La imagen de Nicolás Maduro esposado por fuerzas estadounidenses no es jurídicamente prolija, ni pretende serlo. Es, antes que nada, un hecho político. Y como todo hecho político de alto impacto, obliga a abandonar la comodidad del manual y mirar la realidad tal como es, y no como nos gustaría que fuera.
Sí: la captura de Maduro plantea serios problemas de legalidad internacional. Viola, al menos en términos formales, principios clásicos como la no intervención en asuntos internos de los Estados, la inmunidad de jefes de Estado en ejercicio -aunque EE}.UU. encuentra aquí el lógico argumento de que Maduro no era el gobernante légítimamente electo-, el respeto al debido proceso internacional y la ausencia de un mandato explícito de un organismo multilateral o de una corte internacional.
No hay resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, no hay orden de la Corte Penal Internacional, no hay extradición concedida. Desde el punto de vista normativo, el procedimiento es frágil, discutible y atacable. Pero detener el análisis ahí es, también, una forma de negación.
Porque el multilateralismo existente —no el idealizado en los discursos— hace tiempo dejó de ser una herramienta para defender la democracia y se convirtió en el refugio predilecto de los regímenes no democráticos. Un sistema diseñado para arbitrar conflictos entre Estados terminó funcionando como un escudo de impunidad para autocracias que aprendieron a bloquear, dilatar y neutralizar cualquier mecanismo de control.
El caso venezolano es la prueba más obscena de ese fracaso.
En julio de 2024, la Organización de Estados Americanos fue incapaz de aprobar una resolución mínima: pedirle al régimen de Maduro que publicara las actas electorales de una elección presidencial que, según múltiples observadores -y las actas publicadas por la propia oposición en línea-, había ganado Edmundo González Urrutia. No se pedía una intervención militar, ni sanciones automáticas, ni desconocer resultados: solo transparencia básica.
La propuesta obtuvo 17 votos a favor. Faltó uno. Uno solo. ¿Quiénes bloquearon esa exigencia elemental? Brasil, Colombia y México, que optaron por la abstención o directamente por la ausencia. A ellos se sumaron Bolivia, Honduras y el habitual bloque caribeño alineado con La Habana. No fue neutralidad: fue complicidad política. Ese día quedó claro que el problema no era Maduro. El problema era el sistema regional dispuesto a mirar para otro lado.
Brasil, Colombia y México no son dictaduras. Justamente por eso su rol fue más grave. Avalaron, por acción u omisión, un gobierno que falseó elecciones, persiguió opositores, clausuró medios y vació de contenido cualquier noción de soberanía popular. Lo hicieron en nombre de una supuesta prudencia diplomática que, en los hechos, solo benefició al régimen. Lo hicieron en coincidencia con una mirada ideológica y de conveniencia política, no en pos del "derecho internacional".
No hubo sorpresa con Bolivia o con ciertos países del Caribe, dependientes económica y políticamente de Cuba desde hace décadas. Pero sí la hubo con gobiernos que se presentan como democráticos y progresistas, y que en la práctica operan como garantes externos de una autocracia.
Ese es el punto central que hoy muchos prefieren esquivar: el gen antidemocrático que atraviesa a buena parte de la izquierda latinoamericana. El mismo que relativiza elecciones cuando no gana, que denuncia “lawfare” de manera selectiva y que invoca el derecho internacional solo cuando sirve para proteger a los propios. Ese gen es el que hoy grita “secuestro” frente a la captura de Maduro.
Pero ¿dónde estaba ese fervor jurídico cuando el régimen venezolano desconoció el voto popular? ¿Dónde cuando encarceló opositores? ¿Dónde cuando convirtió al país en una plataforma del crimen organizado, del narcotráfico y de redes armadas que operan en la región, incluyendo guerrillas activas en Colombia con protección política?
El control cubano sobre Venezuela no es una teoría conspirativa: es un hecho operativo. Seguridad, inteligencia, entrenamiento militar y coordinación regional. La misma matriz que explica por qué el régimen de La Habana reacciona como propio ante la caída de Maduro. No se defiende a un aliado: se defiende un engranaje del sistema. Frente a ese panorama, el reclamo de legalidad suena hueco.
No porque el derecho internacional no importe, sino porque fue vaciado desde adentro. Porque se lo convirtió en una coartada para la inacción. Porque se lo invoca para frenar a las democracias, pero nunca para sancionar a las dictaduras. La captura de Maduro no inaugura una era peligrosa. Expone una que ya existe.
Durante años se insistió en que todo debía canalizarse por organismos multilaterales que demostraron ser incapaces de hacer cumplir sus propias cartas democráticas. Se repitió que el diálogo era el camino, mientras el régimen ganaba tiempo, reprimía y consolidaba poder. Se acusó de “exagerados” o “ideológicos” a quienes advertían que Venezuela no era un problema interno, sino un factor de desestabilización regional. Hoy, la realidad se impuso de la manera más cruda posible.
No es un modelo exportable. No es un método deseable. Pero tampoco es un accidente. Es el resultado directo de haber tolerado, durante demasiado tiempo, que el autoritarismo se escondiera detrás de sellos, siglas y comunicados diplomáticos. El multilateralismo no fracasó ayer. Fracasó cuando decidió proteger regímenes en lugar de pueblos. Lo ocurrido con Maduro no es el final de esa historia: es la factura impaga. Y esa factura, tarde o temprano, siempre llega.
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