Dr. Ivan Plastina: “La inteligencia artificial frente al ciberdelito implica oportunidades y riesgos para la justicia penal”

Los delitos informáticos se consolidaron como una de las principales preocupaciones del derecho penal contemporáneo. Ataques de ransomware, estafas digitales, intrusiones en sistemas críticos, robo de identidades y maniobras con criptoactivos integran un escenario criminal en constante transformación. En ese contexto técnico y dinámico, la IA comenzó a ocupar un rol central tanto en la investigación estatal como en la estrategia de los abogados defensores. De este modo, deviene la importancia de entender que la inteligencia artificial frente al ciberdelito, implica oportunidades y riegos para la justicia penal.

La complejidad probatoria es evidente: enormes volúmenes de datos, registros de conexión, comunicaciones cifradas, direcciones IP, billeteras virtuales y dispositivos secuestrados desafían los métodos tradicionales. Las herramientas de IA permiten procesar millones de elementos, detectar patrones, reconstruir secuencias de ataques y vincular identidades digitales en tiempos reducidos.

Para la defensa, este cambio es sustancial. El análisis de discos rígidos o sólidos, teléfonos incautados y tráfico de red ya no dependen únicamente del trabajo manual de peritos. Algoritmos forenses ayudan a identificar archivos relevantes, inconsistencias en la cadena de custodia, alteraciones temporales sospechosas o conclusiones técnicas discutibles de la acusación. También se emplean sistemas para estudiar tendencias jurisprudenciales, estándares probatorios y criterios judiciales en materia de ciberdelitos, anticipando escenarios en un campo donde la legislación suele ir detrás de la innovación tecnológica.

Desde el Estado, fiscalías y fuerzas especializadas incorporan soluciones automatizadas para rastrear movimientos en blockchain, detectar ataques coordinados, cruzar información internacional y priorizar incidentes de alto impacto. La promesa es clara: investigaciones más rápidas frente a amenazas globales y sofisticadas.

Sin embargo, la utilización de inteligencia artificial plantea desafíos relevantes para el debido proceso. Cuando una imputación se apoya en modelos algorítmicos, la defensa debe conocer los criterios aplicados, los márgenes de error y la intervención humana en esas conclusiones. La opacidad tecnológica resulta incompatible con el derecho a una defensa efectiva. Además, los riesgos de sesgos y falsos positivos son significativos: en delitos donde la atribución de responsabilidad es compleja, un error puede derivar en imputaciones de enorme impacto personal y empresarial.

La regulación y los estándares probatorios ocupan un lugar central. La validez del software forense, la auditoría de sistemas automatizados, el peso de informes generados por IA y la protección de datos personales son cuestiones aún en construcción, pero decisivas para el futuro del derecho penal informático.

Para los penalistas especializados, el desafío es combinar formación jurídica con comprensión técnica: impugnar peritajes digitales, examinar algoritmos de atribución, verificar hashes y metadatos y elaborar pericias independientes se vuelve parte cotidiana del litigio.

La clave está en evitar dos extremos: confiar ciegamente en la tecnología o frenar la innovación por temor a sus riesgos. Entre ambos polos, la justicia penal debe preservar garantías, aumentar el control judicial y someter toda herramienta tecnológica a estándares verificables. Solo así la inteligencia artificial podrá fortalecer —y no debilitar— la legitimidad del sistema penal en la era digital.

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