Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta), pidió la elevación a juicio del caso por el que está detenido Nelson Leonardo Cositorto, por considerarlo autor de "118 hechos de estafas reiteradas en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador".
Y también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, a quienes consideró autores de la misma cantidad de hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real. ¿Cuáles eran los roles de casa uno? Según el trabajo de los investigadores, los roles estaban asignados de la siguiente manera:
- Leonardo Cositorto: era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con inversionistas y se encargaba de recolectar el dinero que entraba via trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias.
- Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos.
- Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe. Recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
- Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta.
- Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y conferencias para captar a las víctimas. Se encargaba de difundir la financiera por diferentes medios.
La investigación de la fiscal Salinas Odorisio estimó que la suma total del perjuicio ocasionado asciende en Salta a 5.682.500 pesos y 574.120 dólares. El modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados "membresía educativa"), cuyo importe oscilaba entre los 500 y 1.000 dólares.
Generación Zoe les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Al día siguiente de abonar la "membresía", al usuario le figuraba en su perfil on line, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa.
Pero el contrato rubricado tenía una duración de tres años, y si el aportante decidía retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo ningún retiro antes del plazo de un año. Una estafa piramidal que se maquillaba con supuestas inversiones en criptomonedas ficticias.
por R.N.
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