Varios medios difundieron que, desde la asunción de Javier Milei, al menos una decena de funcionarios y legisladores oficialistas accedieron a créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina en condiciones que hoy están bajo investigación judicial y cuestionamiento político. La información surge de registros públicos del sistema financiero procesados por distintas plataformas y reconstruidos por portales periodísticos, que muestran préstamos por montos que, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos, con casos individuales que alcanzan cifras cercanas a los 500 millones.
Entre los beneficiarios aparecen nombres centrales del equipo económico, como Federico Furiase, secretario de Finanzas, con un crédito superior a los 367 millones de pesos, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con unos 373 millones. A ellos se suman funcionarios de distintas áreas, directores de empresas públicas y legisladores oficialistas, lo que amplió el alcance del escándalo más allá del núcleo técnico del Gobierno.
El punto más controvertido no es la existencia de los créditos —una práctica legal en sí misma— sino las condiciones en que habrían sido otorgados. Denuncias presentadas en la Justicia señalan posibles irregularidades en la evaluación crediticia, incompatibilidades y beneficios que no se corresponderían con los ingresos declarados de algunos funcionarios. En paralelo, se cuestionan las tasas y plazos, con esquemas de financiación de hasta 30 años y condiciones consideradas ventajosas en el contexto de una economía con fuerte restricción crediticia para la población general.
El Gobierno respondió con una defensa cerrada. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los préstamos “son iguales para todos” y que representan menos del 0,2% del total otorgado por la entidad, mientras que otras voces oficiales insistieron en que no existe ilegalidad ni privilegio. La polémica adquirió mayor volumen por la contradicción con el discurso histórico del propio Milei. Antes de llegar a la presidencia, el líder libertario definía su rol político con una frase que se volvió emblema de su narrativa: “soy un topo dentro del Estado, soy el que destruye el Estado desde adentro”.
Esa definición, repetida en entrevistas y conferencias durante su etapa como economista mediático, hoy es citada por opositores y analistas para subrayar la paradoja de que funcionarios de su administración recurran precisamente a uno de los instrumentos más tradicionales del Estado —el crédito público subsidiado— para financiar sus patrimonios personales. "Llama la atención dos cosas. La primera es que son montos grandes", señaló Carlos Melconian en una entrevista para Infobae en vivo y continuó: "Si soy un topo y tengo tanto encono con el sector publico, iría al banco Santander a pedir un crédito". "Se la pasaron tirando mierda, mierda y mierda, y van y sacan créditos en el Nación”, remató el ex directivo de Banco Nación.
Siguiendo la lógica de Melconian, el contraste del hecho se profundiza al considerar el rol simbólico del Banco Nación dentro del ideario libertario. Fundado en 1891 como herramienta de desarrollo productivo y hoy principal entidad financiera pública del país, la entidad fue señalada por Milei durante años como un ejemplo del aparato estatal a reducir o privatizar. En el gobierno actual, esa tensión se expresó en la decisión de transformarlo en sociedad anónima como paso previo a una eventual apertura al capital privado, en línea con su programa de achicamiento del Estado.
En ese contexto, el escándalo por los créditos no solo pone en discusión la conducta individual de los funcionarios involucrados sino también la coherencia estructural del proyecto político.
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