Será por nostalgia, o porque muchos creen que, con un poco de suerte, podría recuperarse en un lapso sumamente breve, pero a pesar de todo lo ocurrido en las décadas últimas la Argentina aún figura en la nómina del G-20 que, según la prensa internacional, está conformado por los 19 países (y la Unión Europea) “más poderosos” o “más ricos” de la Tierra. Es una ficción, claro está; el producto bruto nacional, y ni hablar del poder, de la Argentina actual es inferior a los de Suiza, Israel, Nigeria, Tailandia y Taiwán, además de varios integrantes de la UE cuyos mandatarios no son invitados a las bien publicitadas reuniones del club, pero parecería que a pocos les preocupa la anomalía.
De todos modos, mientras que otros que asistieron al conclave “de los poderosos” que se celebraba en Roma la semana pasada hablaron del deber de los miembros del G-20 de cerrar filas y ayudar a los subdesarrollados para combatir el cambio climático, Alberto Fernández se concentró en la campaña electoral. Aprovechó la ocasión para embestir contra Mauricio Macri, el FMI y la mezquindad de los países de altos ingresos que no están repartiendo equitativamente las vacunas contra el Covid que ellos mismos producen. Se entiende; para el gobierno kirchnerista, es urgente convencer a todos los dispuestos a prestarle atención de que no es responsable ni del estado ruinoso de la economía nacional ni de un programa de vacunación que fue perjudicado por las preferencias geopolíticas de Cristina Kirchner.
En términos electoralistas, tal prioridad tiene cierta lógica, pero sucede que la negativa oficial a adoptar una política coherente, o sea, “un plan”, hasta que todos hayan coincidido en que el desastre económico es culpa exclusiva de Macri y sus socios imperialistas del Fondo, sólo sirve para agravar una crisis que dista de haber culminado. Puede que, para Cristina, Máximo, Axel Kiciloff y los sabios del Instituto Patria, los debates en torno a la relación con el organismo sean más apasionantes que las noticias alarmantes que les llegan desde el país real, pero por extraño que les parezca, no comparten su opinión decenas de millones de personas de carne y hueso que están sufriendo las consecuencias de la parálisis resultante y que tienen motivos de sobra para temer por lo que podría venir después del 14 de noviembre.
Para muchos kirchneristas, la guerra ideológica que están librando contra el FMI importa mucho más que la economía misma. De tomarse en serio la retórica furibunda con la que personajes como Máximo y, de vez en cuando, Alberto enfervorizan a los militantes, sería mejor que la mitad de la población se acostumbrara a la miseria de lo que sería que Martín Guzmán tuviera que ceder un ápice para alcanzar un arreglo satisfactorio. ¿Están defendiendo una estrategia económica alternativa que a su juicio podría funcionar cuando afirman que nada los hará arrodillarse ante el Fondo? Claro que no. Antes bien, insisten en que rehusar comprometerse con un programa económico que sea lo bastante racional como para merecer la aprobación ajena es un derecho soberano.
Cuando los voceros oficiales aluden a un acuerdo bueno o, cuando menos, aceptable con el FMI, lo que tienen en mente es uno que no los obligue a ajustar nada. Quieren que, además de ahorrarles la necesidad de pagar los intereses de deudas contraídas por el gobierno anterior -lo que violaría uno de los principios fundamentales del orden internacional vigente-, consigan el aval de los países más ricos para continuar aumentando un gasto público que ya es insostenible.
Pues bien: imaginemos por un momento que los dirigentes de los países ricos y los técnicos del FMI se sintieran tan impresionados por la implacable lógica kirchnerista que declararan ilegítima toda la deuda existente y llegaran a la conclusión de que sería positivo que el gobierno se pusiera a agigantar el déficit fiscal e imprimir cantidades aún más astronómicas de billetes coloridos. ¿Sería suficiente para poner en marcha un proceso de crecimiento ultrarrápido que haría regresar el país al lugar en el mundo que ocupaba casi un siglo atrás? ¿O sería que, luego de una fiesta de consumo pasajera, la economía se hundiera bajo un tsunami hiperinflacionario?
Luchar contra el FMI es maravillosamente fácil. Un gobierno puede hacerlo con discursos vehementes, como los pronunciados últimamente por Alberto y Máximo o, en su momento, por Raúl Alfonsín, y grandes movilizaciones callejeras del tipo que aquí son tradicionales. En cambio, luchar contra una crisis económica tan profunda como la que ya ha depauperado el país y que amenaza con agravarse muchísimo en los meses próximos, no es fácil en absoluto. Es por lo tanto comprensible que Alberto, Cristina, Máximo y los demás hayan preferido ensañarse verbalmente con el FMI, y con Macri, a arriesgarse tomando medidas que a buen seguro perjudicarían a una multitud de intereses creados porque serían incompatibles con las estructuras corporativas, propias del “capitalismo de los amigos”, que a través de los años los líderes de la clase política se las han ingeniado para consolidar.
Cuando funcionarios del gobierno kirchnerista se ponen en contacto con representantes de otros países o instituciones internacionales, procuran persuadirlos de que sería de su interés presionar al FMI para que sea menos duro. Aunque muchos políticos e intelectuales del mundo próspero sí quisieran que el organismo tratara con generosidad franciscana a países abrumados por deudas pesadas, entre ellos la Argentina, los menos utópicos o, si se prefiere, más realistas, también manifiestan interés en lo que harían los gobiernos a cambio de un eventual alivio para que en adelante no necesitaran recibir créditos abultados que nunca devolverán. Sin embargo, los kirchneristas siempre se han resistido a revelar lo que estarían dispuestos a hacer para frenar la caída de la economía porque aún no han logrado pensar en algo convincente. Demás está decir que la omisión así supuesta deja perplejos a sus interlocutores foráneos.
Desde mediados del siglo pasado, el consenso populista, compartido por muchos radicales, se basa en la noción de que el resto del mundo, encabezado por Estados Unidos, ve en la Argentina un rival peligroso y procura frustrar todos sus intentos de desarrollarse. No se equivocaron siempre, ya que en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, muchos norteamericanos tomaron a Juan Domingo Perón por un fascista ambicioso con el que les sería muy difícil convivir, pero la mayoría pronto modificó su postura al reemplazarse la inquietud que algunos sentían por el hipotético desafío argentino por la conciencia de que el país se había convertido en una especie de agujero negro que esporádicamente ponía en peligro el sistema financiero mundial.
Aunque sólo fuera por motivos pragmáticos, en la actualidad todos, incluyendo a la gente del FMI, quisieran que, por fin, la Argentina superara su crisis crónica para transformarse en un lugar en que valdría la pena invertir. Así y todo, antes de arriesgarse, los interesados en probar suerte tendrían que asegurarse de que la Argentina es un “país normal” cuyos gobernantes respetan todos los compromisos sin soñar con repudiar los firmados por sus adversarios ideológicos.
Por un rato, Macri consiguió brindar la impresión de que los cambios que prometía no serían meramente cosméticos, pero la ilusión duró poco al hacerse evidente que “gradualismo” significaba conformarse con el statu quo del único país no comunista que se había negado a adaptarse a las circunstancias internacionales, como habían hecho Italia y España, Corea del Sur, China y tantos otros que, hasta hace relativamente poco, eran llamativamente más pobres.
Para el FMI, la Argentina es un problemón. Lo mismo que el gobierno de Alberto, Kristalina Georgieva y su equipo no tienen la menor idea de lo qué debería hacerse para que se mantenga a flote, ya que aquí lo políticamente viable suele ser económicamente suicida.
Todo sería más sencillo si el estado calamitoso de la economía fue el resultado de una catástrofe natural de magnitud descomunal o de una larga guerra, ya que en tal caso los técnicos del Fondo y los líderes de los países ricos podrían organizar un gigantesco rescate internacional, pero en el exterior se da por descontado que la debacle insólita que está protagonizando la Argentina es obra de una parte muy influyente de la clase política cuyos integrantes saben sacar provecho de la pobreza multitudinaria.
Subsidiar el país hasta nuevo aviso no es una opción; hay docenas de otros con sólo una fracción de los recursos de la Argentina que exigirían ser tratados de la misma manera. Tampoco serviría un “plan Marshall”; dicha modalidad sólo puede funcionar en sociedades que han sido materialmente devastadas pero que, como en la Europa de la posguerra, cuentan con un superávit de capital humano, incluyendo el político. Merced al petróleo Venezuela recibió el equivalente de docenas de “planes Marshall” sin por eso salvarse de la ruina.
Si el grueso de la clase política nacional sigue aferrándose al conservadurismo extremo que es una de sus características más notables, lo mismo podría sucederle a la Argentina.
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