En peluquerías, departamentos de barrio y gabinetes sin habilitación, miles de argentinos se someten cada día a procedimientos que solo deberían realizarse en consultorios médicos. Rellenos faciales, rinomodelaciones, bioestimuladores y aumento de labios aplicados por cosmetólogas, cosmiatras y personas sin matrícula médica constituyen uno de los fenómenos más extendidos y menos regulados del sistema sanitario argentino. La médica especialista Cintia Burgos es una de las voces más activas en la lucha contra ese mercado paralelo.
La Sociedad Argentina de Dermatología recibe denuncias a diario: colegas que reportan peluquerías donde hacen depilación definitiva, cosmetólogas que en departamentos particulares aplican rellenos. El fenómeno tiene un nombre técnico: intrusismo médico. Y su alcance es difícil de cuantificar precisamente porque ocurre en la clandestinidad. Peluquerías, gimnasios, departamentos y garajes, maquillados de centros de estética, funcionan sin control sanitario adecuado y ponen en jaque la salud de las personas.
Burgos lleva años utilizando sus redes sociales, entrevistas y espacios de formación para advertir sobre ese riesgo. Su diagnóstico coincide con el de buena parte del sistema médico organizado: cada vez es más frecuente ver a personas sin formación médica realizar procedimientos invasivos que, por ley, solo deben ser llevados adelante por profesionales matriculados y capacitados. "La medicina estética no es solamente aplicar un producto. Se trabaja sobre anatomía, vasos sanguíneos y estructuras delicadas del rostro donde una mala praxis puede generar consecuencias gravísimas", sostienen desde el entorno de la especialista.
El intrusismo médico en el campo de la estética se ha vuelto un fenómeno cotidiano: tratamientos como rellenos faciales o aumento de labios se ofrecen en peluquerías, centros de estética o incluso entre manicuras, espacios donde claramente no hay respaldo médico. Lo advierte también el doctor Oscar Marinacci, especialista en cirugía plástica, quien califica la situación de "un verdadero disparate y un acto de inconsciencia". El problema se agrava porque el paciente muchas veces confunde el título de médico con una especialización en estética, y ahí comienza el verdadero riesgo.
El marco legal es claro pero su cumplimiento, laxo. Todo procedimiento que atraviese la barrera cutánea —inyectando sustancias como rellenos, plasma rico o realizando mesoterapia— debe realizarse en consultorios médicos habilitados. Los cosmetólogos y cosmiatras solo pueden trabajar como auxiliares en dichos procedimientos, donde la responsabilidad le corresponde al médico que coordina el equipo. Sin embargo, la ausencia de controles efectivos habilita un mercado que opera a la vista de todos.
Uno de los factores que impulsa la demanda es el precio. Los pacientes acuden atraídos por publicidad engañosa, promesas de resultados mágicos, inmediatos, sin riesgos y a bajo costo. Junto a la carencia de un organismo de control específico, eso favorece la realización de procedimientos en sitios no acreditados ni avalados por autoridad competente. Lo que no aparece en esas promociones son las posibles consecuencias.
Las complicaciones pueden ser graves e irreversibles. Los rellenos sintéticos pueden ser tóxicos, actuar como cuerpo extraño e inducir reacciones inmunes, granulomas, infecciones, fibrosis y deformidades permanentes. Aunque son raras, la ceguera transitoria o permanente y los émbolos cerebrovasculares figuran entre las complicaciones más devastadoras de las inyecciones en la zona de la frente. Ante una emergencia de ese tipo, una persona sin formación médica no solo no sabe cómo actuar: tampoco cuenta con los medicamentos ni los conocimientos para revertir el daño.
El problema no se limita a quién aplica el producto, sino también a qué producto se aplica. La ANMAT ha detectado y prohibido en reiteradas oportunidades la circulación de insumos sin registro sanitario en centros de estética. En 2023, el organismo prohibió el uso, distribución y comercialización de una marca de ácido hialurónico hallada en un centro de estética por carecer de las inscripciones obligatorias. El producto, de fabricación china, no declaraba importador responsable en la Argentina ni constaba en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. No fue un caso aislado: en 2024, una fiscalía penal porteña intervino en un procedimiento que derivó en el secuestro de múltiples productos sin datos de fabricante ni responsable de importación en el país.
Frente a ese escenario, Burgos impulsa campañas de concientización sostenidas: verificar que quien realiza el procedimiento sea un médico matriculado, que los productos utilizados cuenten con aprobación de ANMAT, y que el espacio donde se trabaja esté habilitado. El mensaje es simple pero cuesta instalarlo en un mercado que vende transformaciones instantáneas a precios de liquidación. La ausencia de regulación puede motivar la explotación no ética ni científica de prácticas médicas estéticas, movilizadas primordialmente por el afán de lucro de quienes las promueven o practican.
La posición de Burgos no es una cruzada solitaria ni una disputa gremial. Es, ante todo, una advertencia sanitaria: detrás de cada tratamiento existe un acto médico. Y un acto médico mal ejecutado puede costar la cara, la vista o la vida.
por R.N.
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