En redes sociales se dio a conocer un curioso video en el que se observa a Javier Milei en un recorrido junto con activistas del movimiento libertario. En la secuencia, al líder de La Libertad Avanza se le acerca una militante con una torta con forma de la emblemática serpiente de la bandera de Gadsden, una insignia estadounidense en el que se representa a una víbora de cascabel enroscada y en el que se suele leer la frase " Don't Tread on Me ".
Lo anécdotico de la grabación es que el pastel tiene una visible vela chispera que no se apaga, pero el dirigente de LLA se esfuerza en apagarló soplando de manera infructuosa una y otra vez. Desde hace décadas, en ocasiones de celebraciones y cumpleaños, se utilizan este tipo de velas como bromas. Estos accesorios se llaman comúnmente velas mágicas, y las mismas se desarrollan utilizando magnesio en la mecha que, al calentarse, vuelve a encender el vapor de cera incluso después de ser sopladas. De manera írónica, el usuario que compartió el editado posteó: "El que quiere mandar una ley de salud mental".
Estas últimas semanas, el gobierno nacional avanza en la elaboración de un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, con el objetivo de modificar aspectos centrales del sistema vigente, en una iniciativa que ya genera tensiones políticas, sanitarias y jurídicas antes de su tratamiento parlamentario.
La normativa actual, sancionada en 2010, se basa en un paradigma de derechos humanos que promueve la desmanicomialización, limita las internaciones involuntarias y prioriza dispositivos comunitarios por sobre el encierro en instituciones psiquiátricas. En ese marco, el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones— busca introducir cambios estructurales que revierten parcialmente ese enfoque, retomando lineamientos que habían sido incluidos originalmente en la denominada Ley Bases pero que finalmente quedaron fuera del texto aprobado por el Congreso.
Entre los ejes principales de la iniciativa se encuentra la modificación del régimen de internaciones involuntarias. El Gobierno propone habilitar de manera más amplia la posibilidad de hospitalizar a personas con padecimientos mentales mediante intervención judicial, otorgando a los jueces un rol más activo para autorizar ingresos en casos considerados de riesgo. Este punto responde a reclamos de familiares, sectores médicos y fuerzas de seguridad que cuestionan las limitaciones actuales para actuar ante situaciones críticas. Al mismo tiempo, la reforma apunta a facilitar que familiares o allegados puedan solicitar esas internaciones, ampliando los criterios de intervención estatal.
Otro aspecto central del proyecto es la creación de centros especializados para el tratamiento de patologías severas, lo que implicaría un giro respecto del modelo vigente que prioriza la atención en hospitales generales y la progresiva sustitución de instituciones monovalentes. En esa misma línea, distintos borradores y análisis sobre la reforma señalan que el Ejecutivo evalúa flexibilizar o directamente eliminar restricciones a la creación de establecimientos psiquiátricos tradicionales, lo que para algunos sectores representa un retorno a esquemas anteriores al paradigma comunitario.
El avance del proyecto se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la política sanitaria nacional, incluyendo recortes presupuestarios en programas de salud mental comunitaria y la falta de articulación federal a través de organismos como el Consejo Federal de Salud Mental, cuya reactivación fue reclamada por varias provincias ante el aumento de la demanda en el área.
Desde el punto de vista institucional, la iniciativa debe atravesar el procedimiento legislativo ordinario. El Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso durante el período de sesiones ordinarias, donde ingresará por la Cámara de Diputados o el Senado, será girado a comisiones —principalmente las de Acción Social y Salud Pública— y deberá obtener dictamen para luego ser debatido en el recinto. De aprobarse en una de las cámaras, pasará a la otra para su revisión, pudiendo sufrir modificaciones antes de una eventual sanción definitiva. En caso de cambios, el texto deberá volver a la cámara de origen. Solo tras su aprobación en ambas cámaras el proyecto podrá ser promulgado por el Poder Ejecutivo y reglamentado para su aplicación efectiva.
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