Una toma en las vías de la estación Victoria, en San Fernando, que interrumpió el funcionamiento del tren Mitre por varios días y el conflicto con una comunidad mapuche en Villa Mascardi, en terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, fueron los síntomas más resonantes de una problemática que se intensificó en las últimas semanas y que generó posiciones encontradas en el Gobierno.
Aunque los casos son distintos -en la Provincia acecha una crisis habitacional importante y en Villa Mascardi hay un reclamo de tierras ancestrales- la respuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación fue, para muchos, demasiado tolerante con una situación que amenaza con desbordarse y que incluye otros delitos como, en el caso del Sur, la reventa de esas tierras. En el conurbano, en los últimos dos meses, hubo aproximadamente 315 desalojos en intentos de toma.
La desactivación nocturna de estos delitos que emprendió Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense es, hasta ahora, la única acción estatal que se realizó frente a la ocupación ilegal de terrenos, distanciándose así de la postura de su par de Nación.
Si bien Sabina Frederic reconoció después de varios días que “las tomas son ilegales”, considera que “hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”.
Mientras las diferentes líneas del Gobierno se contradicen en cómo resolver este conflicto, los vecinos reclaman una respuesta estatal más contundente, como expresaron en las manifestaciones de Villa Mascardi.
Internas
Desestimando la postura de Frederic, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sugirió que se podrían quitar los beneficios del Estado a quienes hagan tomas: “Sino, es como que cada uno hace lo que quiere. El Estado tiene que hacer cumplir la ley y desalojar".
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue menos tajante que Massa. Afirmó que detrás de estas acciones “hay una necesidad” y que "tiene que haber una respuesta del Estado con programas y planes", aunque luego admitió que las usurpaciones son ilegales.
Los intendentes peronistas le reclamaron: “No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite”.
En Río Negro la postura mediadora de Frederic preocupa. Fuentes cercanas al gobierno de esa provincia señalaron a NOTICIAS: “Para los vecinos, el Gobierno nacional está siendo muy tolerante porque estamos al borde de un conflicto entre vecinos y de tener una tragedia”. Y denunciaron a Frederic por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que en la zona se sucedieron varios hechos de violencia contra propietarios.
Desde el Ministerio de Seguridad nacional, sin embargo, rechazan la idea de un abordaje que vaya al choque. “El gobierno anterior lo quiso abordar de esa manera, fracasó rotundamente y no lo resolvió. Los costos de estas situaciones terminan siendo altos para la política, muchas veces terminan teniendo costos humanos”, dicen.
También te puede interesar
Galería de imágenes
Comentarios