La protesta universitaria que tuvo como epicentro el domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, se inscribe en un conflicto más amplio entre el sistema universitario público y el gobierno de Javier Milei, atravesado por recortes presupuestarios, caída salarial y denuncias de desfinanciamiento estructural. Muchos vecinos presenciaron el fastuoso operativo policial contemplado por motivo de las clases organizadas en la vía publica.
Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras, organizaron una serie de clases públicas frente al edificio donde reside el funcionario, ubicado sobre la calle Miró, en una acción que combinó protesta política, intervención académica y visibilización mediática. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Estudiantes de esa facultad, conducido por el dirigente estudiantil Luca Bonfante, junto a gremios docentes como AGD-UBA y FEDUBA, en el marco de un plan de lucha que ya acumulaba varias semanas de paro y movilización.
La modalidad elegida —clases abiertas en la vía pública— tuvo un fuerte contenido simbólico: trasladar la universidad al espacio urbano y, en particular, frente a la vivienda de un funcionario muy cuestionado en las últimas semanas. Los organizadores explicaron que la elección del lugar buscó vincular el reclamo por el financiamiento educativo con las denuncias sobre el patrimonio del propio Adorni, en especial la compra de un impresionante departamento de 200 metros cuadrado, ubicado en ese mismo barrio y que no había sido incluido en su última declaración jurada.
Durante las jornadas se dictaron exposiciones sobre economía, extractivismo, política educativa y memoria histórica, bajo consignas como “En defensa de la universidad pública” y “Aplicación ya de la Ley de Financiamiento Universitario”. La protesta incluyó la instalación de sillas y bancos en la vía pública y derivó en un amplio operativo de seguridad de la Policía Federal y de la Ciudad, que rodearon el edificio ante la convocatoria de estudiantes y organizaciones de izquierda.
El trasfondo del conflicto es el deterioro de los ingresos docentes y la falta de actualización del presupuesto universitario frente a la inflación. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, los salarios del sector registraron una caída real cercana al 45%, empujando a una parte significativa de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, mientras que las partidas presupuestarias fueron consideradas insuficientes por la mayoría de las universidades nacionales. Estas condiciones motivaron paros, movilizaciones y reclamos por la reapertura de paritarias, así como pedidos de aumentos que rondaban el 40% frente a ofertas oficiales considerablemente menores.
En ese contexto se inscribe la demanda por la llamada Ley de Financiamiento o Emergencia Universitaria, una norma aprobada por el Congreso que establece la actualización automática de los recursos destinados a universidades públicas para garantizar su funcionamiento, salarios y actividades de investigación. Los sectores universitarios reclaman su plena aplicación, al considerar que sin ese instrumento el sistema entra en una situación crítica de funcionamiento, con riesgo de recorte de actividades, deterioro edilicio y precarización laboral.
La protesta frente al domicilio de Adorni también estuvo atravesada por el escándalo personal que rodea al funcionario, que potenció la visibilidad del reclamo. Investigaciones periodísticas revelaron inconsistencias entre sus declaraciones juradas y su patrimonio real, incluyendo la adquisición de un departamento en Caballito por unos 230.000 dólares, financiado mediante una hipoteca privada, sin haberse desprendido de otras propiedades previamente declaradas. El inmueble figura a nombre compartido con su esposa, Bettina Angeletti, lo que incrementó las sospechas sobre el origen de los fondos.
A ese episodio se sumó la revelación de una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, también vinculada a Angeletti, que no figuraba en las declaraciones oficiales y cuya existencia fue reconstruida a partir de registros inmobiliarios y denuncias políticas. Estas inconsistencias dieron lugar a acusaciones de posible enriquecimiento ilícito, una figura penal que investiga incrementos patrimoniales no justificados en funcionarios públicos.
El caso se amplificó aún más por otros episodios, como el viaje a Nueva York en el marco del evento “Argentina Week”, donde Adorni utilizó un vuelo oficial acompañado por su esposa —quien no tiene cargo público—, lo que generó cuestionamientos por el uso de recursos del Estado. También quedó bajo la lupa un vuelo privado a Punta del Este junto a su familia, cuyo costo —estimado en varios miles de dólares— no fue debidamente explicado y en el que participó un productor audiovisual cercano al funcionario vinculado a la televisión pública, abriendo sospechas de conflicto de intereses.
En este escenario, la clase pública frente a su domicilio funcionó como un punto de condensación de dos conflictos que se retroalimentan: por un lado, la crisis estructural del sistema universitario y el reclamo por mayor financiamiento; por otro, las denuncias sobre la conducta patrimonial y el estilo de vida de un alto funcionario del gobierno. La consigna repetida por docentes y estudiantes sintetizó esa intersección: mientras la universidad denuncia ajuste y precarización, el principal vocero del oficialismo enfrenta cuestionamientos por propiedades no declaradas y gastos difíciles de justificar con sus ingresos formales.
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