En redes sociales, Eduardo Feinmann apuntó contra las legisladoras Fernandez Sagasti y Julia Strada Rodriguez por las deudas contraidas en el Banco Nación. El periodista describió que la senadora obtuvo un préstamo en abril 2018 de $ 2984000 a una cotización Dólar de 20.6 USS 61.500 Tasa uva + 3, mientras que al día de hoy adeuda $ 114.000.000. En cuanto a Strada, según el conductor de A24, el BCRA habría informado sobre la adquisición de una segunda vivienda en marzo de este año y que se pago $ 216.000.000, dentro de un tipo de cambio 1400 USS a 154.000 TASA UVA + 7. Sumado al dato curioso de que la madre de la diputada nacional salio de codeudora.
Strada Rodriguez contestó en redes sociales las acusaciones en una seguidilla de mensajes de su cuenta personal de X. "Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a continuación, tal como hago yo. En junio del 2025 gestioné un crédito en el BNA, que finalmente salió en marzo de 2026. Acá muestro paso a paso cómo, en mi caso, no existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite, que se inició con una comparación de tasas el 13 de junio de 2025, siguió con la solicitud de inicio del trámite el 18 de julio de 2025, hasta la firma final del crédito, a principios de marzo de 2026, es decir, 8 meses después", destacó.
."Tramité el crédito junto con mi madre, con el objetivo de cambiar el departamento donde vivo, heredado junto con mi hermana y mi mamá (50% mi mama y 25% cada hija), luego del fallecimiento de mi papá en 2017. Vale unos 100 mil dólares. En mis sucesivas declaraciones juradas se puede encontrar. El depto tiene unos 40 metros cuadrados y pedimos un crédito de 150 mil dólares para reemplazarlo por uno más grande, y, una vez que lo vendiéramos, precancelar parte del crédito (opción incluida en el préstamo). En junio de 2025 hice un comparativo de las tasas de cada banco (público/privado). Fue precisamente el 13 de junio (adjunto la planilla enviada a mi mail ese mismo día y la constancia del mail). El 18 de julio 2025 hice la solicitud para empezar el trámite del crédito (dejo acá debajo las capturas del mail que recibí oficialmente ese día). Es el mail oficial del BNA para préstamos hipotecarios desde la sucursal, primera vez que me llegaba un mail de esa casilla. Entre esa fecha – el 18 de julio- y la firma del crédito, pasaron 228 días. Es decir: 8 meses", detalló la legisladora.
El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió los posteos de Feinmann y las replicas de las parlamentarias con la siguiente aclaración: "Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente Javier Milei en el 2027!". De inmediato, Sagasti respondió al funcionario libertario afirmando: "Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el gobierno. Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde.
Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo.Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior".
El otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios del gobierno de Javier Milei derivó en una investigación judicial y en denuncias políticas que apuntan tanto a los beneficiarios como a las autoridades de la entidad financiera, en un caso que combina cuestionamientos por posible trato preferencial, inconsistencias patrimoniales y uso de recursos públicos.
La causa quedó radicada en la justicia federal, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, tras la presentación de distintas denuncias impulsadas por dirigentes opositores y abogados particulares. Entre ellas se destacan las promovidas por los diputados Esteban Paulón y Mónica Frade, que no solo apuntan a los funcionarios que accedieron a los préstamos sino también a las autoridades del banco, como el ex titular Daniel Tillard y el superintendente del Banco Central Juan Ernesto Curuchet.
Según la información incorporada a los expedientes judiciales y difundida por distintas fuentes periodísticas, al menos 22 funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron entre 2024 y 2025 a créditos hipotecarios o personales por montos que oscilan entre los 100 y los 527 millones de pesos, con condiciones particularmente favorables: tasas cercanas al 4,5% y plazos de hasta 30 años. Estas condiciones, habituales en líneas promocionales del banco, son precisamente uno de los ejes del cuestionamiento: si fueron otorgadas en igualdad de condiciones o si existió una operatoria privilegiada para integrantes del poder político.
Entre los principales nombres involucrados aparece Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, quien registra un crédito por aproximadamente 373 millones de pesos; Federico Furiase, secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro Luis Caputo, con unos 367 millones; y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien habría recibido el préstamo más elevado, cercano a los 510 millones.
La nómina se amplía con funcionarios de distintas áreas estratégicas del gobierno: Juan Pablo Carreira, responsable de comunicación digital de la Presidencia; Sharif Menem, director de la secretaría privada de la Cámara de Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; y Emiliano José Mongilardi, director de YPF. También figuran legisladores oficialistas como Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde. A este listado se sumó el caso de Leandro Massaccesi, funcionario del Ministerio de Capital Humano, cuya salida del cargo se produjo tras conocerse que había accedido a uno de estos créditos, lo que intensificó el impacto político del escándalo.
El núcleo de las sospechas gira en torno a la operatoria mediante la cual estos préstamos fueron aprobados. Las denuncias sostienen que varios de los beneficiarios no tendrían capacidad patrimonial o ingresos suficientes para justificar créditos de tal magnitud, lo que abre la hipótesis de irregularidades en la evaluación crediticia. En ese sentido, uno de los textos judiciales advierte que los funcionarios “se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, una frase que se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación.
Además, se cuestiona la simultaneidad y concentración de los créditos en un universo reducido de funcionarios políticos, lo que para los denunciantes podría indicar la existencia de un circuito interno de acceso preferencial. La investigación también busca determinar si hubo aceleración en los tiempos de aprobación, flexibilización de requisitos o utilización de garantías atípicas para viabilizar las operaciones.
Otro punto clave es el posible conflicto de intereses. Los beneficiarios ocupan cargos en áreas económicas, regulatorias o directamente vinculadas al sistema financiero estatal, lo que plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre su función pública y el acceso a créditos otorgados por una entidad bajo la órbita del propio Estado. En las denuncias se menciona la posible comisión de delitos como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Desde el oficialismo, la defensa se centra en que no existió ninguna irregularidad ni trato privilegiado. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los beneficiarios “no tienen ventaja respecto del resto”, mientras que el canciller Pablo Quirno sostuvo que “las tasas y condiciones son para todos los que cumplen los requisitos”. Algunos funcionarios, como Guillermo Madero, aseguraron que el trámite fue estándar: “Me inscribí sin privilegios a través de la página web”, argumentó públicamente.
Sin embargo, las críticas no solo apuntan a la legalidad formal de los créditos sino también a su dimensión política. Sectores sindicales y opositores remarcan la contradicción entre el discurso oficial —centrado en la reducción del Estado— y el uso de instrumentos financieros públicos por parte de altos funcionarios. En esa línea, el dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, sintetizó el cuestionamiento con una frase que circuló ampliamente: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”.
La investigación judicial en curso deberá determinar si las operaciones se ajustaron a la normativa bancaria y si los beneficiarios cumplían efectivamente con los requisitos exigidos o si, como sostienen los denunciantes, existió una maniobra coordinada que derivó en un acceso privilegiado al crédito público por parte de funcionarios del propio gobierno. Mientras tanto, el caso se consolidó como uno de los principales focos de tensión política y judicial para la administración Milei, en un contexto ya atravesado por otros cuestionamientos sobre transparencia y ética pública.
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