Empecemos por lo básico: Nunca propuse prohibir que personas sin cargo opinen sobre política. Ese titular no surge de ningún proyecto presentado y tampoco se desprende de mis últimas declaraciones. Hace unos días presenté una iniciativa para transparentar el funcionamiento de los algoritmos y el impacto de los entornos digitales en la salud mental, especialmente de jóvenes. Es una agenda que busca más información, más herramientas y más ciudadanía crítica, no menos participación. Planteo una agenda para discutir con seriedad cómo funcionan los algoritmos, cómo circulan los contenidos manipulados y qué impacto tienen los entornos digitales sobre la salud mental, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.
Reducir ese debate a una supuesta intención de censura no solo desinforma, sino que banaliza un problema serio: el modo en que los algoritmos amplifican contenidos nocivos, distorsionan la conversación pública y afectan la vida cotidiana de miles de personas.
La libertad de expresión no está en discusión. Lo que está en discusión es si vamos a seguir naturalizando que la mentira circule más rápido que la verdad, el agravio pese más que los argumentos y el ruido reemplace al debate. Mi posición es clara: más participación, más debate y más ciudadanía crítica y también más responsabilidad a la hora de entender cómo se construyen esas conversaciones en el entorno digital.
En una reciente entrevista hablé de "los nadies". Reconozco que fue una expresión poco feliz, pero en ningún momento busqué descalificar a las personas que participan en redes sociales ni mucho menos cuestionar su derecho a opinar. La participación ciudadana es un valor central de la democracia y las redes han ampliado ese espacio de expresión.
Cuando hablé de fenómenos virales o conversaciones que ocupan espacio en la discusión, lo hice para marcar un problema real: la capacidad de los entornos digitales de instalar temas, desplazar debates relevantes y generar dinámicas de amplificación que no siempre son espontáneas. Tomar una conversación, recortar de manera engañosa una frase, convertirla en una caricatura y viralizar una mentira flagrante no es informar. Es degradar deliberadamente la conversación pública.
Cuando la reacción frente a eso es una catarata de insultos, ataques personales y desvíos, lo que queda en evidencia es justamente el problema que estamos señalando: Mientras se discute una palabra, se evita abordar lo importante.
Estamos hablando de cómo ciertos entornos digitales incentivan el escándalo, premian la simplificación extrema y dificultan cada vez más sostener un debate público honesto, informado y democrático. Defender la calidad de la conversación pública no es callar voces. Es exactamente lo contrario: es exigir más transparencia, más responsabilidad y menos manipulación.
También implica una responsabilidad mayor para quienes tenemos representación en ámbitos legislativos y deja en evidencia la importancia de elevar el nivel del debate, y evitar degradarlo. Queremos seguir trabajando en pos de una ciudadanía más libre frente a sistemas que muchas veces condicionan, distorsionan y empobrecen la conversación colectiva.
Porque los verdaderos invisibilizados no son quienes tienen visibilidad y capacidad de instalar agenda, sino quienes todos los días quedan afuera de la discusión: trabajadores, jubilados, personas con discapacidad, docentes, investigadores.
La ciudadanía merece un debate serio sobre los problemas reales que afectan su vida cotidiana. Y merece, sobre todo, no ser arrastrada a una polémica artificial construida sobre una falsedad.
(*) Diputada bonaerense de la Coalición Cívica
por Romina Braga
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