"Presente un proyecto para modificar la denominación del feriado del 24 de marzo: “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa” Porque la forma en que el Estado nombra la historia importa. No hay memoria posible sobre relatos parciales. Necesitamos una mirada completa, sin silencios y con respeto por todas las víctimas", afirmó Karen Reichardt en su cuenta de X.
La legisladora de La Libertad Avanza subió, en el día que se conmemoró los 50 años del último golpe de Estado por parte de las Fuerzas armadas, un proyecto de ley en el que pretende modificar la denominación del feriado nacional del 24 de marzo. Un aspecto que la parlamentaria, basado en la hipótesis del llamado "teoría de los dos demonios", busca incluir a aquellas organizaciones armadas previas y contemporáneas al golpe de 1976.
Según los fundamentos difundidos en ámbitos legislativos y retomados por distintos medios, la propuesta busca ampliar el enfoque oficial sobre los años setenta, incorporando el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política. En esa línea, Reichardt sostiene que la denominación vigente reflejaría una mirada “parcial” del período, centrada en el terrorismo de Estado, mientras que su proyecto apunta a una narrativa más abarcativa, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y sectores políticos que consideran que dicha modificación relativiza la responsabilidad central del Estado en los crímenes de lesa humanidad.
El respaldo de sectores libertarios a esta iniciativa se inscribe en una revisión crítica de las políticas de memoria, verdad y justicia desarrolladas desde 2003, especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Referentes vinculados al espacio de Javier Milei han cuestionado lo que denominan una “visión unilateral” de la historia reciente, planteando que el relato predominante invisibiliza otras formas de violencia política.
En ese marco, la propuesta de “justicia completa” dialoga con la llamada teoría de los dos demonios, una interpretación surgida en los primeros años de la transición democrática que plantea que la violencia de los años setenta fue el resultado de dos fuerzas enfrentadas —el accionar de organizaciones armadas y la represión estatal— equiparadas como responsables del conflicto. Esta perspectiva ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos y por la historiografía dominante, que subraya el carácter sistemático, planificado y estatal del terrorismo de Estado desplegado durante la dictadura (1976-1983), diferenciándolo de otras formas de violencia política.
En este contexto, el proyecto de Reichardt no solo propone un cambio nominal, sino que se inserta en una disputa más amplia sobre el sentido de la memoria colectiva y el modo en que el Estado argentino recuerda uno de los períodos más traumáticos de su historia.
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