Para muchos, Alberto Fernández empezó a pagarle a Cristina Kirchner la oportunidad de ser Presidente con este anuncio oficial del proyecto para reformular la Justicia a imagen y semejanza del kirchnerismo. No porque una buena reforma judicial no fuera necesaria, tampoco porque no le interesara al Presidente, pero sí por la falta de timing en medio de una de las peores crisis sociales de la historia. La urgencia por embarcar al Gobierno en tamaño desafío institucional mientras la Argentina da su batalla más dura contra la pandemia, contra los acreedores de la deuda externa y para detener la alarmante sangría económica nacional, sugiere que las prioridades personales del Ejecutivo son otras.
Aunque Alberto Fernández diga que no tiene ni le interesa tener un plan, parece que su Gobierno sí lo tiene, y es el que viene empujando y monitoreando en persona la Vicepresidenta en ejercicio del poder real. Hace unos meses, cuando todo el país estaba a punto de entrar en una larga cuarentena para escaparle al Coronavirus, Cristina Kirchner movilizaba a su tropa en el Congreso para seguir con lo suyo: la lucha contra el Lawfare. Y ahora, que el pico epidémico se aleja de modo alarmante, la reforma judicial ocupa el lugar prioritario de la agenda gubernamental. Todo es tan obvio y desesperado que ya ni se hace el esfuerzo por disimular.
En su mensaje desde Casa Rosada para anunciar el proyecto de reforma, el Presidente apenas atinó a defender su dignidad, con algunas aclaraciones que, miradas de cerca, oscurecen. Alberto volvió a la habitual reivindicación de la figura de su maestro de Derecho Esteban Righi, gesto que repite cada vez que habla de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, como si intentara darse un baño desinfectante en público. Pero el Alberto moderado que no baja sus banderas siempre se olvida de aclarar que su prócer Righi salió eyectado de la Procuración durante la “década ganada”, por su pulseada con el entonces vicepresidente Amado Boudou, quien lo denunció públicamente para salvar su pellejo de los casos de corrupción que lo apremiaban. Casos que el mismísimo Alberto Fernández mencionaba para criticar a Cristina hasta hace poco, aunque ahora Boudou sea considerado un “preso político”, y cuya defensora trabaje para Cristina en un importante rol jurídico en el Senado. Todo queda en familia: por eso el abogado de CFK integra el consejo de notables que, con total independencia, le recomendará al Presidente qué hacer con la Corte Suprema de Justicia.
Como dirían los juristas, la duda sobre la autonomía de Alberto Fernández respecto de su Vice ya se volvió cuestión abstracta. Ahora el rol que importa es el de Sergio Massa, para saber si el proyecto oficial de revolución judicial logrará los votos necesarios o si se convertirá en otra “125”, que le dará a la oposición otra gran oportunidad para unificar fuerzas y plantarse ante la voluntad de poder K. Con las libertades de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri en juego, también podría abrirse un intrincado escenario asimilable al noventista Pacto de Olivos, donde una ambiciosa reforma constitucional cubrió, con un manto de republicanismo antigrieta, los apetitos políticos urgentes de sus gestores. Cualquiera de los dos escenarios pondrían al Presidente frente al espejo de su destino histórico definitivo.
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