La Cámara de Diputados protagonizó ayer una sesión extensa y de alta conflictividad política que tuvo como eje excluyente el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ya contaba con media sanción del Senado y que finalmente fue aprobado tras más de diez horas de debate. La votación final se produjo durante la madrugada, con un resultado de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, lo que selló la aprobación del proyecto y significó un triunfo legislativo para el oficialismo.
La sesión comenzó por la tarde, luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum necesario con el respaldo de aliados y bloques provinciales, en una instancia previa marcada por negociaciones intensas. Desde el inicio, el temario estuvo dominado por la modificación de la Ley 26.639, centrada en redefinir el alcance de las áreas protegidas. El proyecto introdujo cambios clave en la definición de ambiente periglaciar y estableció que serán las provincias, mediante estudios técnicos, las que determinen qué zonas integran el Inventario Nacional de Glaciares, lo que en la práctica puede habilitar actividades principalmente mineras en áreas que antes estaban restringidas.
Sin embargo, uno de los momentos bisagras del debate lo ofreció la legisladora Mónica Frade de la Coalición Cívica. La parlamentaria instaló en el recinto el escándalo de los créditos millonarios a funcionarios y miembros del oficialismo,otorgados por el Banco Nación. El foco del discurso de la dirigente fue hacia la figura de Sharif Menem y Lorena Villaverde, la legisladora afirmó: "El niño Menem si que es un trabajador que goza de preferencias; por eso tiene un crédito de 220 millones de pesos. Crédito que ningún trabajador de esta Cámara ha podido acceder en términos normales. Ni hablar de la diputada que no pudo jurar en el Senado. Tiene todas la bolillas y tiene un crédito. Y la tenemos sentada acá, votando hoy la entrega de glaciares".
El gobierno nacional atraviesa por estas horas uno de los escándalos más sensibles de su gestión a partir de la revelación de un esquema de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, asesores y legisladores vinculados al oficialismo, en condiciones que la oposición y distintos analistas califican como privilegiadas y potencialmente irregulares. Según se reveló, al menos 22 integrantes del espacio La Libertad Avanza accedieron entre 2024 y 2025 a préstamos hipotecarios o personales por montos que oscilaron entre los 100 y más de 500 millones de pesos, con tasas cercanas al 4,5% y plazos de hasta 30 años, condiciones considerablemente más favorables que las disponibles en el mercado.
Estas operaciones motivaron denuncias judiciales por presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, bajo el argumento de que varios beneficiarios no tendrían ingresos acordes para justificar esos niveles de financiamiento. Dentro de ese universo aparece la figura de Sharif Menem, uno de los casos que más repercusión generó por su cercanía al poder político y su edad. El sobrino de Eduardo "Lule" Menem se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, ámbito conducido por su tió Martín Menem, y forma parte del entramado familiar que ganó peso dentro del oficialismo.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, fue uno de los beneficiarios de estos créditos del Banco Nación, en el marco de una operatoria que otorgaba montos elevados con requisitos cuestionados. Distintas denuncias señalan que el esquema permitía acceder a financiamiento a largo plazo con tasas subsidiadas y posibilidad de presentar ingresos complementarios para calificar, lo que amplía el universo de beneficiarios pero también abre interrogantes sobre la equidad del sistema.
Otro de los casos que generó mayor impacto mediático es el de la diputada Villaverde, también integrante de La Libertad Avanza, quien figura entre los beneficiarios de los créditos cuestionados. La legisladora es señalada en redes sociales y en algunos sectores políticos como la “diputada narco”, un apodo que surge de acusaciones que la vinculan con causas judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos vinculados al narcotráfico. Si bien Villaverde había sido detenida en 2002, el caso derivó en una condena que posteriormente fue anulada tras su colaboración con la justicia; el expediente terminó cerrándose años más tarde sin una resolución definitiva. A esto se suman investigaciones y señalamientos sobre presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, vinculado al entorno del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
El mecanismo bajo la lupa combina varios elementos que explican la magnitud del escándalo: créditos de alto monto, tasas bajas en términos reales, plazos extensos y la participación de funcionarios con capacidad de decisión o influencia dentro del Estado. A esto se suma una contradicción política que fue subrayada por distintos sectores: mientras el gobierno sostiene un discurso de achicamiento del Estado y crítica a los privilegios, integrantes de su propia estructura accedieron a financiamiento otorgado por la banca pública.
El caso ya derivó en pedidos de informes en el Congreso y presentaciones judiciales que buscan determinar si existieron irregularidades en la evaluación crediticia, trato preferencial o uso indebido de recursos públicos. En paralelo, la administración conducida por Javier Milei rechaza las acusaciones y sostiene que los créditos fueron otorgados conforme a la normativa vigente, sin beneficios indebidos.
En conjunto, el episodio de los llamados “créditos VIP” no solo pone bajo escrutinio a funcionarios puntuales como Sharif Menem o Lorena Villaverde, sino que abre un debate más amplio sobre transparencia, conflicto de intereses y el uso de instrumentos del Estado por parte de quienes integran la propia estructura gubernamental.
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