Desde que el ensayista Nassim Taleb popularizó el término de “cisne negro” para referirse a aquellos sucesos que súbitamente cambian el escenario económico, los argentinos sentimos haber sido precursores de una moda desde hace mucho tiempo. Nuevamente apareció un evento sorpresivo: otra guerra y esta vez, saliendo de una pandemia.
No fue la primera ni, lamentablemente, será la última vez que aparezca un conflicto bélico. Pero lo que diferencia a otros, es el impacto que terminó de empujar a la economía global que ya mostraba signos de “recalentamiento” luego de la expansión de emergencia. “La invasión generó un impacto económico a nivel global por al menos tres vías: presiones inflacionarias motivadas por el fuerte incremento de los precios de commodities, turbulencias financieras y disrupciones de comercio”, precisa el último informe de la consultora Ecolatina.
Vértigo. Argentina no fue la excepción y luego de una caída de casi 10% en 2020, su economía se repuso casi por completo el año pasado, con un arrastre estadístico que auguraba un piso de 4% para 2022. La inflación, agazapada detrás de controles de precios y del anclaje de las variables reprimidas, comenzó a escaparse durante el primer cuatrimestre, con un 22% acumulado contando las estimaciones privadas para abril.
Para algunos, fue un desborde inevitable para corregir los desequilibrios de casi dos años de distorsiones en los precios relativos. Para otros, pesó mucho más la “inflación” importada de los bienes primarios fruto del tirón que la invasión rusa a Ucrania.
Lo cierto es para aplicar un correctivo fiscal que dome a un IPC cada vez más díscolo, la prioridad es cerrar déficit. Y para eso, los caminos no son muchos: bajar gastos o subir la recaudación impositiva. Lo primero se va logrando con la licuación gracias a la inflación creciente: jubilados, contratistas y asalariados públicos van corriendo de atrás a los precios. Pero no alcanza. Entonces, se echó mano a la idea de gravar “por única vez” a la supuesta renta extraordinaria que produjo el cismo económico global. Se convertiría, según el Vademécum Tributario Argentino, un exhaustivo análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el tributo número 166 de la legislación argentina.
Alerta. Las alarmas se encendieron en los sectores que suponen terminarían como contribuyentes del impuesto, una praxis que la política económica de los últimos dos años terminó convalidando ideas locas de francotiradores legislativos. Y el primer argumento fue, justamente la excesiva presión impositiva además de la cantidad de tributos existentes. Justamente el economista Nadin Argañaraz, director del IARAF, sostiene que no hay que confundir la cantidad de tributos (que son impuestos, tasas y contribuciones, tanto a nivel nacional como provincial y municipal) con la presión impositiva, definida como la relación entre la recaudación impositiva y el producto bruto interno de un país. “Podría darse el hipotético caso de un sistema que funcione con muy pocos impuestos pero que igual ahoguen al contribuyente”, aclara.
Lo curioso de la radiografía que realiza el IARAF es que entre 12 tributos logran concentrar el 91% de la recaudación total, mientras que los otros 153 se reparten sólo el 9% restante. Entre esa docena que más recauda, aparecen 10 del orden nacional (incluyendo el IVA, las contribuciones y los aportes a la seguridad social; ganancias de empresas y sobre personas, entre otros) uno provincial (Ingresos Brutos) y uno municipal (la tasa de inspección de Seguridad e Higiene).
Argañaraz observa que ante situaciones infrecuentes que se dan en el mundo (guerra, pandemia, etc.), se generan cambios de precios relativos, transferencias de rentas, inflación, “que amerita una discusión social seria para ver cómo se pueden enfrentar. Y eso pasa en cualquier país del mundo, también en Argentina. Está claro es que hace falta seguir generando recaudación y eso desata un gran debate en cualquier lugar”, sentencia. Por su parte, el economista Roberto Vassolo, profesor e investigador del IAE, agrega que el problema no es el número en sí de impuestos sino la complejidad de su aplicación, que genera, sobre todo para las Pymes, una carga extra de trabajo y menos foco en su negocio.
Abusos. Para agravar el panorama, se puede agregar la inflación, pensada ya como un impuesto sobre acreencias o saldos inmovilizados y que algunos estiman entre 3 y 4% del PBI, según el sector y la tasa de aumento del IPC. “El gasto ya está cercano al de los países desarrollados por lo que la brecha con la recaudación se tiene que cubrir de alguna manera: emitiendo o endeudándose”, deduce. Sin embargo, cree que lo peor que tiene el sistema tributario argentino es que por diseño, la presión impositiva sobre las empresas es muy elevada y eso “dinamita su competitividad regional y mundial”.
Arriesgando un factor dinámico, subraya que dicha presión termina constituyendo “una enorme barrera para aumentar la inversión y mejorar el empleo de calidad. No es definitivo, porque se precisan otras medidas adicionales, pero no colabora”, concluye.
El tributarista César Litvin refuta el principal argumento de la “renta inesperada” y sostiene que la discusión que se genera abre un espacio de reflexión acerca de la vinculación entre el Estado y los contribuyentes. “En primer lugar, hay que recordar que ya existe una tasa que grava las rentas de las empresas y es del 35% pero que llega al 39,55% en el caso de los dividendos distribuidos, lo que ya da al Estado un porcentaje de esa eventual utilidad adicional”, razona. También suma el hecho que muchos de los sectores que supuestamente se vieron beneficiados con la volatilidad de algunos precios, no necesariamente se han visto favorecidos porque hay que considerar cuándo se efectuaron las ventas, el alza de los costos internacionales y, además, quizás la buena suerte de este año sirva para mitigar las malas rachas anteriores. “La actividad empresarial también está plena de pérdidas inesperadas”, enfatiza.
En segundo lugar, Litvin señala que la tasa con la que ya se gravan las utilidades de las empresas es una de las más altas del mundo y está al tope de la región, según el último estudio realizado por el Banco Mundial: el promedio mundial está en el 41% y el Estado argentino se lleva el 106% de las utilidades en total. Y a todo esto, le agrega la tradicional desconfianza sobre la eficacia en la utilización de los recursos obtenidos por los distintos gobiernos con lo que recaudan, lo que alimenta la resistencia a seguir aumentando alícuotas o expandiendo el número de tributos. “Su proliferación también es un indicador de la ineficiencia de la administración porque se necesita esa cantidad para poder recaudar más”, cierra.
El futuro. Esta vez, los compromisos asumidos con el FMI llevarán a debatir la necesidad de aumentar la recaudación. Para las empresas grandes e insertas en la economía global, su mayor exposición alimentará el trabajo de sus equipos de contadores y abogados expertos en elusión y también de los profesionales que buscan acuerdos que oficien de paraguas tributario. Para las más chicas, carentes de este tipo de ventaja oficial, sería una invitación a incrementar su grado de informalidad para amortiguar el impacto de la presión impositiva creciente. La polea productiva para generar empleo, quedará para otra ocasión.
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