Tras las elecciones, el año fue río arriba para el Gobierno. Y diciembre no fue la excepción. La no aprobación del presupuesto condicionó políticamente al Presidente, pero hubo otra serie de hechos que encendieron una nueva alarma en Casa Rosada. Dos fallos adversos y consecutivos de la Corte Suprema le señalaron que el Poder Legislativo no es el único rival de peso, sino que también debe enfrentarse al Judicial.
La decisión de que, tras años de disputa, la Nación deba afrontar el pago de más de 100 mil millones de pesos para Santa Fe por una deuda de coparticipación y la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, en un lapso de 10 días, sacudieron al Ejecutivo. No sólo por lo que esas sentencias significan para la gestión, sino por lo que puede venir: con la firma de tres de los cuatro jueces que conforman el máximo tribunal podrían complicar el futuro de Cristina Kirchner y de otros dirigentes peronistas. La moneda está en el aire.
Génesis.
En los pasillos del cuarto piso del Palacio de Justicia, nadie admite a viva voz que los fallos de fin de año puedan significar algún tipo de represalia contra el Gobierno. Pero más de uno se divierte con la idea de que efectivamente eso haya sucedido. Es que, después de nueve meses de gestión, el ministro de Justicia, Martín Soria, se reunió por primera vez con la Corte. Apenas pisó la calle, le señaló a los medios una serie de críticas hacia el máximo tribunal. “Tienen una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad”, sostuvo. No hubo respuestas públicas, pero horas después del encuentro ya había llegado el primer contragolpe.
La definición por el pago de la deuda coparticipable con Santa Fe llevaba años esperando. Casualmente, o no tanto, llegó ese 7 de diciembre que el ministro les dijo, en la cara, que es una institución que “atrasa”.
Lejos de bajar los decibeles, Alberto Fernández también se subió al ring: “Las demoras en el servicio de justicia imponen revisar el número de integrantes y la división de tareas en el máximo tribunal”, dijo. Otra vez, hubo respuesta a través de un fallo: la declaración de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, tomó por sorpresa al Ejecutivo.
Futuro
En el Ejecutivo no sólo analizan la reacción de la Corte en cuanto a lo que pasó. De hecho, preocupa más lo que puede venir. En la agenda del máximo tribunal hay causas sensibles que pueden seguir arrinconando al Gobierno y a sus integrantes. El debate por los fondos coparticipables que Nación le quitó a Capital Federal será uno de los próximos capítulos, pero la pelea de fondo llegará cuando traten los casos de corrupción K.
Cristina Kirchner y su familia tienen un apartado especial: el nombre de la vicepresidenta y de sus hijos aparecen en más de cincuenta recursos que la Corte debe resolver, en su calidad de imputados, y en una decena de quejas en las que están como denunciantes.
En el entorno de la vice miran con especial atención lo que pueda suceder con la causa conocida como Vialidad Nacional. Allí, donde ella es investigada por haber favorecido a Lázaro Báez con contratos de obra pública, el máximo tribunal tiene que resolver sobre distintos recursos que planteó la defensa de Cristina. Pidieron, incluso, que sea sobreseida por haber sido investigada ya, en otras causas, por asociación ilícita.
Si la Corte hace caso omiso a los reclamos de la vicepresidenta, su situación procesal podría complicarse en un juicio que sigue avanzando. Su futuro está a merced de la decisión de Rosatti.
Cristina no es la única que está esperando novedades del máximo tribunal. Milagro Sala aguarda que traten una serie de nulidades y revisen la sentencia que la tiene bajo prisión domiciliaria en Jujuy. Para presionarlos, un grupo de seguidores de la dirigente social acampó frente al Palacio de Justicia.
Cada reacción del Gobierno contra la Corte tiene sus consecuencias. Alberto Fernández decidió arrinconar a la Justicia, bajo amenaza de reforma y con la bandera del lawfare. Rosatti contestó: “Hay pruebas o no hay. Si es un invento, las pruebas no van a ser suficientes. Si las pruebas son suficientes, no era un invento. La Constitución es muy clara”.
La tensión va en aumento y el diálogo entre los poderes es nulo. En Casa Rosada saben que el problema no es el año que pasó, sino el que viene.
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