Tan sólo le bastó a la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, en cuyo tribunal recayó la demanda contra el Estado Argentino por la expropiación indebida de YPF en 2012, para dejar firme su sentencia de hace sólo una semana. Ahora el Estado Argentino deberá pagar los US$16.099 millones estipulados y sólo resta esperar que la procuración del Tesoro decida de qué manera hará efectiva su voluntad de apelar. Pero los tiempos, que se creía jugaban a favor de la voluntad política en un año electoral, hoy se aceleraron. La apelación promedia, se sabe puede ser cara (hay que dejar una fianza, seguramente en bonos para hacerla) y sólo uno de cada cinco casos son revisados en la corte estadual. La idea de acudir en última instancia a la Corte Suprema choca con la historia de casos análogos: el alto tribunal sólo toma algunos casos para resolver y en al caso anterior de los holdouts. Es una realidad que Alberto Fernández podrá dejar la Casa Rosada en menos de tres meses si tener que firmar ningún acuerdo por este conflicto.
Hace dos meses, luego de una exposición de las partes durante tres largas sesiones del juicio ya habían puesto cifras concretas para acotar el monto de la indemnización por la que el Estado argentino debería resarcir a los perjudicados por la expropiación irregular. La magistrada que sucedió en 2017 al viejo conocido Thomas Griesa, había validado lo acordado por las partes y pasado a un cuarto intermedio luego del cual daría una sentencia definitiva. Esto, claro, si las partes, antes no se ponen de acuerdo y fijaban un monto entre ambas “puntas” para zanjar definitivamente la cuestión.
Eso no ocurrió y con el acelerador a fondo, el número mágico apareció finalmente el viernes pasado: US$16.099 millones, casi el techo, un monto que muchos analistas consideran excesivo pero el prontuario financiero argentino no ayudaba mucho a que fuera menor.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, que siguió muy de cerca el largo proceso judicial, explica que en Estados Unidos los jueces generalmente no escriben el fallo, tan solo lo firman. “El viernes pasado Preska, al publicar las variables para calcular el monto final, les ordenó a ambas redactar juntos el monto interpretando lo que ella estipuló en el fallo, pero la interpretación de Argentina y la de los demandantes eran diferentes, había cerca de US$1.100 millones de diferencia”, explica. La jueza decidió no esperar más, opinó que la interpretación de los demandantes es la correcta y publicó lo que se llama un final judgment que es una sentencia final, que en Estados Unidos es una sentencia firme a diferencia de lo que ocurre en Argentina.
La jueza no había fijado anteriormente un monto, sino que determinó las variables que debían considerarse en la cuestión, sobre todo la dilación que corrió con una tasa del 8% anual y que terminó siendo un castigo por la decisión de patear el tema sin considerarlo. A partir de la sentencia final, en cambio, la dilación en pagar tiene fijada una tasa variable que en septiembre está en 5,4% anual, casi una atención de la casa.
El Gobierno rápidamente mostró indignación por el monto y dijo que apelaría la sentencia. Pero eso no podrá hacerlo hasta tanto ambas partes se reúnan para redactar el acuerdo y la jueza interviniente de por cerrada esta instancia judicial. Este timing coincidiría con las elecciones generales de octubre, pero devengaría un interés del 9% anual a partir de hoy. En todo caso, la apelación no sería por esta cifra aplicada sino por el fallo del 31 de marzo en el cual se cargó la responsabilidad sobre el Estado argentino.
El caso YPF. En 2012, cuando el Gobierno (encabezado entonces por Cristina Fernández) intervino primero la empresa que hasta el momento gestionaba el grupo Eskenazi con participación mayoritaria de Repsol y procedió a una expropiación parcial a través de una ley, a pesar de existir un estatuto de la empresa luego del cual hubo inversores, no procederían a realizar una oferta pública de acciones (OPA). La historia es conocida: Repsol se quejó, pero dos años más tarde terminó arreglando un paquete de US$5.000 millones que incluía el resto de las acciones que no habían sido expropiadas (51% en total). El grupo Eskenazi no pudo seguir el tren y la quiebra de las sociedades involucradas fueron absorbidas por fondos de inversión que luego “vendieron” la demanda que hicieron por mal ejecución de la expropiación. La jueza Preska ya había determinado la responsabilidad del Estado por la irregular intervención y por eso fijó un piso y un techo -entre US$4.999 millones y US$16.100 millones- para evaluar el perjuicio, en función de dos factores: la caída del precio de la acción de YPF desde el anuncio de la intervención (16/4) y el día en que quedó firme la ley de expropiación (7/5) con un derrumbe fue del 40%), por un lado y la tasa de interés punitoria por no haber acordado anteriormente, por otro. En la práctica judicial de los Estados Unidos es hasta del 8% anual. Maril recuerda que el anterior fallo del 30 de marzo había exonerado a YPF de responsabilidad en el asunto y lo cargó sobre el Estado Nacional. “La fórmula acordada ya está en el estatuto de YPF sobre el que se calculará el monto sobre la base de los argumentos que cada parte presentó”, comenta. Comprendiendo el alcance de un fallo adverso en medio de un año electoral y siendo la cara visible de la operación (Kicillof) un candidato relevante, es probable que el Gobierno intente estirar los plazos y apelar. Claro que, en el sistema norteamericano, sólo el 25% de los fallos se revierten en segunda instancia y, aún más allá, la Corte Suprema sólo elige unos pocos casos para tratar y es probable que, incluso, directamente lo pueda desechar.
Maril explica que el camino alternativo para la administración Kirchner en 2012 hubiera sido el de convocar a una OPA en 40 días hábiles y poner un precio al cual todos los accionistas podrían vender. Pero no se hizo y por la caída de valor de la compañía de US$3.500 millones se hace la demanda original.
Burford Capital. Frente a estas improvisaciones, cortoplacismos y chicanas de jugadores de truca más que de financistas públicos, se sientan en la mesa de negociación jugadores cada vez más sofisticados. En este caso, quien parece haber tomado cariño a la cartera de juicios en la que es parte es Burford Capital, un fondo de gestión de activos en riesgo o contingencias en curso. Fundada en 2009 por el canadiense Christopher Bogart (exvicepresidente jurídico de Time Warner), es una empresa listada en las bolsas de Londres y Nueva York y al cierre de la jornada de hoy registraba una capitalización de mercado de US$2.650 millones, con una suba espectacular de casi 15% “gracias” a la dimensión del fallo favorable. Se autodefine como una empresa financiera y de gestión de activos focalizada en aspectos legales, como ser el lado financiero de los litigios, la gestión de riesgos, el recupero de activos y otras actividades de finanzas corporativas. Tiene oficinas en Nueva York Londres, Chicago, Washington, Singapur, Dubai, Sidney y Hong Kong. Emplea a 155 profesionales y lleva tiene una cartera de más de 1.000 juicios con un valor proyectado de US$4.600 millones a fin de 2022.
Para esta maquinaria de litigar (generalmente con éxito: su acción subió 70% en los últimos 12 meses), los ingredientes básicamente son tres: expertise para conocer la viabilidad de un reclamo, capacidad financiera y profesional para correr con los litigios durante mucho tiempo y encontrar las huellas que el cortoplacismo, la improvisación o la mala praxis deja como saldo de las épicas en la política económica. Una batalla muy desigual: la épica expropiadora que saldría gratis vs. el experto legal en mercados regulados que ahora hasta tiene la posibilidad de bloquear al país condenado en los mercados de capitales hasta tanto no pague.
Como repite en su muletilla el relato Walter Nelson: “partido liquidado”. Lo que sigue será una mesa de negociación para ver cómo y cuándo bajo formas que no expliciten la derrota jurídica de una idea ya de por sí discutible.
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