El crédito como política de casta

El anuncio del 1 de marzo de Javier Milei durante la inauguración del período ordinario del Congreso acerca de que había llegado "el momento de abrazar la moral como política de Estado" fue seguido de los mayores escándalos del gobierno. El último de los episodios es el que compromete a legisladores, militantes y funcionarios políticos del partido oficial a los que se le asignaron créditos voluminosos en el Banco Nación.

Conviene no mezclar dos planos que suelen confundirse en este debate: el ético y el moral. La moral pregunta si alguien hizo algo malo. La ética pregunta si alguien debería haber estado en condiciones de hacerlo. Son preguntas distintas, y la segunda es más exigente. Los romanos lo sabían antes de que existiera la ciencia política: la mujer del César no solo debe ser honesta, debe parecerlo. No porque la apariencia valga más que la realidad, sino porque en el ejercicio del poder público la apariencia es parte de la realidad. La confianza institucional no sobrevive a la sospecha permanente, aunque ninguna sospecha se confirme jamás.

Por eso las democracias modernas no regulan solo conductas: regulan situaciones que despejan la posibilidad de sospecha y obvian la necesidad siquiera de investigar. No esperan a que un funcionario tome una decisión corrupta para actuar; le prohíben estar en la posición desde la cual esa decisión sería posible. Si Adorni mañana se compra la Casa Rosada y la escritura se la firma Karina Milei, nos encontramos ahí con una incompatibilidad ética y toda argumentación acerca de si el precio estuvo bien y si los papeles tienen todas las firmas necesarias son completamente irrelevantes.

Este gobierno en particular tiene dificultades para diferenciar esto. Incluso incurre en otro gran error pero que no inventó, sino del que es fiel adherente: llevar todo al terreno menos exigente de todos, que es el que más le conviene, que es el penal: si no hay delito no hay nada malo. El sistema penal tiene castigos extraordinarios, por lo tanto tiene garantías extraordinarias. La responsabilidad del funcionario no acaba en la exclusión de una responsabilidad penal donde la duda está de su parte, apenas empieza ahí. El funcionario no debe delinquir, ni cometer actos sospechosos, dudosos, y además debe informar, mostrar, despejar dudas, sobre todo a los "apenas periodistas" que llevan la información a la gente que es la base del sistema político democrático. Si Adorni quiere dar explicaciones solo a jueces, la función pública no es para él.

Con esa lógica, vayamos a la vara que le corresponde a los beneficiados y no a la que les conviene usar. Nos vamos a encontrar con un gran conflicto de interés entre quienes dictan las políticas del banco, establecen las normas por las que se rige y lo controlan y su carácter de clientes deudores del mismo. ¿Qué pasa si la mujer del César tiene dificultades para pagar y necesita renegociar? ¿Tienen plena libertad los funcionarios del banco para tratar el caso? ¿Tienen plena libertad los beneficiarios para actuar en su esfera de responsabilidad en lo que respecta a la institución financiera? No importa la respuesta: la existencia de la duda constituye en sí la incompatibilidad ética. ¿Votarían ahora con libertad los libertarios la privatización del Banco Nación? Solo algunas de las innumerables cuestiones que surgen a partir del caso.

Las explicaciones de algunos beneficiarios acerca de la regularidad de estos negocios no vienen al caso, máxime cuando no se explica por qué no recurren al sector privado. Lo que hace particularmente llamativo es que viene protagonizado por quienes predican que el Estado es el problema. Y partidarios declarados de la Escuela Austriaca de Economía cuyos representantes explicarían, el papá intelectual de Milei Huerta de Soto el primero de ellos, que los préstamos se otorgan mediante expansión crediticia, creación secundaria de moneda, inflación que paga la gente. Eso eleva aún más la vara, o debería elevarla. Esta no es cualquier mujer del César.

Según datos sistematizados por el visualizador ¿Cuánto deben? —desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot con información oficial— al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones de pesos. Pedro Inchauspe, director del Banco Central, encabeza la lista con $510 millones. Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Caputo, obtuvo $475 millones en febrero de 2025, cuando su declaración jurada del año anterior consignaba menos de 20 millones en bienes. Federico Furiase, exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas, figura con $367 millones desde agosto de 2025. Entre los legisladores aparecen Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza, con créditos de entre $225 y $279 millones, y Alejandro Bongiovanni, también diputado del bloque oficial. Ambos integran el cuerpo que dicta las normas que regulan al Banco Nación, supervisa al Poder Ejecutivo y, en última instancia, debería ser el control institucional de todo esto. Ellos deberían estar presentando los proyectos para prohibir esta actividad partidario-crediticia. La lista incluye además a Juan Pablo Carreira, conocido como "Juan Doe", director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, con $112 millones, y a Emiliano Mongilardi, director de YPF, con $309 millones.

Inchauspe dirige el Banco Central, que regula al sistema bancario donde opera el Banco Nación. Furiase, como secretario de Finanzas, forma parte del equipo económico que tiene incidencia directa sobre la política financiera del Estado. Que ambos sean deudores del principal banco público podría tal vez no ser ilegal, pero crea exactamente el tipo de relación que las democracias modernas intentan evitar mediante normas de conflicto de interés. Debiera ser ilegal y desde el punto de vista ético es un desastre. No porque haya necesariamente una decisión corrupta, sino porque la relación misma compromete la independencia y, sobre todo, la percepción de independencia. Los legisladores beneficiados agravan el cuadro: son el eslabón que cierra el círculo. Votan las leyes que regulan al banco, aprueban el presupuesto que lo financia, supervisan al Ejecutivo que lo conduce. Ser deudor de la institución que uno controla no es un detalle administrativo; es la definición misma del conflicto de interés.

En Estados Unidos, la regulación federal prevé explícitamente que las agencias que supervisan bancos pueden prohibirles a sus empleados obtener préstamos de las instituciones que examinan, aunque ese préstamo no afecte técnicamente su patrimonio. La razón es simple: la apariencia de conflicto ya es suficiente para inhabilitarlo. En Filipinas, la Constitución de 1987 va más lejos y prohíbe directamente que bancos estatales otorguen créditos a altos funcionarios —presidente, ministros, legisladores, jueces— durante su mandato. En Corea del Sur, después de un escándalo donde funcionarios de una corporación pública de vivienda compraron terrenos con información privilegiada antes de que fueran anunciados como sitios de nuevos desarrollos, se aprobó en 2021 una ley específica de prevención de conflictos de interés. El patrón es siempre el mismo: cuando el poder político y el acceso a recursos públicos se superponen, las democracias que funcionan ponen barreras. No porque den por sentada la falta de virtud individual de sus funcionarios, sino porque saben que la institucionalidad no puede depender de ella.

*Por José Benegas, escritor y periodista.