La coherencia entre el discurso del "ajuste a la casta" y la gestión cotidiana de los recursos públicos volvió a quedar bajo la lupa. Gabriela Flores, diputada nacional de La Libertad Avanza por Salta, quedó en el ojo de la tormenta tras admitir que utiliza pasajes oficiales del Congreso de la Nación para costear los traslados de su hijo, quien estudia Abogacía en Buenos Aires.
El reconocimiento de la legisladora no llegó como una filtración, sino como una defensa pública ante los cuestionamientos. Flores argumentó que, debido a la distancia y al desarraigo que implica su labor parlamentaria, utiliza los tramos aéreos para que su hijo pueda "ir y venir" entre Salta y la Capital Federal. "No es un delito", sostuvo tajante, minimizando el impacto de una práctica que choca frontalmente con la promesa de austeridad absoluta que profesa su espacio.
A pesar de su intento por naturalizar la situación, el uso de viáticos y pasajes para familiares directos es un foco de conflicto ético recurrente. En un contexto donde el Poder Ejecutivo impulsa un recorte severo en áreas sensibles bajo la premisa de que "no hay plata", la utilización de recursos del Estado para beneficios del círculo íntimo personal erosiona la narrativa del fin de los privilegios.
Este episodio expone la fragilidad del purismo libertario frente a las comodidades de la función pública. Mientras la ciudadanía enfrenta un ajuste sin precedentes, la realidad en las cámaras legislativas revela que las viejas prácticas de la política tradicional parecen haber encontrado un refugio bajo las nuevas banderas, desdibujando la frontera entre la necesidad familiar y el aprovechamiento de los fondos públicos.
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