Domingo 16 de mayo, 2021

ECONOMíA | 20-01-2021 18:12

El caso YPF: mitos y verdades de las cajas políticas en Argentina

Ofrecer empleo, amigarse con proveedores, estar presente en el terreno, facilitar gestiones y pagar prestaciones: distintas formas en las que dependencias del Estado se pueden ir transformando en cajas políticas.

El cambio de guardia en YPF llama la atención no por el relevo de un economista con largo recorrido en la escena política nacional (Guillermo Nielsen fue el organizador de la renegociación de la deuda externa en 2005) sino por el timing elegido y las implicancias para el futuro próximo en un año electoral. ¿Se convirtió, finalmente, la petrolera con participación estatal una caja política más?

En la Argentina tradicional, los organismos públicos eran espacios en que convivían tres tipos de funcionarios: los de carrera, que conocían los vericuetos del poder real, los nombrados por el Gobierno de turno, que creían mandaban en la empresa y los sindicatos y proveedores que eran clientes permanentes de la dirección. En algunos lugares, como por ejemplo bancos oficiales, que llegaron a tener sistemas jubilatorios propios, se guardaba celosamente las vacantes y sólo se trasmitían como un bien hereditario a la siguiente generación.

Después de las nacionalizaciones, las empresas del Estado adquirieron un rol esencial como empleadores (sin tanto control estricto por parte de la dirección), como comprador de insumos en concursos no siempre transparentes y, una innovación de los sucesivos gobiernos militares, captadores de créditos para financiar así, indirectamente, al Estado.

La privatización masiva de empresas de los ’90 llevó el tema a fojas cero: se abrieron listas de retiros voluntarios, empezaron a teñir de azul el rojo de sus balances y se pusieron al día con tarifas y técnicas de gestión. Una revolución que cercenó el poder político sobre dichas compañías. Sólo quedaba el instrumento de los entes regulatorios, pensados originalmente como instituciones profesionales para arbitrar los intereses en conflicto de usuarios, empresas y el pliego de condiciones.

La crisis del 2002 hizo dar un giro de 180 grados a la política económica. El dólar pasó bajo distintos tipos de control de cambio, se revirtieron algunos procesos de privatización (AYSA, Correo, Aerolíneas Argentinas, entre otros), se intervinieron los entes reguladores y se estatizaron las AFJPs, con la participación que ellas tenían en grandes empresas. Pero el golpe de gracia lo dio la multiplicidad de prestaciones que se concentraron en la ANSES, especialmente la de los planes sociales, como la AUH.

Su nombre sonó como el de la principal “caja política” pero en realidad no se trataba de una repartija de dinero sino de la capitalización de la actividad social del Estado Nacional mediante la presencia territorial a través de las más de 370 oficinas de la UDAI que funcionan en todo el país. Es la cara amable y visible del Estado: el que reparte asignaciones, planes y gestiona las jubilaciones. Se calcula que 6 de cada 10 argentinos cobra algún tipo de transferencia del Estado: 27 millones de personas cobraron casi 33 millones de prestaciones, que crecieron otra vez por la pandemia en 2020. Hoy dirige el ANSES María Fernanda Raverta, una militante histórica de La Cámpora y derrotada candidata a intendenta de Mar del Plata, que suplantó al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli luego que quedara expuesto por la desorganización en la cobranza por ventanilla de los pagos del organismo.

El PAMI es otra mega institución de atención médica, que cuenta con más de 650 oficinas en capitales, ciudades y pueblos de todas las provincias argentinas y atiende a casi cinco millones de beneficiarios, entre jubilados y sus familiares a cargo, personas con discapacidad, pensionados y veteranos de Malvinas. Al frente de la institución está otra camporista, Luana Volnovich. Tiene algo más de 13.000 empleados y su presupuesto es el cuarto en relevancia luego del Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la de Córdoba o Santa Fe; según el año.

Aerolíneas Argentina fue, casi desde su reestatización, un núcleo duro del poder de La Cámpora. Hasta 2015 la dirigió Mariano Recalde, hoy senador nacional por la Ciudad (FDT) y ahora le tocó a otro excuadro de la Aerolíneas K, Pablo Ceriani, que empezó su gestión haciendo una barrida exhaustiva con los gerentes heredados de la gestión macrista. En el caso particular de la empresa, también extienden su área de influencia y decisión sobre las políticas del sector aerocomercial intentando que la política de “cielos abiertos” se ejecute… para Aerolíneas. Más que una caja, la empresa hace una década que es un agujero negro por donde fluyen dólares que cuestionan su viabilidad si no hay reconversión. El año 2020 se agravó, además, por la parálisis del sector, pero se estima el déficit operativo podría estar alrededor de US$ 600 millones.

Por último, otra institución con un fuerte entramado interno es AYSA, presidida por la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. Provee saneamiento ambiental y agua a la Ciudad de Buenos Aires y 25 partidos del conurbano, cuenta con más de 4 mil empleados y un ambicioso plan de obras que en el último año recibió partidas extras al presupuesto original.

¿Qué significa una caja política, entonces? Que quienes tienen poder en ellas puedan disponer de recursos, generados por esa dependencia o provenientes del presupuesto; otorgar puestos de trabajo a militantes o estructuras profesionales de apoyo a cuadros políticos y, sobre todo importante en época electoral, una red de acción social en el terreno que fácilmente se convierte en una usina de favores políticos.

YPF es una empresa que por mucho tiempo fue la más grande del país. Hoy ya no es así y su capitalización bursátil en esta tercera semana de enero no pasaba de los US$ 1.500 millones, casi 6 veces menos que lo que el Gobierno terminó valorizando la empresa cuando expropió el 50%. La particular oportunidad que el Presidente de la compañía eligió para anunciar la aceptación del nuevo “desafío” que le ofreció, en medio de un proceso de renegociación, suena a un elegante portazo ante la convicción que todo el proceso surge de una necesidad política: alinear a la empresa energética, que sigue regida por la ley de sociedades comerciales, en la política económica oficial. Más que los puestos rentados para los cuadros militantes, forjar alianzas con proveedores amigos o facilitar publicidad a medios afines, reorientar la estrategia de la compañía a los objetivos de la política económica es una forma diferente de reconfigurar la identidad política de una empresa.

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Tristán Rodríguez Loredo

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