"Quiero ser un gato más, pero un gato del bien ¿Dónde están los gatos del bien?", con esas palabras Malena Pichot respondió la interrogativa de Danila Saiegh en el ciclo de Futurock transmitido desde las inmediaciones del Congreso, en plena marcha de protesta contra la llamada Ley de Tierras, propuesta por el gobierno nacional. La humorista haciendo referencia a una recordada frase de Elisa Carrio dio a entender su predisposición a meterse en la arena política para las elecciones generales de 2027, al mismo tiempo que agradeció a los "políticos del bien" que frenaron parte del proyecto oficialista.
La dirigente de la Coalición Cívica había pronunciado esa expresión el 11 de septiembre de 2024 durante una entrevista periodística, comentando que veía "gatos sentados en las bancas" del Congreso de la Nación. Por supuesto, la palabra referida fue utilizada como un término despectivo de la jerga popular para referirse a personas que antes cumplían roles de acompañantes, para luego pasar a ser asesoras y finalmente terminaron ocupando bancas como diputadas. La declaración generó una fuerte repercusión mediática, con respuestas de parlamentarias que consideraron la expresión agraviante, mientras que Carrió sostuvo que su denuncia apuntaba a la existencia de operadores y lobbistas que buscaban condicionar las decisiones parlamentarias.
Los dichos de Pichot fue retomado en el contexto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero conocida públicamente como "Ley de Tierras", que llegó al recinto con importantes modificaciones producto de intensas negociaciones entre el oficialismo, bloques dialoguistas y gobernadores. El Gobierno necesitaba garantizar el quórum y reunir una mayoría simple para evitar una derrota legislativa, por lo que durante las horas previas aceptó introducir cambios relevantes en el texto.
La principal modificación consistió en la eliminación completa del capítulo que derogaba las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Ese apartado había generado el mayor rechazo tanto entre la oposición como entre algunos aliados del oficialismo, que advertían sobre el impacto que podía tener en zonas de frontera, recursos naturales estratégicos y territorios productivos. También fue retirado el artículo que flexibilizaba las limitaciones para modificar el uso de suelos afectados por incendios, otra disposición que había recibido cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y especialistas en derecho ambiental.
Durante el debate, los senadores oficialistas defendieron el resto del proyecto argumentando que buscaba fortalecer la protección del derecho de propiedad, acelerar los desalojos frente a usurpaciones y otorgar mayores garantías jurídicas a los propietarios. Desde la oposición, en cambio, se sostuvo que la iniciativa mantenía aspectos controvertidos pese a las modificaciones y se cuestionó el tratamiento legislativo, señalando que varios cambios fueron introducidos pocas horas antes de la votación definitiva. Las intervenciones se extendieron durante varias horas y estuvieron atravesadas por fuertes cruces políticos sobre el alcance de la propiedad privada, la protección ambiental y el rol del Estado en la regulación del territorio rural.
Finalmente, el oficialismo consiguió reunir la mayoría necesaria y el proyecto fue aprobado en general por 37 votos afirmativos contra 33 negativos, luego de una negociación que modificó sustancialmente el texto originalmente enviado al Congreso. La media sanción representó un alivio para la Casa Rosada, aunque también dejó en evidencia que el Gobierno debió resignar dos de los ejes centrales de la iniciativa para evitar una derrota parlamentaria. Con ese resultado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo, mientras que el debate sobre la eventual flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros y los cambios vinculados al uso del suelo quedó, al menos por ahora, fuera del texto aprobado por el Senado.
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