El lavado de manos no solo es el mantra sanitario del planeta. En la Argentina, el Covid-19 también convirtió el acto de lavarse las manos en una herramienta política central para aprovecharse de la crisis. Default, emisión, gasto social no planificado e impuestos sorpresa se instalan sin mucho ruido, mientras la pandemia coloca la imagen positiva del Presidente en niveles de héroe nacional. Incluso los casos de transparencia dudosa en la administración de gastos estatales quedan asordinados por la emergencia infectológica. Todo le queda chico al miedo que infunde el Coronavirus.
Sin embargo, hay un tema que sí parece comportarse como una peligrosa comorbilidad que se potencia con la cuarentena: es el tema de la liberación de presos. La cuestión ya venía sonando como mar de fondo del nuevo gobierno kirchnerista, que impulsó desde el minuto cero la campaña de liberación de sus llamados “presos políticos”, bajo el paraguas, a veces demasiado amplio, de la lucha contra el Lawfare. Si bien cada preso del viejo elenco K que fue autorizado a volver a su casa generó polémica en las redes sociales e irritación y desconfianza en la ciudadanía no oficialista, el debate siempre quedaba encuadrado en la famosa “grieta”, que ordena mediocremente la pulseada partidaria e ideológica del país desde los tiempos de Néstor Kirchner (y de Mauricio Macri).
Pero la novedad de la liberación de presos comunes como medida preventiva frente al riesgo de contagio en las atestadas cárceles atraviesa la grieta nacional y pone las cacerolas a fuego máximo. No hacen falta encuestas nuevas para adivinar que no todos los votantes del Frente de Todos apoyan que manden a presos comunes a las calles. Mucho menor es el porcentaje de apoyo a esta liberación entre los anti K que hoy apoyan solo a Alberto Fernández, básicamente como líder de la lucha contra la pandemia.
Esto lo sabe el siempre atento Sergio Massa, que fue uno de los primeros en diferenciarse de los sacapresos. También reaccionó rápido Sergio Berni, condenando este tipo de beneficios carcelarios. Incluso Nora Cortiñas, emblema histórico de la militancia por los Derechos Humanos, declaró que prefería que le dieran lavandina para desinfectar sus celdas a los presos que serían liberados para evitar contagios: claro que se refería exclusivamente a los condenados por crímenes de lesa humanidad, no a los demás seres humanos hacinados en plena pandemia. Parecido foco jurídico convoca a la militancia feminista, que empieza debatir hacia adentro si condena toda liberación de presos o solo la de violadores y violentos de género, y si en ese trámite choca o no con la ideología general del oficialismo respecto de los derechos humanos en el ámbito carcelario. El doble estándar acecha detrás de cada caso de un preso liberado que conmueve a la opinión pública por estas horas.
Enojado primero y asustado después, el Gobierno apeló a la originalísima idea de echarle la culpa a los medios de comunicación. El Presidente denunció una “campaña” y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, se quejó de que se “magnifica” el problema. Pero como ambos sospechan que esa estrategia no alcanzará para apaciguar los ánimos caceroleros, se sumaron al argumento que ya había esgrimido Axel Kicillof, apelando a la noción institucionalista de la división de poderes, convicción que el kirchnerismo no siempre hace suya. Pero esta vez, sí: corresponde a los jueces hacerse cargo de estas decisiones y sus consecuencias, no a los poderes ejecutivos nacional o provincial. Muy lindo, siempre y cuando se lo crea la mayoría.
Tal lavado de manos no parece suficiente para proteger del contagio de responsabilidad política al Presidente y al oficialismo en general, si se pone la lupa en algunos protagonistas que asoman en este episodio tribunalicio. Por ejemplo, el juez de Casación bonaerense Víctor Violini acaba de justificar vía Twitter su habeas corpus colectivo para 2300 presidiarios: su militancia judicial en el bando K no está para nada disimulada en su timeline, al punto que la propia Cristina Kirchner citó y legitimó desde su cuenta un tuit del juez.
Más allá de la simpatía partidaria que cualquier magistrado tiene derecho a tener y a no ocultar, el caso Violini es un indicio más que alimenta la certeza general de buena parte de los argentinos de que la ideología del Gobierno nunca se sale del espectro del garantismo, con sus distintos grados y matices, pero garantismo al fin. Eso no es bueno ni malo per se, por eso está sujeto a un lógico debate público. La cuestión es si al Presidente le conviene abrir esta caja de Pandora en un momento de encierro colectivo obligatorio, que ya está colmando la paciencia de la mayoría. Millones de argentinos encerrados por el miedo al virus, ¿aceptarán ahora enfrentar el regreso de otro miedo -a la inseguridad criminal-, temor que parecía mitigado por los efectos secundarios de la cuarentena? Las primeras respuestas se empiezan a conocer hoy, en una noche para alquilar balcones.
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