El último fin de semana, en el estadio Pedro Bidegain —conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro—, San Lorenzo de Almagro recibió a Independiente en un duelo determinante por la fase regular del Torneo Apertura 2026. El encuentro, disputado el sábado 2 de mayo, terminó con victoria visitante por 2 a 1, en un partido que tuvo implicancias directas en la clasificación a los playoffs. El árbitro fue Pablo Dóvalo, quien condujo un desarrollo cargado de tensión y polémicas.
Los de Avellaneda se impusieron con los goles de Abaldo y Maximiliano Gutiérrez, mientras que el conjunto azulgrana descontó pero no logró revertir el resultado en los minutos finales. Las crónicas coincidieron en remarcar la intensidad del clásico y el peso de los detalles en un trámite cerrado, que terminó inclinándose para la visita en el tramo decisivo. En paralelo al desarrollo deportivo, en una de las tribunas locales se observó una bandera azulgrana con la inscripción “Adorni Ladrón”, en un episodio que vinculó el clima político con la escena futbolera y que fue replicado en redes sociales y coberturas periodísticas del encuentro.
Las últimas investigaciones periodísticas y judiciales que involucran a Manuel Adorni se vienen desarrollando de manera escalonada y ya constituyen un caso público complejo para el gobierno de Javier Milei. Los diversos episodios que se sucedieron en el tiempo y que combinaron denuncias penales, revelaciones mediáticas y explicaciones oficiales están poniendo en jaque a la administración libertaria, que se niega soltarle la mano al Jefe de Gabinete y principal vocero de la gestión ejecutiva de La Libertad Avanza.
El primer hecho que detonó la controversia fue el viaje oficial a Nueva York en marzo de este año, en el marco del evento “Argentina Week”. Adorni integró la comitiva presidencial que utilizó el avión oficial, pero la polémica se desató al conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, también viajó sin ocupar un cargo público. La situación derivó en denuncias por presunta malversación y abuso de recursos estatales, impulsadas por dirigentes opositores y diputados del Congreso.
A partir de esa primera controversia, surgieron nuevas revelaciones que ampliaron el foco. Entre ellas, el viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, realizado en un avión privado junto a su familia. Este traslado —estimado en un costo de al menos 10.000 dólares— motivó otra denuncia judicial orientada a investigar un posible enriquecimiento ilícito, ya que no quedó claro quién financió el vuelo.
En paralelo, investigaciones periodísticas señalaron que el nivel de gastos personales del funcionario no parecía corresponderse con sus ingresos declarados, lo que alimentó sospechas sobre su situación patrimonial. Estas revelaciones se encadenaron rápidamente con el caso del viaje a Nueva York, configurando un patrón de cuestionamientos sobre el uso de recursos y el financiamiento de traslados.
El tercer eje del escándalo estuvo centrado en el patrimonio inmobiliario. Informes periodísticos indicaron la existencia de propiedades que no figuraban claramente en sus declaraciones, incluyendo una vivienda en un barrio cerrado a nombre de su esposa y un departamento en el barrio porteño de Caballito. Este último caso generó especial atención: se informó que la propiedad habría sido adquirida por unos 230.000 dólares mediante un esquema en el que las propias vendedoras —dos mujeres jubiladas— habrían financiado aproximadamente 200.000 dólares de la operación, lo que despertó dudas sobre la naturaleza del acuerdo y su transparencia. Además, se mencionaron posibles vínculos con otras operaciones inmobiliarias y préstamos informales, lo que amplificó las sospechas sobre inconsistencias entre ingresos declarados y activos.
La acumulación de estos episodios derivó en un escenario político y judicial más amplio. Adorni fue convocado a dar explicaciones públicas y su situación llegó al Congreso, donde enfrentó cuestionamientos de la oposición en medio de una creciente presión mediática. El propio funcionario negó irregularidades, sostuvo que no tenía “nada que esconder” y atribuyó las denuncias a motivaciones políticas, mientras el gobierno de Javier Milei mantuvo su respaldo. Aun así, el caso quedó instalado como uno de los principales focos de tensión institucional, combinando investigaciones judiciales abiertas, pedidos de informes y un fuerte impacto en la agenda pública.
Galería de imágenes
Comentarios