"Por qué el camarógrafo de la Fundación Libertad fue echado de su puesto de trabajo luego de esta toma", fue el interrogante que fue tendencia en la red social X hace unas horas. Acompañado a la frase, en el posteo se visualiza una breve secuencia en la que un discurso el presidente Javier Milei mencionó: "¿Por que yo debería beneficiar a tres corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos?". En ese preciso momento, se observa en las imágenes a Manuel Adorni y Karina Milei.
Si bien el video fue viral, el portal periodístico Chequeado desmintió la veracidad de la grabación difundida. En su cuenta de X, el sitio aclaró: "Falso que la cámara enfoque a Karina Milei y Adorni cuando el Presidente habla de `3 corruptos ineficientes` en la cena de Fundación Libertad. En redes se afirma que la transmisión de la cena de la Fundación Libertad mostró a la hermana del Presidente y al jefe de Gabinete cuando Javier Milei habló de 3 corruptos ineficientes". Y aclaró: "Ese plano no aparece en ese momento en ninguno de los videos completos, tanto de la Oficina del Presidente como de la Fundación Libertad y canales como LN+".
Lo cierto es que las denuncias de corrupción que alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete Manuel Adorni se convirtieron en uno de los principales focos de tensión política del gobierno de Milei, con causas judiciales en curso, acusaciones cruzadas y una creciente presión legislativa que busca avanzar con investigaciones en el Congreso.
El caso más explosivo es el que gira en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y tiene como figura central al exfuncionario Diego Spagnuolo, quien fue procesado por la Justicia como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos y al direccionamiento de contratos públicos en la compra de medicamentos e insumos. En términos cronológicos, el escándalo se inició a mediados de 2025 con la filtración de audios en los que Spagnuolo —exabogado personal del Presidente— describía un esquema sistemático de retornos ilegales dentro del organismo.
De acuerdo con esas grabaciones y con elementos incorporados posteriormente al expediente judicial, el mecanismo consistía en la adjudicación de contratos con sobreprecios a empresas farmacéuticas, que luego devolvían un porcentaje del negocio en forma de coimas. La estructura, según la investigación, contemplaba un retorno total cercano al 8%, del cual un 5% se distribuía entre intermediarios y operadores, mientras que el 3% restante habría tenido como destino a Karina Milei y a su entorno político, en particular al armador Eduardo “Lule” Menem.
Esa hipótesis se vio reforzada por nuevas pruebas incorporadas en 2026. Peritajes judiciales sobre comunicaciones internas detectaron mensajes en los que se aludía explícitamente a ese porcentaje: “Ya le descontaron el 3”, fue una de las frases halladas en intercambios entre involucrados, interpretada por los investigadores como una referencia directa al supuesto pago de sobornos vinculados a la secretaria general de la Presidencia. La causa, instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, incluye a decenas de imputados entre exfuncionarios y empresarios, con embargos millonarios y allanamientos que permitieron secuestrar dinero en efectivo y documentación clave.
En paralelo, la figura de Manuel Adorni quedó envuelta en otro frente judicial vinculado a su patrimonio personal. La investigación, que tramita en la Justicia federal, busca determinar si el funcionario incurrió en enriquecimiento ilícito a partir de una serie de operaciones inmobiliarias realizadas tras su ingreso al gobierno. Según reconstrucciones periodísticas, el foco está puesto en la compra de propiedades y en un incremento patrimonial que no se correspondería con sus ingresos declarados.
Entre los elementos bajo análisis figuran adquisiciones de inmuebles financiadas mediante mecanismos considerados atípicos, como préstamos de terceros sin justificación clara, así como la posible subdeclaración del valor real de las operaciones. Estas maniobras, junto con gastos personales y viajes de alto costo, motivaron denuncias de legisladores opositores y derivaron en medidas judiciales para rastrear el origen de los fondos. La causa también examina la eventual omisión de bienes en declaraciones juradas y la participación de intermediarios en las transacciones inmobiliarias.
El avance simultáneo de ambos expedientes —el de la red de sobornos en la ANDIS y el del patrimonio de Adorni— configuró un escenario de fuerte desgaste para el oficialismo, con repercusiones políticas que ya se trasladaron al Congreso. Legisladores de distintos bloques han presentado denuncias formales y reclaman explicaciones tanto por el presunto esquema de coimas que involucraría a Karina Milei como por las inconsistencias patrimoniales atribuidas al jefe de Gabinete.
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