La sombra del espionaje llegó a YPF, la principal empresa petrolera de la Argentina, y el hecho se produjo alrededor de la autoridad más importante que tiene la compañía: su presidente, Pablo González.
Este caso, que tramita en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de María Servini, comenzó en noviembre del 2021 y, hasta ahora, se mantenía como un secreto, incluso, dentro de la propia empresa.
YPF, como otras compañías grandes y que cotizan en la bolsa de Nueva York, tiene protocolos de seguridad que implican, entre otras cosas, tareas de contrainteligencia. Este procedimiento, que se lleva adelante desde febrero del 2021, se llama TSCM, de la sigla en inglés “Technical Surveillance Counter Measures”, que en español significa “Contramedidas de vigilancia técnica”. La tarea consiste en detectar si hay micrófonos u otros dispositivos instalados que sirvan para monitorear a una persona. Pero en esa búsqueda, uno de los empleados a cargo de rastrillar los posibles micrófonos descubrió que su compañero en esa tarea, Alejandro Garofani, tomaba fotografías y revisaba los cajones en la oficina del presidente de YPF Pablo González. El empleado que advirtió la maniobra estaba trabajando con un analizador de espectro de la marca Oscor Green y decidió filmar a su compañero mientras revisaba los cajones y fotografiaba los papeles del escritorio de González. El topo también le sacaba fotos a un portarretrato en el que está la esposa de González con Cristina Kirchner, es decir, una foto personal.
Según el escrito presentado en los tribunales federales de Comodoro Py, “el procedimiento de TSCM se realizaba mensualmente desde febrero de 2021 bajo la supervisión del nombrado Garofani sin que se hayan reportado novedades de interés”. Hay un hito que se destaca y es que Garofani trabajaba para una empresa en relación de dependencia llamada Applicant, que le prestaba servicios a YPF, pero desde noviembre del 2021 pasó a trabajar en relación de dependencia con la empresa petrolera nacional. Es decir: Garofani ya estaba a cargo de la ronda de búsqueda de micrófonos, pero a partir de la modificación de su estatus laboral, según el escrito, algo cambió.
“En el marco del procedimiento realizado el 30 de noviembre de 2021, el nombrado Garofani accedía y registraba fotográficamente, almacenaba y enviaba o compartía todo tipo de información impresa disponible en los escritorios, cajones, ficheros, armarios, cestos de residuos, mochilas, bolsos, etc., de las oficinas en donde se realizaba el procedimiento, conductas que, obviamente, de ningún modo estaban autorizadas sino que, por el contrario, estaban prohibidas y conformarían los delitos denunciados”, agrega el escrito.
En varios pasajes de la presentación se destaca que la información robada era “sensible y no pública” y que “aprovechándose del procedimiento de TSCM y, por ende, del acceso a las oficinas (que se encuentran cerradas con llave fuera del horario de trabajo y a las que solo se accede en ese horario con la asistencia del Departamento de Seguridad Física para ejecutar el procedimiento TSCM), el aquí imputado fotografió documentos impresos y accedió a información sensible de manera indebida e ilegal”.
La denuncia es minuciosa a la hora de describir la actitud del topo. “Se advirtió que el aquí imputado realizaba fotografías tanto con su celular corporativo como con su celular particular, y que esas imágenes las almacenaba y/o enviaba o compartía a terceros a través de su celular (ya que luego de fotografiar manipulaba el teléfono celular en actitud de escritura dactilar sobre la pantalla; lo que fundamenta la sospecha razonable de que transmitió en el momento las fotos a alguien más), circunstancias que conllevarían a la creación de copias no controladas de documentos que contienen información Sensible No Pública de YPF SA e información personal de los ejecutivos de la compañía, lo que materializa la exposición de esa información”, escribió el abogado de Pablo González.
El presidente de YPF ya venía sospechando de que las cosas en su escritorio solían verse movidas y fue por eso que había puesto en alerta al jefe de seguridad de la compañía, Diego Gorgal. Fue Gorgal quien le dijo a González lo que estaba sucediendo y a partir de allí, el presidente de YPF continuó con las consultas para avanzar con una investigación interna y luego denunciar la situación en la Justicia.
Maniobras. A partir de ese momento, González se habría encontrado con una serie de trabas para avanzar con el caso. La línea histórica de la empresa se negaba a hacer la denuncia y preferían que quedara todo en el marco de una sanción interna. Garofani tenía dos teléfonos, uno propio y otro de la empresa, por lo que parte de la investigación interna se resolvió auditando el propio teléfono de la compañía y otro tanto se avanzó confrontando con el empleado infiel. ¿Para quién era la información? Según explicó Garofani, él le entregaba el material al entonces gerente de Ciberseguridad Brian O’Durnin, que hoy ya no trabaja en la empresa. Un dato llamativo: en abril de este año, O’Durnin dejó la empresa, tras 38 años de antigüedad, con una indemnización millonaria y abrió una consultora especializada en ciberseguridad. Distinta fue la suerte de Garofani, que, cuando lo descubrieron, apenas llevaba unos días en relación de dependencia.
¿Había más destinatarios de la información robada? En este punto trabajan en el juzgado de Servini. Una de las líneas de investigación apunta a un posible tráfico de información en la industria petrolera y que los competidores de YPF sean los compradores de ese material.
Otra posibilidad es que la propia línea histórica de la empresa ejerza un control secreto sobre el presidente y que lo mantengan monitoreado para anticiparse a los vaivenes de la política u obturar cualquier intento de ir en contra de los intereses de aquellos que se consideran “planta permanente”.
También se baraja la posibilidad de que hayan espiado a González solo por ser kirchnerista, porque Garofani en sus redes sociales ha hecho posteos contra el kirchnerismo.
La jueza María Servini recibió esta denuncia a mediados de mayo y un mes después, González la ratificó. La demora entre que se descubrieron los hechos y se denunciaron se debió a las diferencias internas dentro de YPF para tratar el tema, y el punto más polémico tal vez haya sido la decisión de indemnizar a uno de los que estaría involucrado. ¿El precio del silencio? El topo no tuvo la misma suerte.
Una de las primeras en enterarse de este caso fue Cristina Kirchner, que fue informada de primera mano por González, y hace unos días se anotició Alberto Fernández. Ambos estuvieron de acuerdo con impulsar la denuncia. Ahora, queda esperar si la Justicia avanza con la investigación o si el hilo se cortará por lo más delgado. ¿Hace cuánto existía esta práctica? Tal vez es el inicio de una trama más compleja aún desconocida.
NOTICIAS intentó contactar al presidente de YPF, a Alejandro Garofani y a Brian O’Durnin pero no obtuvo respuesta de ninguno de ellos. Incluso se contactó al jefe de Seguridad de la petrolera, Diego Gorgal, que tampoco quiso hablar con esta revista por este caso.
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