En una operación política de alto control interno, Axel Kicillof terminó de afirmarse como el principal ordenador del peronismo bonaerense, no solo al asumir la presidencia del Partido Justicialista provincial, sino también al lograr que la vicepresidencia primera quede en manos de Verónica Magario. Ambos cargos centrales del PJ quedan así bajo control directo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que articula al gobernador y a la vicegobernadora, un dato clave para entender el nuevo equilibrio de poder.
El acuerdo evitó una interna abierta, pero no estuvo exento de tensiones. Desde el comunicado difundido por el espacio que responde a La Cámpora, el énfasis estuvo puesto en el marco ideológico y en la necesidad de cohesión frente al gobierno nacional: “El peronismo necesita unidad, organización y coraje”, señala el texto, que define a la provincia como “el principal dique de contención” ante el ajuste de Javier Milei. La apelación a la unidad funcionó, en los hechos, como reconocimiento implícito de una correlación de fuerzas adversa.
Del lado del MDF, el mensaje fue más explícito en términos de gestión y liderazgo territorial. El comunicado que acompañó la presentación de la lista subrayó que “con hechos y resultados, el gobierno encabezado por Axel Kicillof y Verónica Magario (…) viene demostrando desde 2019 que se puede gobernar con transparencia, responsabilidad y eficacia”, y definió al PJ como “la herramienta central para organizar, amplificar y proyectar ese camino”. La centralidad del binomio gobernador–vicegobernadora no es retórica: es estructural.
Ese dato explica buena parte de las resistencias previas de Máximo Kirchner. El ahora presidente del Congreso partidario no solo se mostraba reacio a ungir a Magario como número dos del PJ, sino que tampoco quería fortalecer el poder de otros intendentes, en particular de Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza y aliado histórico de la vicegobernadora. No es un dato menor: en la interna peronista de 2023, Máximo impulsó como alternativa en ese distrito a la esposa de Emilio Pérsico, en un intento fallido de disputar el control territorial.
El reparto final dejó una concesión simbólica hacia el camporismo: la vicepresidencia segunda quedó para Federico Otermín, dirigente cercano a Máximo Kirchner y heredero político de Martín Insaurralde, cuya figura quedó severamente dañada tras el escándalo “Chocolate” Rigau. Esa ubicación confirma que La Cámpora conserva presencia en la mesa chica, pero ya no define el ritmo ni la dirección.
En síntesis, el acuerdo ordena al PJ bonaerense bajo una lógica clara: la conducción formal y ejecutiva queda en manos del MDF, mientras que Máximo Kirchner retiene espacios de influencia legislativa y orgánica, aunque desde una posición defensiva. La unidad proclamada en los comunicados existe, pero descansa sobre una jerarquía interna que hoy tiene un ganador nítido.
El rearmado también alcanzó a otros casilleros relevantes del esquema partidario, pensados para contener —sin empoderar en exceso— a los distintos actores del peronismo bonaerense. La Secretaría General quedó en manos de Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, un dirigente de perfil territorial, dialoguista y con buen vínculo tanto con el kicillofismo como con sectores del PJ tradicional. Su designación busca garantizar gobernabilidad interna y articulación con el entramado de intendentes, que hoy constituye el principal sostén político del gobernador frente a la Nación.
Otro lugar clave fue la Junta Electoral partidaria, que quedó a cargo de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y ex ministro de Infraestructura provincial. Nardini, un equilibrista que funciona como figura puente en un espacio sensible: el control de los procesos electorales internos y el armado de listas.
En paralelo, el Congreso del PJ bonaerense —que presidirá Máximo Kirchner— incorporará a varios dirigentes de su órbita, aunque con un peso relativo menor frente al Consejo partidario. Allí convivirán referentes camporistas, intendentes del conurbano y representantes sindicales, en una integración pensada más para contener que para disputar. El mensaje es claro: el camporismo conserva voz, pero ya no controla la botonera.
Así, el nuevo organigrama del PJ bonaerense dibuja una arquitectura de poder donde el eje gobernador–vicegobernadora domina los cargos ejecutivos y estratégicos, los intendentes aseguran musculatura territorial y La Cámpora queda replegada a espacios deliberativos. No es una síntesis ideológica ni una fusión de liderazgos, sino un reordenamiento pragmático: unidad administrada, poder concentrado y una conducción pensada para transitar sin sobresaltos la larga antesala de 2027.
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