La vicepresidenta Cristina Kirchner fue la primera en tunear el concepto de "lawfare" y adaptarlo a la realidad argentina como una persecución judicial a los políticos opositores. El Papa se escandalizó por lo mismo cuando cuestionó "el uso arbitrario de las prisiones preventivas". Oliver Stone vino a filmar un documental sobre el tema y el fiscal Federico Delgado, un hombre incuestionable de la Justicia federal, afirmó que, en la Argentina, el "lawfare se ha transformado en el armado de causas y en el abuso de las prisiones preventivas". Es decir, el uso de procedimientos legales como excusa para hacer cosas ilegales.
Sin ponerme a discutir si lo que dice la vicepresidenta es cierto o no para los casos de corrupción de su gobierno, está claro que cuando las mañas de la Justicia llegan a los poderosos se plantean las grandes reformas judiciales, como acaba de hacer el presidente Alberto Fernández. Y el poder político se rasga las vestiduras por el mal funcionamiento del sistema. Sin embargo, existe un "lawfare" pindonga y cuchuflito del que nadie habla y del que nadie se preocupa: el de los pobres que están en las cárceles.
En la provincia de Buenos Aires, hace años, que ya no sorprende el armado de causas y el abuso de las prisiones preventivas. Es cosa de todos los días encontrarse en Tribunales con armas, drogas o testigos plantados en un expediente por parte de la policía, que la Justicia, muchas veces, deja pasar. En causas resonantes, como por ejemplo, el caso Candela, que el poder político necesitó resolver con urgencia para mostrar eficacia, los culpables no son los que están presos.
En los últimos cuatro años, la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires pasó de 38.000 a 52.000 detenidos. Alguien podría afirmar que este aumento del 36% se debe a una mejora en la persecución del delito. Eso estaría bien si no fuera porque hay otra estadística que demuestra la existencia de un "lawfare" clase B: 3 de cada 10 procesados terminan absueltos. Lo que quiere decir que mucha gente, durante meses o quizás años, hasta que logró una condena efectiva, estuvo tras las rejas pese a ser inocente. Un porcentaje enorme para el concepto de justicia que debería avergonzar a los tres poderes del Estado.
Hoy, los presos de una docena de penales bonaerenses hacen huelga de hambre por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran. Las celdas están saturadas, no tienen agua, colchones, medicamentos ni comida. Es cierto que ellos no son los que desfilan por Comodoro Py. Ni los que siguieron manejando canales de TV mientras estaban detenidos. Son el "lawfare" del conurbano profundo. Ese al que a nadie le interesa escuchar.
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