Hugo Tomei, el abogado de los rugbiers imputados, ensayó múltiples estrategias como defensa de los 8 jóvenes. En la primera de las audiencias, que iniciaron el 2 de enero y terminarán el 31, Tomei argumentó que los fiscales del caso, Verónica Zamboni y Walter Mercuri, nunca informaron a los jóvenes cuáles eran los cargos por los cuales se los acusaba, y eso les impidió ejercer el derecho a defensa. Los jueces no hicieron lugar al pedido.
A mediados de 2021, Tomei presentó un recurso extraordinario para reclamar el fin de las prisiones preventivas de los jóvenes, ya que, según su argumento, a los acusados no les respetaron sus derechos “a ser oídos”, dado que la fiscal Verónica Zamboni reconoció haberles comunicado su imputación “a los 10 a la vez, en forma masiva”.
Siguiendo este argumento, Tomei afirmó que la Fiscalía “a todos les imputó la misma conducta cuando después describió distintas acciones”. Además, acusó a la fiscal Zamboni de “exponer” a los rugbiers “ante un estado de total indefensión frente a la aparente actuación de la defensa oficial”.
Para la Suprema Corte de Justicia bonaerense el planteo de Tomei fue “inadmisible”, y lo rechazó. “Más allá de las dogmáticas alusiones a un ‘estado de indefensión’ y la vulneración del derecho a ser oído, no demostró la existencia de un cambio sorpresivo que hubiera obstaculizado el derecho que —de manera genérica— aduce vulnerado”, especificaron los jueces. Además, agregaron que Tomei tampoco explicó qué defensas se vio privado de ejercer, lo cual hace que la impugnación sea considerada “insuficiente”.
A fines de febrero de 2022, Tomei denunció a Zamboni por presunta falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad a los acusados. La estrategia se fundaba en que, según el abogado, en el comienzo de la causa hubo irregularidades en las actas de las declaraciones indagatorias tomadas a los imputados luego de su detención. Gracias a esta estrategia, la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Dolores aceptó que los rugbiers acusados fueran considerados “particulares damnificados”.
Otra de las estrategias en la que la defensa de los rugbiers incurrió fue negarse a que los imputados fueran sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral. La decisión se amparó en que, según explicaron, no confiaban en la investigación en que los rugbiers sufrían una “persecución mediática”, promovida sobre todo por el abogado de la familia Báez, Fernando Burlando.
“No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa”, manifestó Matías Benicelli, uno de los imputados, a través de un comunicado presentado por Tomei. También Enzo Comelli y Máximo Thomsen se negaron a la pericia argumentando de forma similar a Benicelli.
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