Domingo 2 de octubre, 2022

SOCIEDAD | 14-08-2022 00:14

Caso Saulo Rojas: suicidio en una granja para adictos

Por primera vez, la Justicia dictó condena por la muerte de un paciente terapéutico.

El lunes 8 fue un día histórico. Por primera vez desde que se promulgó la Ley de Salud Mental en el 2010, la Justicia argentina dictó una condena por la muerte de un paciente. Se trata de Saulo Rojas, por cuyo suicidio el Juzgado Correccional 4 de San Isidro acaba de condenar a Ángel Oscar Suñez, ex empleado de la Comunidad San Camilo, a tres años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para controlar personas internadas en instituciones públicas o privadas.

El suicidio de Rojas, de 23 años, el 14 de junio del 2013, cuando fue encerrado en una celda de aislamiento, en plena crisis de abstinencia y sin insulina -era diabético-, y decidió quitarse la vida con un cinturón, expuso una serie de delitos y crueldades realizados en un submundo con reglas propias: las de las comunidades de rehabilitación clandestinas, donde llegan personas en búsqueda de ayuda, y las familias pagan abultadas sumas de dinero con la esperanza de ahuyentar la angustia de sus seres queridos.

“Mas allá de la sentencia, mi hijo de donde está no va a salir. Pero que esto sirva como principio para traer justicia a tantos chicos que todavía no pueden dormir por las crueldades y abusos que sufrieron”, dice a NOTICIAS Miriam Lucero, mamá de Saulo.

Luego de veinte años de actividad, la Comunidad o Granja de Rehabilitación San Camilo, en Pilar, fue clausurada en el 2017 por el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se conocieron denuncias de maltrato, encierro y abusos sexuales a personas en rehabilitación.

Además de Saulo, hubo otro paciente, Felipe Mariñansky, con retraso madurativo y leucemia, que asistió en un estado de salud muy desmejorado a la guardia del Hospital Evita de Lanús, con un hematoma crónico en la cabeza. Le practicaron un drenaje, entró en coma y murió un mes más tarde. Fue el 3 de junio del 2013, dos semanas antes que Saulo se suicidara encerrado en una celda.

Pablo Galfré es periodista y su libro “La Comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación”, fue clave para que la Comisión Provincial por la Memoria recorriera la granja San Camilo y comprobara “un funcionamiento muy similar al de cualquier unidad penitenciaria, con el agravante de que unas 25 personas habían sido internadas de manera involuntaria”, según declaró en el 2017 el entonces titular del Programa de Salud Mental de la CPM, Luis Onofri.

El libro fue, además, uno de los ejes esenciales para el desarrollo de este juicio, junto al empuje de la madre, Miriam Lucero.

“Sabemos de la existencia de San Camilo gracias a Saulo Rojas. En su alegato, la fiscal Valeria Oyuela pidió que esta causa no se termine con la condena a Suñez, sino que se investiguen los delitos denunciados”, dice Galfré a NOTICIAS.

Infierno. Miriam Lucero llegó con Saulo a San Camilo en el 2012 porque ambos fueron asesorados por profesionales de Mendoza, donde vivía la familia. Les aconsejaron un tratamiento integral, ya que la diabetes de Saulo y el consumo de drogas eran una bomba de tiempo. En Mendoza no había instituciones de este tipo y en el Juzgado de familia le indicaron que uno de los tres lugares posibles era San Camilo, con todos los dispositivos clínicos para atenderlo las 24 horas.

Recién al segundo mes la madre pudo hablar con él por teléfono, pero siempre hubo alguien escuchando por otro aparato. Eso fue una constante. 

Las reglas que tenía San Camilo impedían que Miriam pudiera tener un contacto fluido con su hijo. Esas reglas de premios, castigos, humillación y servidumbre hoy Miriam las describe como un sistema macabro, replicadas en muchas comunidades incluso en la actualidad.

La última vez que vio a Saulo fue en mayo del 2013, y dice que “no era el mismo”. En junio, el miércoles 11, en la conversación telefónica él le confesó: “Mamá, hay tantas cosas que no digo”. El viernes 14, ella lo llamó a las 5 de la tarde, pero no le permitieron hablar. “Está muy demandante y se victimiza todo el tiempo”, le respondieron. Su hijo falleció cerca de las 8 de la noche, y a Miriam le avisaron a las 10 que tuvo un infarto en su habitación. “Gracias a la investigación de Pablo Galfré, supimos la verdad”, dice Miriam.

Suñez, el cuidador condenado, fue el ultimo que vio a Saulo con vida.  

El director de San Camilo, Martín Iribarne, y el director terapéutico, Alejandro Jacinto, estuvieron imputados al principio. Al no tener antecedentes, fueron beneficiados con una probation.

“Lamentablemente, fueron favorecidos por una resolución de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, por lo que no pudieron ser juzgados. Hubiese sido de gran interés para todos que el dueño y el director pudieron haber tenido este juicio”, dice a NOTICIAS Yamil Castro Bianchi, abogado de la familia de Saulo.

El abogado explica cómo pueden evitarse tragedias como la de Saulo en el futuro. “Se necesita un control más activo por parte del Estado, y eventualmente la creación de una guardia judicial, para la asistencia -dice-. Así como una fiscalía penal está abierta las 24 horas, debería haber un juez de familia 24 horas para brindar asistencia en caso de urgencia. Cada vez es más recurrente que el personal policial, por ejemplo, no sepa qué hacer ante alguien con algún problema de salud mental”.

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