Además del llamado “dólar solidario”, ahora se viene el sobreimpuesto “solidario”. Bajo el paraguas discursivo de la solidaridad, Máximo Kirchner le dio el empujón decisivo al impuesto extraordinario a la riqueza, luego de meses de cajoneo que impacientaron a la tribuna cristinista. Con ese aporte forzoso, el heredero de Néstor y Cristina junto al “banquero solidario” Carlos Heller esperan recaudar alrededor de un punto del PBI, cifra que teóricamente le ayudaría a Martín Guzmán a balancear un poco más el estresado presupuesto nacional. Pero, como todo impuesto, no se trata solo de cuentas públicas y causas humanitarias: también es política pura y dura.
Un nuevo impuesto no está ni bien ni mal, solo hay que ver a quién le sirve. En este caso, más allá de los devaluados pesos que se recaudarán, se trata en primer lugar de salvar la dignidad de la línea fundadora del neocamporismo que, desde el fiasco por la fallida expropiación de Vicentín, venía rumiando impotencia respecto de su eterno plan de “ir por todo”. Este aporte extraordinario reclamado a los grandes contribuyentes de Bienes Personales era el símbolo del atraso de la agenda distributiva nac&pop.
Siguiendo con la funcionalidad política de este “impuesto solidario”, el trámite parlamentario de esta ley, que empezará a votarse la semana próxima, servirá como otro hisopado de lealtad para muchos dirigentes señalados como sospechosos por la carta abierta de Cristina Kirchner. Es el caso de Sergio Massa, que tendrá a su cargo el debate inicial en la Cámara de Diputados. También le marcará la cancha a la reforma tributaria integral que anuncia el ministro Guzmán, para recuperar la confianza y reactivar el clima productivo local. En un país más prolijo, la transformación fiscal integral vendría primero, y luego uno de estos aportes extra que se solapan a impuestos preexistentes. Pero estamos en la Argentina, y no en esos ordenados escenarios nórdicos que vemos por Netflix.
También se trata, una vez más, de poner a prueba la capacidad de la oposición para existir como tal. Hay sectores que ya acompañan dócilmente el proyecto oficial, y otros que -complicados por la interna del posmacrismo- todavía tienen que debatir cómo no quedar en off-side con sus bases de sustentación a la hora de tomar posición concreta ante el hecho consumado de la votación de un nuevo impuesto, que el oficialismo se niega a llamarlo “impuesto”, aunque por las dudas se prepara a votarlo como tal, para evitar otro planteo de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Por último -o no tan último-, está el gesto frente al establishment, que en buena medida será quien pague el nuevo aporte. La cuestión no es tanto el impacto en esos bolsillos bastante profundos, sino más bien la pulseada sobre quién manda en este escenario de crisis de legitimidad de las elites dirigentes, que amenaza tanto a los políticos como a los empresarios. Es posible que, más allá del relato de la grieta que reavivará este impuesto, tanto el establishment como el Gobierno terminen empatados, unos acatando bajo protesta el pago extraordinario y los otros devolviendo sigilosamente parte de ese esfuerzo en nuevos subsidios a la industria y el empleo. En el medio de tanto toma y daca quedará, como siempre, Alberto Fernández, el presidente condenado a descubrir, primero que nadie, si la luz al final del túnel nacional es una salida luminosa o un tren imparable que se acerca.
Galería de imágenes
Comentarios