La trayectoria de Lorena Villaverde ha sido, hasta hace poco, un ejemplo de ascenso meteórico. Proveniente del sector turístico e inmobiliario de Río Negro, la actual diputada logró posicionarse en la mesa chica de La Libertad Avanza, convirtiéndose en una de los dirigentes de máxima confianza de Karina Milei, tras un paso frustrado en el Senado. Sin embargo, detrás de la imagen de renovación política, Villaverde una y otra vez ha quedado en el centro de la tormenta: primero por un narcoescándalo de su pasado, y ahora por un complejo entramado judicial que la tiene en la mira por una presunta estafa inmobiliaria que casi llega a los $100 millones.
El conflicto se centra en el proyecto urbanístico “El Tajamar”, ubicado en la zona rural de Las Grutas de Río Negro. Lo que se promocionó como una oportunidad de inversión única en la costa patagónica, hoy es denunciado como una maniobra de publicidad engañosa e incumplimiento contractual que ha dejado a numerosas familias a la deriva.
El origen
La investigación judicial, a cargo del Juzgado Nº 9 de San Antonio Oeste, revela que la operatoria consistía en la venta de terrenos por parte de Villaverde que, si bien existen, figuran en los registros como "parcelas rurales”. Esta condición técnica imposibilita cualquier tipo de escrituración o urbanización legal a menos que exista una excepción específica al código de planeamiento urbano, trámite que, según la acusación, nunca se realizó.
En esta trampa fue en la que cayeron tres amigos: Martín Nicolás Larreguy, Hugo Maximiliano Cabral y Hugo Iván González. Ellos, oriundos de la zona de San Antonio Oeste, confiaron en la palabra de la entonces empresaria y a fines de 2020 realizaron la compra de tres lotes en Las Grutas mediante boletas de compraventa. Dichos lotes estaban identificados con el número 11, 12 y 13 de la manzana P, con una superficie de 516.18 mts2, 495.84mts2 y 494.21 mts2 respectivamente. "Con los ahorros de toda nuestra vida decidimos comprar esos lotes. El 30 de diciembre de 2020 nos reunimos en la casa de Villaverde en Las Grutas para firmar el boleto", cuenta Larreguy.
En aquel momento se firmó un boleto de compraventa por un valor equivalente a $5.940.000. Entregaron un anticipo de $2.970 y se pactó pagar el resto en 48 cuotas. Los contratos de compraventa establecen un plazo de 10 meses para la entrega de los terrenos, prorrogable por otros 6 meses en caso de circunstancias excepcionales. El compromiso de Villaverde era entregar las parcelas con apertura y enripiado de calles, red de agua potable y eléctrica, nivelación, cordón cuneta y alumbrado público.
El plazo de entrega vencía originalmente en agosto de 2022. A pesar de que los compradores cancelaron la totalidad del pago hacia finales de ese año, hoy, tres años después de la fecha estipulada, los terrenos siguen siendo inaccesibles y carecen de cualquier servicio básico.
Denuncia. A todo esto se suma una irregularidad. Según la doctora Verónica Arizcuren, representante de los damnificados, Villaverde promocionó los lotes como propios, aunque en realidad se encuentran en medio de un litigio por sucesión con su hermano, lo que le impide otorgar la posesión total y legal de los mismos. Los tres amigos describen toda la operatoria como una "estafa planificada". “Nos vendieron lotes que legalmente no existían. Pagamos en cuotas, confiamos y después supimos que no podían entregarnos nada”, asegura Cabral. “Nos engañaron con publicidad y promesas de que Las Grutas iba a tener un barrio privado. Nunca hubo papeles, nunca hubo avances”, sostiene González.
La defensa de la diputada Villaverde, liderada por el doctor Gerardo Collado, insiste con que las demoras son consecuencia directa de la pandemia de COVID-19. Según el letrado, el confinamiento paralizó a los entes prestadores como Aguas Rionegrinas y EDERSA, de luz, además de dificultar la importación de materiales. Sin embargo, este argumento es calificado como "patético" por los denunciantes. Señalan que el boleto de compraventa se firmó el 30 de diciembre de 2020, cuando la pandemia ya estaba en curso y todas las restricciones eran de conocimiento público. "Si ella siguió firmando contratos y cobrando cuotas durante ese período, es porque adquirió el riesgo", sostienen desde la querella.
La demanda fue presentada el 25 de septiembre de 2024 en el Juzgado Nº 9 de San Antonio Oeste, bajo el expediente SA-00223-C-2024. Los demandantes no solo exigen la resolución del contrato, sino una reparación integral que asciende a $98.639.820,42. El desglose de la indemnización solicitada refleja la magnitud del daño percibido: “Daño Patrimonial ($6.960.976,17), por el valor actualizado de los terrenos y la devolución del dinero invertido, daño moral ($10.000.000), basado en el engaño, la frustración y la afectación psicológica de ver perdidos los ahorros familiares, daño punitivo ($19.934.460), multa civil destinada a sancionar la conducta de la proveedora por su falta de diligencia y desprecio por los derechos del consumidor, lucro cesante ($61.744.384,25), calculado sobre la renta que los compradores dejaron de percibir al no poder alquilar o utilizar las propiedades durante estos años”.
La abogada Arizcuren dice: “Dejaron a mis mandantes solos, sin asistencia y a la deriva. La legislación exige proporcionar al damnificado una reparación integral de los daños patrimoniales y/o extrapatrimoniales ocasionados, ninguno de los cuales debe quedar sin la debida reparación”.
Cruces
Desde el entorno de la diputada han intentado desviar la atención calificando la causa como una "operación política" de la oposición. En respuestas enviadas por correo electrónico, Villaverde ha sugerido que las denuncias son "carpetazos" impulsados por sectores vinculados al kirchnerismo rionegrino. No obstante, las pruebas aportadas por los damnificados parecen decir lo contrario.
Entre el material probatorio presentado ante la Justicia se encuentran recibos de pago con la firma de puño y letra de Lorena Villaverde, transferencias bancarias dirigidas directamente a ella y a proveedores que ella misma señalaba, facturas de ARCA emitidas por la propia Villaverde por montos específicos de las cuotas y hasta existen grabaciones de conversaciones con Javier Rubio, administrador de Villaverde, donde éste admite que los plazos están vencidos y que "no puede asegurar tiempos" porque no tiene información logística ni operativa clara.
Actualmente, la causa se encuentra en etapa probatoria. La abogada Arizcuren ha solicitado la inhibición general de bienes y el embargo de los activos de la diputada para garantizar que, en caso de un fallo favorable, los damnificados puedan recuperar su dinero. A fines del año pasado, el juez Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, trabó un embargo sobre la dieta de la diputada hasta cubrir los $40,5 millones.
Lo más preocupante para la comunidad es que, según testimonios, la venta de lotes bajo esta modalidad podría haber continuado a través de redes sociales como Instagram (@Urbanizacionvillaverdelg) y con el nombre “Villa Verde Las Grutas”, a pesar de que el sitio web oficial fue dado de baja.
El caso de Lorena Villaverde trasciende lo inmobiliario para convertirse en un dilema de ética pública. Mientras la Justicia rionegrina avanza, la pregunta que queda en el aire es si un representante del pueblo puede sostener su cargo mientras enfrenta acusaciones tan graves de defraudar a sus propios vecinos.
*Por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano, estudiantes de estudiantes de la Universidad del Sur de Buenos Aires.
por Norma Cabada, Magalí Saja, Matías Luna y Micaela Serrano
Galería de imágenes
Comentarios