"Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente “Cuadernos”, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa", mensajeó Cristina Kirchner en su cuenta de X después de su compadécencia en Tribunales.
Este martes, la mandataria fue a declarar por su procesamiento en la causa "Cuadernos", en la que es acusada de operar en una asociación ilicita junto con otros acusados pertenecientes al ex Ministerio de Planificación Federal, como el ministro Julio De Vido y el secretario Roberto Baratta. "Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores… vulnerando todas las garantías constitucionales… entre otros delitos", agregó.
"También podrás ver las fotografías de Stornelli y D’Alessio en Pinamar y escuchar los audios.Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado. En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un “activo muy valioso de la asociación ilícita”. La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia", cerró la ex mandataria acompañando el posteo con un video del defensor Beraldi .
La denominada “Causa de los cuadernos” —caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”— se inició formalmente a comienzos de 2018 a partir de la aparición de ocho cuadernos atribuidos a Oscar Centeno, exchofer del funcionario Baratta, en los que se registraban presuntos recorridos de entrega de dinero provenientes de empresarios a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación. Las fotocopias de esos escritos llegaron al ámbito judicial luego de una investigación periodística encabezada por el periodista Diego Cabot, del diario La Nación, quien las puso a disposición de la Justicia federal.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez Claudio Bonadio, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli. Este último decidió incorporar las anotaciones como prueba dentro de una investigación previa vinculada al gas natural licuado, lo que generó cuestionamientos de las defensas por posible “forum shopping”, es decir, la elección del juez que llevaría adelante la causa sin sorteo previo.
Según la hipótesis judicial, se trató de una estructura sistemática de recaudación ilegal de fondos mediante el cobro de sobornos a empresarios contratistas del Estado, especialmente en el área de obra pública y energía. El dinero —según la acusación— era recolectado por funcionarios y trasladado en bolsos hacia distintos destinos, entre ellos dependencias oficiales y domicilios particulares, en un esquema que la Justicia calificó como una asociación ilícita encabezada por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese período.
En ese marco, la expresidenta fue señalada como presunta jefa de esa asociación, junto a otros exfuncionarios del área de Planificación. La investigación avanzó con múltiples detenciones y procesamientos, y se apoyó en gran medida en la figura del “imputado colaborador”, que permitió a varios empresarios declarar haber realizado pagos ilegales a cambio de beneficios en contratos estatales. Entre los involucrados que admitieron pagos o fueron procesados figuran Ángelo Calcaterra (ex titular de Iecsa), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux) y Claudio Javier Glazman, entre otros. En total, el juez Bonadio consideró corroboradas las declaraciones de más de 30 empresarios arrepentidos que describieron el funcionamiento del supuesto sistema de coimas.
La causa fue elevada a juicio oral y quedó radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Sin embargo, el inicio del debate sufrió reiteradas demoras, lo que generó cuestionamientos incluso por parte del Ministerio Público Fiscal, que denunció retardo de justicia. Durante la instrucción, Cristina Fernández de Kirchner fue citada a declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py , sede de los juzgados federales. Allí declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, instancia en la que rechazó las acusaciones y denunció persecución judicial, en un contexto de alta tensión política y mediática.
En paralelo, el avance de la causa se vio impactado por el denominado “caso D’Alessio”, que involucró al falso abogado Marcelo D’Alessio. Este escándalo se originó a partir de una denuncia por extorsión del empresario Pedro Etchebest, quien afirmó que se le exigió dinero para no ser implicado en la causa de los cuadernos, supuestamente en nombre del fiscal Stornelli. La investigación reveló una presunta red de espionaje ilegal y extorsión que operaba con vínculos en ámbitos judiciales, políticos y mediáticos. D’Alessio mantenía contacto con Stornelli, incluso había declarado en una causa a su cargo y poseía información sensible del expediente, lo que generó sospechas sobre su acceso privilegiado a datos reservados.
Finalmente, el juez Bonadio falleció en 2020 tras haber elevado parte del expediente a juicio oral, mientras que el fiscal Stornelli fue investigado en el marco del caso D’Alessio pero no llegó a ser enviado a juicio y terminó sobreseído por la Corte Suprema. Por su parte, Marcelo D’Alessio fue condenado a penas de prisión —entre ellas una de 13 años por distintos delitos vinculados a extorsión y espionaje— y permanece como una figura central de ese escándalo, considerado un desprendimiento que impactó políticamente en el desarrollo de la causa principal.
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