“Marchamos y le gritamos ´yuta, basura´ a la policía, y pedimos justicia por ella”, detalló a Milagros, amiga de Úrsula Bahillo (18), la joven asesinada a puñaladas el lunes 8 en la localidad bonaerense de Rojas. El acusado, su ex pareja, el efectivo de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez. Un femicidio más que tiene un asesino y otra víctima que fue completamente desprotegida por un sistema judicial aún colmado de fallas.
La plaza San Martín, de la localidad ubicada al noroeste de la Provincia, es el lugar elegido por los vecinos de Rojas, que lloraban, gritaban y pedían justicia frente a la comisaría local. A metros de la comisaría en la que, la noche del martes, durante una brutal represión policial, una joven que protestaba cruzada de brazos frente a los policías recibió un balazo de goma a quemarropa en la cara que, por milímetros, no le causó la pérdida de un ojo.
Los vecinos de Rojas no sólo reclaman por el asesinato de Úrsula, sino que piden que haga algo concreto con la inacción de las fuerzas de seguridad y de la Justicia, un factor común en la mayoría de los femicidios. Una inacción que, en muchos casos, se convierte en temor a la posible represalia de parte del hombre denunciado. Sin ir más lejos, Úrsula denunció 18 veces a su ex pareja por violencia de género y amenazas de muerte, hasta tenía una orden de restricción a su favor que fue “violada por Martínez incontable cantidad de veces”, según reveló la madre de la joven.
Fallas que terminan en femicidio
Qué instancia del Estado falla cuando una mujer que denunció a su victimario (más de una vez) por violencia de género termina asesinada sin que se haya hecho nada por protegerla. “Lo que falló fueron las medidas de protección y el riesgo real que atravesaba la víctima. Cuando hacemos una denuncia por violencia de género, los elementos preventivos tienen que ser acorde a los riesgos que enfrenta la denunciante. Pero si además quienes articulan estos dispositivos, que son los agentes de seguridad, están implicados (ya sea siendo partes o encubriendo), el riesgo es altísimo”, aseguró Jimena Gibertoni, integrante de la Red de Abogadas Feministas.
El accionar de las fuerzas ante una denuncia es uno de los elemento claves ante hechos de violencia de género a la hora de evitar desenlaces trágicos. Sin is más lejos, los amigos y familiares de Úrsula detallaron que, un sábado, la joven no había podido hacer la denuncia tras una de las últimas amenazas de su victimario porque la Comisaría de la Mujer estaba cerrada. “Cuando se hace una denuncia en donde está en riesgo la integridad psicofísica de la denunciante, la Justicia debe otorgar medidas de protección de manera urgente: botón antipánico, refugio, perimetral y consigna policial, entre otras. Y frente a una violación de la perimetral lo que se constituye es el delito de desobediencia. Ante esto, la Ley Nº 26.485 establece diversas sanciones y su fin principal siempre es el de controlar la eficacia y el seguimiento de las medidas otorgadas”, detalló Gibertoni.
Un hecho que se conoció tras la muerte de Úrsula, que pone aún más la mirada sobre la inoperancia de la Justicia, es el de Belén Miranda, también ex pareja del asesino Martínez, ya que la joven tiene prevista para el 18 de abril la resolución de la Justicia en un juicio oral contra Martínez, acusado de amenazas agravadas por portación de arma de fuego. La joven había tenido contacto con Úrsula días antes de ser asesinada. "Si me pasa algo, ya sabés que él me mató", le escribió Úrsula a Belén por WhatsApp.
No lo puedo creer 😔 pic.twitter.com/MpIxCKqFCm
— Belén (@BelenMiranda17) February 9, 2021
El fiscal de la causa, Santiago Terrón, aseguró que los próximos pasos serán claves para poder reconstruir el femicidio: “Las cámaras, los teléfonos son claves para la reconstrucción”. El problema de la Justicia es que, como ha pasado en la mayoría de los femicidios, y el de Úrsula no es la excepción, empieza a actuar tarde, cuando la denunciante ya fue asesinada.
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