En eso no hay magia: casi desde un inicio, el Gobierno anunció que su prioridad era la baja de la inflación. Al principio como una medida defensiva, para no caer en el abismo de la hiperinflación (llegó a estar 15% mensual de promedio en el primer trimestre de 2024), lo cual hubiera evaporado toda sustentabilidad política. Pero luego, sobre todo a partir del julio del año pasado, la meta fue ir por más (mejor dicho, por menos) y alcanzar una convergencia que parecía utópica: coordinar la misma velocidad en el alza del IPC, la tasa de interés y la devaluación mensual.
Velocidad de crucero. Los resultados de la inflación a partir del acuerdo con el FMI en abril pasado revirtieron las expectativas negativas y pudieron asumir que perforar el piso del 2% mensual. Algunas proyecciones previas asumían que el salto (por única vez) en el nivel de precios rondaría entre 4% y 5% mensual, pero fue finalmente 2,8% e incluso aterrizó en 1,8%. La consultora Eco Go anticipa la inflación de junio ubicándose en el 2% mensual. “La suba en los combustibles derivada del aumento del precio del crudo a nivel global en el marco del conflicto Israel-Irán, tuvo un impacto limitado en la inflación de la semana, con YPF –el mayor competidor del mercado- postergando, en principio, la suba para julio”, detalla en su informe semanal de precios. También agrega que la inflación en alimentos se ubicó levemente por debajo de lo esperado, lo que contribuyó a que el indicador se mantuviera en línea con lo proyectado la semana pasada.
Por su parte, la economista Milagros Gismondi, analista de Cohen Aliados Financieros, señala que la inflación podría desacelerarse incluso más en el tercer trimestre, con un promedio de 1,1% mensual previo a las elecciones de octubre. “Este sendero está sostenido por un tipo de cambio que se mantiene en torno al centro de la banda cambiaria, precios regulados contenidos y una menor presión en alimentos”, explica. Sin embargo, tras las elecciones, contempla una corrección cambiaria “que impulsaría transitoriamente la inflación alrededor del 3% mensual en noviembre, para luego retomar el sendero de desinflación”, agrega. De esta manera, la inflación de 2025 se ubicaría en torno al 26% interanual en diciembre y continuaría la desaceleración en 2026, que cerraría en un 18% interanual.
Otro cepo. La fórmula para domar al IPC y poder romper el piso no fue fortuita. Se concentró en eliminar indexaciones automáticas (incluso interviniendo en las paritarias), desacelerando los ajustes tarifarios y, sobre todo, pinchando el dólar al dejar de comprar reservas como estaba comprometido. El consumo, con este contexto, reflejó ese rédito electoral. El economista Alfredo Romano apunta que el consumo privado aumentó 2,9% en el primer trimestre de 2025 vs. el último trimestre de 2024, mientras que el consumo agregado aumentó 2,4% en ese lapso. “El consumo privado en el primer trimestre de 2025 anotó un nuevo máximo, con el agregado quedando apenas por debajo del cuarto trimestre de 2017”, grafica.
Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL, sostiene que, si la “agenda política” del Gobierno concentra sus energías en la baja de la inflación, la “agenda económica” necesita más horizonte temporal. “El resultado de las elecciones legislativas importa, pero también el evitar que se acumulen desequilibrios y que, si éstos aparecen, las correcciones sean lo menos traumáticas posibles”, subraya.
El economista recuerda que la pérdida de productividad de la economía, cercana al 15 % en la medición PBI/ empleo no es novedoso, sino que se arrastra desde que se inaugurara la era de los cepos, allá por 2011 y estaría imponiendo un “techo de cristal” a la dinámica de la rentabilidad empresarial y del salario real. Hay muchos indicios de que este fenómeno ha pasado a ser operativo en este segundo trimestre de 2025. En términos más coyunturales, luego del pico de la recuperación pos-recesión alcanzado en el primer trimestre de este año, se advierte una especie de “serrucho” en indicadores de actividad, y un “amesetamiento” en el promedio móvil de tres meses. Refuerza esta dinámica el endurecimiento de condiciones crediticias, con una tasa de interés que, por ejemplo, para préstamos personales, pasó a promediar el 4 % mensual por encima de la inflación en el transcurso de este segundo trimestre. La pérdida de fuerza en la evolución del nivel de actividad es consistente con la menor tasa de inflación, pero recién empezó a frenar al aumento de las importaciones entre abril y mayo, de acuerdo a la serie desestacionalizada del INDEC. La inercia era muy fuerte, al punto que las importaciones no energéticas en el último trimestre habían registrado un aumento interanual de 37%, una variación de 6 puntos porcentuales por cada punto de variación del PBI en igual período. Y si bien en el desagregado de las importaciones se advierte una mayor participación de bienes de capital, que pasaron de 15% a 19,2 % del total, los ítems de bienes de consumo más automóviles se incrementaron en 6,5 puntos porcentuales en la ponderación del total de importaciones, desde un share de 14,8 % el año pasado al 21,3 % en los últimos datos.
Radiografía laboral. El heterogéneo nivel de actividad también impacta en las cifras de empleo y ocupación. Según las cifras del INDEC informó que en el 1º trimestre del 2025 la población económicamente activa (PEA) creció respecto a igual período del año anterior, pero el 75% consiguió empleo mientras que el 25% restante engrosó la desocupación. Por eso subió la tasa de desempleo, que registró 7,9% para ese trimestre y otro 16,1% de “ocupados demandantes de empleo”. De los 13,3 millones de personas ocupadas, 72,7% son asalariados (formales e informales) y 27,3%, no asalariados (cuentapropistas y dueños). Y de los asalariados, sólo 63,7% tienen descuento jubilatorio.
Para Jorge Colina, economista de IDESA, lo más preocupante es que el aumento del empleo fue enteramente en la informalidad. Se trata de un proceso de degradación laboral de muy larga data. “La alta informalidad es la contracara de una tasa de desempleo abierto bajo y hay alta informalidad porque no hay creación de empleo asalariado formal debido a que no hay nuevas inversiones y no hay expansión económica, por eso es que la gente se tiene que insertar ya sea en el autoempleo o bien en algún pequeño emprendimiento informal trabajando como asalariado en negro”, fundamenta.
Colina recuerda que desde el 2012 el empleo asalariado privado registrado se mantiene estancado en alrededor de 6 millones de trabajadores y que no hubo destrucción de empleo “gracias” a que el salario real cayó 25% en el mismo período. Pero con la desaceleración de la inflación deja de impactar la flexibilidad que de hecho brinda la licuación de costos laborales por lo que el ajuste pasará a ser con caída en el empleo formal. “Esto aumenta la urgencia de abordar la modernización de las instituciones laborales; frente a este desafío, con la eliminación de los recargos en las indemnizaciones, el régimen de despido dejó de ser el tema más importante, pasando a la litigiosidad exacerbada en el sistema de riesgos del trabajo y la obsolescencia de los convenios colectivos de trabajo como las que más dañan al empleo”, concluye.
El círculo vicioso que podría convertirse en virtuoso forma parte de la agenda surgida una vez que la inflación deje de ser una urgencia a resolver. Mientras tanto, la lista de equilibrios a sostener se irá incrementando.
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