La sesión del Senado de la provincia de Buenos Aires del 7 de octubre quedó atravesada por una insólita “guerra de audios” entre el peronismo y La Libertad Avanza, que enfrentó las expresiones del presidente Javier Milei con una grabación del exmandatario Alberto Fernández durante una discusión con Fabiola Yañez. El episodio tuvo como protagonistas a la senadora camporista Fernanda Raverta y al legislador libertario Gonzalo Cabezas, y convirtió un debate sobre violencia de género y responsabilidad institucional en un nuevo capítulo de la confrontación entre los dos espacios políticos.
La polémica comenzó cuando Raverta utilizó su intervención para cuestionar el lenguaje del actual Presidente y terminó cuando Cabezas respondió con un audio relacionado con la denuncia que la ex primera dama presentó contra Fernández. El planteo de la dirigente justicialista estuvo vinculado con el décimo aniversario del femicidio de Lucía Pérez, la adolescente asesinada en Mar del Plata en 2016.
La legisladora de La Cámpora aprovechó la referencia para cuestionar la violencia verbal en el discurso público y advertir sobre el impacto que, a su entender, tienen las expresiones de quienes ocupan las máximas responsabilidades institucionales. Para respaldar su argumento, acercó su teléfono celular al micrófono de su banca y reprodujo una compilación de insultos y declaraciones de Milei. La decisión sorprendió en el recinto y trasladó el debate desde las intervenciones parlamentarias tradicionales hacia la reproducción de fragmentos sonoros que circulan en la discusión política nacional.
“Creo que los que estamos acá no podemos tolerar ni naturalizar que la máxima autoridad institucional de Argentina tenga esta manera de expresarse. Naturalizar el grado de violencia verbal le está haciendo un daño enorme a la sociedad”, sostuvo Raverta. Su argumento apuntaba a cuestionar no solamente el contenido de determinadas expresiones presidenciales, sino también el efecto que puede tener su reiteración desde la máxima autoridad del Estado.
La reacción de La Libertad Avanza llegó primero a través de la senadora Analía Balaudo, vinculada políticamente al sector de Sebastián Pareja. La legisladora cuestionó el procedimiento elegido por Raverta y puso en discusión si correspondía reproducir grabaciones desde una banca sin autorización previa del cuerpo. “Entiendo que por reglamento para reproducir audios hay que pedir permiso al cuerpo”, planteó.
Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando el senador libertario Gonzalo Cabezas decidió responder con el mismo recurso que había utilizado Raverta: acercó su teléfono al micrófono y reprodujo una grabación vinculada con la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez presentó contra Alberto Fernández. El audio contenía insultos del expresidente durante una discusión con quien había sido su pareja, y el legislador de LLA lo utilizó para cuestionar la posición del peronismo frente a las acusaciones de violencia.
El contrapunto dejó de girar exclusivamente alrededor de las expresiones de Milei y pasó a involucrar también la conducta del exmandatario del Frente de Todos durante su vida privada y las denuncias que habían sacudido al Gobierno anterior. “Yo creo que ustedes saben bien de quién es este audio. Yo les recuerdo que la mujer del expresidente terminó golpeada y eso no les importó en lo más mínimo”, expresó Cabezas ante sus pares. La frase sintetizó el eje de su réplica al acusar al peronismo de aplicar una doble vara de criterio selectivo al denunciar la violencia cuando las expresiones cuestionadas provienen de Milei, pero no actuar con la misma contundencia ante las acusaciones que involucraron a Fernández.
La escena reflejó una dinámica habitual de la polarización política actual. El recuerdo de Lucía Pérez, el debate sobre la violencia verbal y la grabación relacionada con la denuncia de Yañez quedaron incorporados a una confrontación que buscó exhibir las contradicciones del adversario ante el resto del recinto. La discusión dejó en segundo plano el análisis de fondo sobre la violencia contra las mujeres y se concentró en quién tenía mayor autoridad política para denunciarla.
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