Faltaban todavía días para la elección del 27 de octubre de 2019, y los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires ya ponían sobre la mesa de negociaciones con Axel Kicillof, aún no consagrado gobernador, el deseo de voltear la ley sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal que limita las reelecciones indefinidas en la provincia.
Un año ha pasado desde entonces, y los intendentes siguen viendo con preocupación el poco avance que han tenido en tal objetivo. Por eso las reuniones que un grupo selecto de barones del Conurbano tuvo en las últimas semanas con Alberto Fernández, en las que él presuntamente les dio su apoyo para derogar la norma, y buscar nuevos mandatos en 2023. “Cuando un intendente es elegido dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan. Nosotros no podemos ir contra la voluntad popular”, dijo Alberto hace días, en un acto en Avellaneda, flanqueado por el intendente local Jorge Ferraresi, que esta semana se convertiría en ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina.
No se toca. “Esta ley la hicieron el nombre de la calidad democrática. Y eso le impide a un vecino en una comunidad reelegir a un candidato particular. Suena medio contradictorio”, marca Lucas Ghi, intendente de Morón. “Yo creo que dos períodos es suficiente. Lo votaría con las dos manos a (Néstor) Grindetti, pero creo que no es bueno como lógica en la política el perpetuarse en el lugar”, señala en contrapartida Diego Kravetz, jefe de Gabinete de Lanús y natural sucesor del actual jefe vecinal.
La ley votada en 2016, que limita a dos períodos las reelecciones de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, se recuerda como un triunfo de la gestión Vidal. Sin embargo, el proyecto fue redactado e impulsado por el massismo. Sergio Massa, quien preside hoy la Cámara de Diputados y cuenta con una cuota de representación importante en el Poder Legislativo provincial, no tiene intendentes propios. Y queda claro que prefiere cerrarle las puertas a las reelecciones para buscar imponer en 2023 sus propios candidatos, e incluso reconquistar Tigre.
Rosca. Mismo plan pero a mayor escala traza hoy La Cámpora, alineada con Kicillof. Los diputados K no votaron en 2016 la ley de Vidal y Massa, por lo que tienen ahora la excusa perfecta para hacerse los distraídos, mientras la agrupación se engolosina con la idea de llevarse en 2023 buena parte de esos 95 distritos (de los 135 totales en la provincia) que quedarían vacantes, y en los cuales ya ha sembrado a sus segundas líneas. Así lo dejaba en claro durante reuniones en el último mes Máximo Kirchner, marcándole a los intendentes que derogar la ley sería un bochorno.
Kicillof entiende que hay más riesgo personal que victorias en apoyar a los barones del Conurbano, a los que críticó hace un mes, por imponer una cultura de liderazgo machista. “Hay una especie de cultura del machismo que parte de llamar a los intendentes los varones del Conurbano. No hay que dedicarse a deconstruir, sino a demolerlo”, afirmó el gobernador en un furcio que se volvió viral y en el que confundió a barones con varones.
Justicia. El poder de Alberto Fernández se asienta principalmente en su buen link con gobernadores e intendentes del Conurbano. Ese vínculo con intendentes amigos fue palpable en el armado de su Gabinete, en el cual se incluyen Mario Meoni (ex Junín) y Gabriel Katopodis (jefe comunal de San Martín), entre otros.
De allí que el Presidente apoye a los barones en su intento de voltear la ley que limita las reelecciones, recortando de paso la escalada voraz de La Cámpora, a la que su propio círculo íntimo teme. Pero sin gran peso en el Legislativo provincial, su apoyo se circunscribe al ámbito judicial, donde los intendentes buscarían que el período 2015 a 2019 no sea tenido en cuenta, dado que la ley se sancionó en 2016. Planteo al que suscriben también algunos de los jefes comunales de Juntos por el Cambio.
“Lo que digo como abogado es que la ley está muy mal aplicada, porque se aplicó en el medio de un mandato”, marco el alcalde platense Julio Garro. Y la idea sería compartida también por Gustavo Posse, intendente de San Isidro, donde el clan familiar gobierna desde 1958.
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