¿Cómo han convivido un economista con orígenes en la izquierda estudiantil y un médico militar que se define como representante orgulloso de la derecha en el intento por encauzar la seguridad de la provincia más caliente del país? Una de las explicaciones es la que señala la poca diferencia práctica entre los planes de seguridad que han implementado ciertos progresismos y algunas derechas en la región.
Al desprecio tradicional por la seguridad de este progresismo de las apariencias (“problema social” que se soluciona “con educación y trabajo”), que termina por ceder ante el policialismo abrazado por la derecha demagógica, se ha sumado un fenómeno nuevo. La derecha en su versión mediática se ha vuelto meramente discursiva: ya no se preocupa por la eficacia real, ni puede considerarse pro-policial: proclama favorecer a las policías, pero, en los hechos, las enfrenta. Los manoduristas locales no son pro-policiales, antes que nada, porque no saben serlo. Se han mostrado incapaces para construir una policía moderna y profesional. Descuidaron las condiciones laborales de las fuerzas (la precarización va mucho más allá del salario), su formación, su control y la construcción de confianza de la ciudadanía.
Todo se exacerba en la pandemia. Casi 100.000 hombres y mujeres, en su mayoría con formación mínima y descanso minúsculo, herramientas de trabajo insuficientes, obsoletas o autofinanciadas y exigencias ingentes, suman ahora la exposición al virus y al descontento. Además, tienen colegas en otras jurisdicciones que trabajan menos y cobran más, es decir, viven mejor. Cualquier gremio en estas condiciones se solivianta. Cuando es uno que tiene prohibido sindicalizarse, que cuenta con una conducción confundida y confusa, y que, además, porta armas todas las horas de todos sus días, el caos es casi una conclusión lógica.
Algunos de sus reclamos son razonables. Algunos de sus métodos, no. Pero –sin que esto justifique fines ni medios– es ingenuo o capcioso ignorar la responsabilidad de los gobernantes por el caos. Una gestión que vocifera y no escucha, que prohíbe la representación gremial y que anuncia que aplicará mucho dinero a destinos alejados del bolsillo de los policías en actividad, no deja lugar a alternativas simples. Después sí vienen el aprovechamiento de uno y otro lado (los que oxigenan, con pose preocupada, el reclamo; los que sobreactúan la inminencia del estallido que no llega), los anuncios salvadores del Ejecutivo (nacional) y el riesgo de los reclamos en cadena. El tiempo dirá quién ha ganado; ya conocemos a los perdedores.
*Doctor en Filosofía del Derecho, consultor internacional e investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (@TobiasSchleider).
por Tobías Schleider*
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