En distintas redes sociales, desde hace varios días, vienen circulando distintas imágenes que interpelan al pasado de Manuel Adorni, antes de asumir a sus funciones en el gobierno nacional conducido por Javier Milei. Las fotografías digitales, que diversos usuarios comparten, se lo ven al actual jefe de Gabinete y principal vocero de Casa Rosada en situaciones cotidianas, lejos del glamour y la sofisticación de sus bienes patrimoniales.
Incluso todo lo contrario, uno de los retratos más compartidos en la red social X es el del mismo Adorni cocinando un humilde asado. Mucho más joven y lejos de sus funciones públicas, el entonces contador era un prolífico tuitero que se juntaba con los amigos para hacer una improvisada parrillada. En la foto se lo ve al libertario en alpargatas haciendo el fuego en un ambiente modesto de algún fondo a medio construir.
Por supuesto, no es la única imagen que circuló en el universo digital. En otra fotografía, se lo puede apreciar a Adorni bebiendo junto con un amigo unos whiskies. En la imagen se lo ve sonriendo a la cámara sosteniendo uno de scotch del sello Criadores, uno de los más económicos del mercado, aunque se trate de la reconocida botella que celebra los 50 aniversarios el precio rondaba más bajo que un Johnnie Walker Red Label.
Ese humilde pasado del portavoz de Casa Rosada confronta con el actual escándalo que se consolidó a partir de una serie de investigaciones que pusieron bajo sospecha la evolución de su patrimonio, particularmente en relación con operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito y en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, en un contexto donde la Justicia intenta determinar si existió enriquecimiento ilícito y maniobras irregulares en la adquisición y mejora de bienes.
En el caso del country Indio Cúa Golf Club, tuvo como punto de partida la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que derivó en una investigación encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. En ese expediente se analiza un incremento patrimonial que, según los registros oficiales, superó el 500% en un corto período, una variación que el propio funcionario atribuyó a préstamos familiares y revalorizaciones de activos, pero que los investigadores consideran insuficientemente justificada.
La propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz, está formalmente a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. La compra fue realizada en noviembre de 2024 mediante escritura firmada ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko, aunque la titularidad no habría sido actualizada en los registros municipales, donde aún figuraba el vendedor original, Juan Ernesto Cosentino.
Sobre esa vivienda se desplegó una compleja operatoria de refacciones que constituye hoy el núcleo más comprometedor del expediente. El arquitecto y contratista Matías Tabar, vinculado al grupo Alta Arquitectura, declaró bajo juramento que las obras demandaron 245.929 dólares y que fueron abonadas íntegramente en efectivo, sin facturas ni registros formales. Según su testimonio, los pagos se realizaron en múltiples entregas en dólares, directamente en mano y dentro del propio country, entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
El presupuesto original de la obra, cercano a 94.000 dólares, se incrementó progresivamente con la incorporación de mejoras de alto costo: remodelación integral, instalación de porcelanatos, construcción de parrilla, reformas en cocina con isla y desayunador, revestimientos con mármol travertino, y modificaciones en la pileta que incluyeron un sistema de jacuzzi. Sin embargo, el elemento que concentró mayor atención mediática y política fue la construcción de una cascada ornamental en el jardín de la vivienda.
La oposición, liderada por diputados como Esteban Paulón y legisladores que impulsaron la interpelación del funcionario en el Congreso, cuestiona lo que denominan una "omisión sistemática" de bienes en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. Según registros citados, Adorni se ha escudado frecuentemente en "anexos reservados" para evitar dar detalles sobre las propiedades a nombre de su cónyuge o sobre el origen de los fondos para sus viajes familiares. Mientras que su patrimonio declarado al cierre de 2024 rondaba los $107,9 millones, sus deudas informadas superaban los US$ 725.000, una brecha que la fiscalía investiga como posible enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.
Ante estas acusaciones, Adorni ha mantenido una postura defensiva, calificando las denuncias como "operetas políticas" y una "carnicería mediática". En sus conferencias de prensa y presentaciones legislativas, el jefe de Gabinete aseguró que todos sus bienes están debidamente declarados y que los gastos fueron afrontados con recursos propios genuinos.
Sin embargo, la persistencia de dudas sobre inmuebles no incluidos en sus declaraciones públicas de 2024 y la reciente puesta en venta de un departamento en La Plata —declarado originalmente como una donación— han intensificado el escrutinio sobre su evolución patrimonial, la cual habría experimentado un crecimiento superior al 500% desde su ingreso a la función pública.
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