones y medio de personas,eran indigentes, es decir, ni siquiera tenían los ingresos necesarios para adquirir un mínimo de alimentos.
Sin dejar de indignarse aún más con estos números, cabe recordar que el gobierno anterior había machacado hasta el hartazgo en campaña con la “Pobreza Cero”; pero apenas asumido reconoció que se trataba de un deseo y no de un “objetivo real”. En criollo, esta renuncia inicial a su principal slogan de campaña fue, nada más y nada menos, que el primero de los muchos fraudes a los que sometió a su electorado (y a todxs lxs habitantes del país).
Dicho esto, los dramáticos niveles de pobreza e indigencia de fines del año pasado empeorarán sin dudas en 2020. A ese panorama es al que hay que sumarle los efectos de la actual pandemia sobre la economía.
Sin embargo, una vez pasada esta situación, el actual gobierno no debe conformarse con atender a los sectores más postergados: debe encargarse de poner todo el esfuerzo en la creación de trabajo formal y digno, atacando la gran informalidad de nuestro mercado de trabajo, con reglas claras de contratación para empleadxs y empleadorxs. Porque esa es la madre de todas las batallas: incluso en los hogares con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en promedio siete de cada diez pesos provienen de actividades laborales, en tanto que solo uno de cada diez pesos se origina en transferencias sociales como la AUH o planes de empleo. Argentina tiene que ser un país que de una buena vez deje de tener trabajadorxs pobres.
CUÁL DEBERÍA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO. Hace unos días presentamos la actualización de la Canasta de Ingresos Mínimos (¿Cuál debería ser nuestra salario como mínimo?) a marzo del corriente año. Nos planteábamos ahí si, a partir de la enseñanza que nos deja el aislamiento, no es necesario pensar, además, la necesidad de una paritaria extraordinaria que contenga a todos los trabajadores excluidos o informales. Porque esxs trabajadorxs están siendo castigados, además, por la falta de ingresos diarios para hacer frente a la cuarentena: una paritaria social para recuperar la economía doméstica y el consumo.
Es en esta coyuntura que realizamos esta Canasta de Ingresos Mínimos, que tiene como finalidad establecer una referencia para las discusiones paritarias de la pauta salarial para este año, indistintamente del convenio colectivo que se trate. Además, se hace necesario como un hecho nacido de esta situación excepcional, una paritaria extraordinaria o social, que contenga al resto de lxs trabajadorxs. El salario del mencionado ejercicio se acerca a la economía de cada familia en relación a lo que serían actualmente los verdaderos valores de la canasta, las necesidades básicas de lxs trabajadorxs y sus familias.
Ante la primera necesidad, seguimos actualizando este ejercicio de estimación para que nuestro gremio y nuestra central tengan estos valores de referencia. Frente a la segunda, se renueva el desafío de abrir la discusión de si no resulta imprescindible contar con una paritaria social o extraordinaria, a partir de ahora.
La canasta comentada estima, utilizando los datos oficiales del INDEC y considerando una canasta más integral que la que habitualmente se utiliza para medir pobreza, cubrir las necesidades básicas de lxs trabajadorxs y su núcleo familiar que “Un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en marzo de 2020, $66.013 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $21.659 necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de $44.354 para acceder a otros bienes y servicios básicos”.
ALGUNOS DEBATES PLANTEADOS ALREDEDOR DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Condiciones habitacionales y servicios públicos esenciales. El INDEC, tomando como base a la Encuesta Permanente de Hogares -que mide la pobreza por ingresos, comenzó a publicar indicadores sobre distintos temas “estructurales” de condiciones de vida, como vivienda, acceso a servicios, salud y educación, que se miden en dicha encuesta desde los inicios de esta.
¿Y qué nos encontramos cuando miramos esos datos? Casi nada. Los “avances” que se ven entre 2016 y 2019, son ínfimos, en muy pocos casos las diferencias son significativas. No se observa ningún “salto cualitativo” que amerite decir que hayamos “mejorado en lo estructural”, como repitió, hasta el hartazgo, pero sin fundamento alguno, el gobierno anterior. El porcentaje de población que vive sin saneamiento adecuado, sin agua corriente, y en viviendas deficitarias en 2019 era muy parecido a lo que había en 2016, y las pocas mejoras no son novedad, sino que continúan tendencias previas.
Por ejemplo, en 2016 el hacinamiento era de 5,3% y en el primer semestre 2019 de 4,7%, pero este indicador ya venía bajando: en 2006 (con la EPH antes de la intervención) era de 8,5%. La población que no tiene acceso a agua corriente, cloacas o gas de red en el primer semestre de 2019 era de 50,2%, apenas unas imperceptibles décimas menos que en 2016, cuando era 50,6% (en 2006 era 54,3%).
Hoy seguimos necesitando agua corriente, cloacas, gas, electricidad y viviendas dignas para todos en forma urgente, no a este ritmo imperceptible. Esto debe hacerse con ingresos producto de la creación de un impuesto a los que más tienen, que son quienes se enriquecen a costa de nuestro esfuerzo, pero nunca como nos “ofrecía” el gobierno anterior, resignando nuestros empleos y nuestros salarios. En la práctica, entre noviembre de 2015 a enero de 2020 la caída del poder adquisitivo de lxs empleados estatales nacionales fue del 37,2%, y con todo eso que se nos quitó, nada se hizo, como los indicadores precedentes lo evidencian (bah si, se fue en la timba y los pagos de deuda).
Paradójicamente, uno de los cambios más fuertes que se registró en los últimos años, es negativo y se da en el acceso a la vivienda propia: la población dueña de su casa bajó de 69% en 2016 a 66% en el primer semestre del 2019.
La pobreza estructural, considerando la vivienda y servicios básicos, baja inercialmente. Eso lo vemos, por ejemplo, en los censos, donde los hogares con necesidades básicas insatisfechas caen continuamente (22,3% en 1980 a 9,1% en 2010), a pesar de que en estas décadas el empleo y los salarios (y con ellos, la pobreza) han estado en un sube y baja permanente, con saldo negativo. Tendremos que esperar los resultados del próximo Censo Nacional de Población que, si a la incertidumbre previa le sumamos el coronavirus, tal vez no se haga el próximo 28 de octubre.
La educación en tiempos de cuarentena. Uno de los temas recurrentes de discusión en el marco de este “aislamiento con distanciamiento social” fue y sigue siendo si nuestrxs hijxs, mientras mantienen un mínimo contacto con sus maestrxs y compañerxs de colegio, siguen aprendiendo.
Será materia de distintos análisis pedagógicos y sociológicos proponer planes de estudios y herramientas para que el Estado garantice que todxs lxs niñxs tengan las mismas posibilidades de aprendizaje (o, al menos, que no se profundicen aún más las desigualdades pre-pandemia). También ese análisis deberá contemplar qué hubiese pasado si todos lxs niñxs pudiesen haber contado con los dispositivos que hacen posible la comunicación y el acceso a materiales a distancia, sin dejar de tener en cuenta el necesario plato de comida y una vivienda digna para poder desarrollar su tarea diaria. En ese sentido, no debemos olvidar que la inversión en educación cayó del 6,1% del PBI en 2015 a solo el 4,8% en 2019 (además con un PBI per cápita fuertemente contraído), y que parte de este recorte se explicó por la destrucción del programa “Conectar Igualdad”.
Dejaremos para un análisis profundo, entonces, algunas preguntas:
✓ ¿Cómo hará Argentina para garantizar el 6% del PIB en educación?
✓ ¿Cómo impulsar una estructura tributaria más progresiva para financiar la educación y la salud?
✓ ¿Cómo generar mecanismos de financiamiento que permita mejorar la inversión educativa en la Nación y las provincias?
✓ ¿Se puede seguir pagando la deuda externa sin hacer una revisión exhaustiva de la misma?
¿Qué pasa con la inflación? Pandemia aparte, la inflación sigue siendo un problema irresoluto. Podremos coincidir que, en este contexto, la cuarentena para evitar el contagio es un atenuante que el actual gobierno puede utilizar para evitar ponderar qué responsabilidad tiene en el aumento desmedido de los productos de la canasta familiar y del kit de prevención del contagio. Pero también coincidiremos en que se hace imperiosa una política de control de precios y contra la especulación de los formadores de precio.
La última medición pre-pandemia, en marzo de 2020 daba que la inflación interanual ascendía al 48%. Y que los alimentos no cesaban de aumentar, muy por sobre el índice general de precios. Será necesario que se adopten medidas para frenar la carestía de los productos de la canasta familiar, en un año en el que tanto los analistas económicos como el REM (Relevamiento de expectativas mercado) han planteado una inflación para el corriente año no menor al 43% anual.
Este será claramente un año difícil para todxs nosotrxs, en particular para quienes trabajamos para las distintas administraciones públicas. Esta pandemia también demuestra lo falaz de la campaña de un Estado Paquidérmico, Inoperante y Parasitario, lo que históricamente plantean las grandes corporaciones.
Somos lxs trabajadorxs estatales quienes estamos en la primera línea conteniendo la propagación del virus, en los hospitales, en ANSES y en PAMI, al igual que docentes y auxiliares, dando respuestas a la sociedad en su conjunto. No fue el mercado: somos los trabajadores del estado quien en cada puesto de trabajo defendemos tus derechos, o en nuestro caso “somos lxs trabajadores del INDEC” quienes hacemos posible que ustedes cuenten con información confiable en cada índice oficial publicado.
Mantengamos con hechos la gratitud del pueblo argentino, del que somos parte. Sepan que además de las faltas de todo tipo para llevar adelante nuestra labor, aún seguimos pero arrastramos una pérdida salarial de alrededor de 35% en los últimos años, por lo que se hace necesario dejar de plantear alternativas de una rebaja salarial, para quienes en desde el 2015 perdimos un año de salarios, ni pagos escalonados del mismo.
Se plantea entonces un desafío para todxs los trabajadores del estado (nacional, provincial o municipal según corresponda) de recuperar el salario, tener una carrera acorde a nuestra función prestigiada, y la planta permanente para todxs. Claro está que ya se probó nuestra valía y compromiso.
Se debe terminar con la inequidades, con la precariedad laboral y los magros sueldos en el Estado. Somos solidarios. Queremos ser reconocidos correspondientemente. Recomposición salarial y aperturas de paritarias.
por Junta Interna de ATE-INDEC
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