Mucho se ha especulado ya sobre las motivaciones de Máximo Kirchner y el Frente de Todos para concretar finalmente la aprobación del impuesto a las mayores fortunas. Falta analizar con más detalle qué piensa hacer al respecto el sector económico al que le toca pagar este “aporte solidario extraordinario”. El abanico de respuestas posibles resulta inquietante.
El establishment podría, más allá de algunas quejas institucionales, acatar el nuevo gravamen sin patalear demasiado, lo cual abre el escenario a tres lecturas políticas. La primera sería que buena parte de la lista se sienta tan afortunada en medio de la crisis que le parezca muy razonable pagar sin chistar el refuerzo fiscal que les pide el hijo de la Vicepresidenta. Si eso es así, cabe preguntarse por qué la dirigencia empresaria no tomó la iniciativa política de proponer, en el momento más incierto de la emergencia pandémica, su propia versión de aporte voluntario extraordinario, lo cual hubiera contribuido a mejorar su crónicamente deteriorada reputación en las encuestas de opinión pública, dato que impacta en el margen de maniobra institucional que los grandes capitalistas podrían ejercer en una eventual mesa de concertación nacional. Terminar quedando como “solidario por la fuerza” es una manera bastante cara de no transmitir vocación corporativa de solidaridad nacional sincera.
Tal vez el acatamiento fiscal de los presuntos “dueños de la Argentina” se produzca simplemente por miedo a las represalias formales e informales del kirchnerismo en el poder. Al margen del costo-país que esto implica para una Argentina sin crédito ni inversiones internacionales suficientes, semejante sumisión empresarial denota una estado de flojera ideológica muy alineada con la derrota electoral que hace menos de un año sufrió la parte macrista de la grieta nacional. En este sentido, Máximo Kirchner no está haciendo otra cosa que monetizar desde el Estado la debilidad de base que mostró el proyecto de Cambiemos desde su llegada a la Casa Rosada: Mauricio Macri nunca logró el apoyo del establishment que supuestamente estaba destinado a representar o al menos a interpretar. Esa desconfianza mutua quedó plasmada en letras de molde (como diría Cristina Fernández) con la expresión “círculo rojo” que acuñó el expresidente, cargado de ironía resentida.
Pero también puede pensarse que la pasiva y obediente voluntad de pago de los más afortunados exprese su apuesta histórica a seguir acumulando capital sin abandonar la zona de confort que el peronismo clásico le garantizó desde los tiempos en que Perón era secretario de Trabajo y Vicepresidente de facto: con el fantasma del antiliberalismo mundial soplándole la nuca, el capitalismo justicialista nació a los ojos empresariales como un perro que ladra y hasta muerde un poquito, pero que siempre promete no matar la gallina de los huevos de oro. Los “cuadernos de las coimas”, que todavía quedan flotando en la Justicia, son un ejemplo obsceno de cómo los ricos pueden hallar modos creativos de recuperar bajo la mesa aquello que pierden sobre ella en concepto de nuevos impuestos progresivos nacionales y populares. Y todos contentos, salvo aquellos dueños de pymes que entran por poco al listado del nuevo aporte solidario, y que no tienen ni la espalda, ni los contactos políticos ni los márgenes de maniobra legal para esquivar o compensar los daños del zarpazo fiscal de emergencia.
Sin embargo, queda abierta la posibilidad teórica de que todas las opciones anteriores sean falsas, y que la clase propietaria premium sencillamente se pare de manos con una acción judicial colectiva de rebelión fiscal, como insinuó algún banquero por ahí. Esa movida, comparada en el reciente debate legislativo con “la 125” que hizo temblar en su momento a los Kirchner, le pondría un condimento muy picante al proceso de reforma judicial que impulsa el Gobierno. Y sus derivaciones electorales resultan, a esta altura del calendario, todavía incalculables.
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