La relación entre el Gobierno y el poder judicial vive, desde hace un año, momentos de constante tensión. En las últimas semanas, esa tirantez se agravó por diferentes hechos que en el universo judicial se miran con mucha atención, pero que mantiene también expectante a la clase política en su conjunto.
El episodio más reciente fue una entrevista que dio el presidente Alberto Fernández, en la que afirmó que había que “meter mano” en la Justicia. La frase exacta fue: “De lo que estoy seguro es que, en la Justicia, nosotros tenemos que meter mano sin ninguna duda”. Fernández se había envalentonado en un reportaje que le estaban haciendo en la radio oficialista AM 750 y lanzó esa declaración poco republicana. Rápido de reflejos y consciente de lo desafortunado de su frase, aclaró: “Meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes, hay que cambiar procedimientos, hay que cambiar formas. La Justicia es el único de los poderes que en estos treinta años de democracia no fue revisado su funcionamiento en detalle, y creo que ha llegado la hora de que lo hagamos”.
A esto se le sumó el informe que presentó la Comisión Bicameral de Inteligencia sobre el funcionamiento de la oficina de escuchas, conocida durante muchos años como la OJOTA, cuando estaba bajo la órbita de la SIDE, y que hoy se llama DaJuDeCo y depende de la Corte Suprema. El informe al que accedió NOTICIAS apunta al rol del camarista Martín Irurzun, como máximo responsable de irregularidades cometidas en las escuchas que se hicieron al teléfono del actual senador Oscar Parrilli, cuando hablaba con Cristina Kirchner. Esas, conversaciones se filtraron a la prensa y se hicieron célebres por la frase: “Soy yo, Cristina, pelotudo”.
Por encima de Irurzun, en esa cadena de responsabilidades, Cristina Kirchner ubica a Ricardo Lorenzetti, de quien afirma que, cuando era presidente de la Corte, “en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas”. Así lo escribió en su carta del 9 de diciembre pasado publicada en su portal cfkargentina.com
En guerra. Antes de aquella carta que había escrito con motivo de un balance anual del primer año de la gestión, Cristina Kirchner había tenido diferentes señales del Poder Judicial que podrían interpretarse como desafiantes. Por un lado, a principios de diciembre la Cámara de Casación convalidó los testimonios de los arrepentidos de la causa cuadernos, uno de los expedientes más escandalosos en materia de corrupción de los últimos años. Antes de eso, la Corte confirmó la condena a funcionarios públicos por la tragedia de Once y también la condena a Amado Boudou en el caso Ciccone. A estas actitudes que pueden interpretarse como hostiles se suman los más de diez recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Kirchner ante la Corte y que aún no fueron tratados. Estos recursos no son gratuitos. En la actualidad se deben depositar 100 mil pesos por cada vez que se hace una presentación. Entre enero de 2018 y diciembre de 2019 el costo de los recursos extraordinarios era de 40 mil pesos. Una parte de los recursos extraordinarios que se presentan en la Corte son para resolver cuestiones que pueden ser vistas como arbitrarias. Si el recurso es aceptado, el dinero se resuelve. Si es rechazado, el dinero se pierde. Este año se le rechazaron recursos extraordinarios a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, José López y Ricardo Jaime, Roberto Baratta, entre otros. Es decir que todo este tema de la forma en que la Corte decide cuáles casos toma y cuáles no es algo que el kirchnerismo, en todos sus estratos, ha sufrido a lo largo de los últimos años. Por eso hay un particular interés por una de las sugerencias que hizo la comisión de expertos que analizó la situación del Poder Judicial, la llamada “Comisión Beraldi”. En la presentación que hicieron ante Alberto Fernández recomiendan crear un tribunal intermedio antes de la Corte Suprema para analizar pura y exclusivamente los casos que se consideren arbitrarios. “Es un tribunal parecido al Tribunal Supremo de España. No es un tribunal que está por debajo de la Corte, es un tribunal que está a la par de la Corte, simplemente que atiende todos esos casos que la Corte llama ‘de arbitrariedad’. En vez de que la Corte reciba los casos ‘de arbitrariedad’ y resuelva a su antojo si los toma o no los toma, ese tribunal tendría que analizar todo lo sujeto a la arbitrariedad”, explicó el presidente Fernández en una entrevista radial.
Las palabras del primer mandatario sugiriendo crear una Corte paralela encendieron la alarma de juristas de renombre e incluso de integrantes de la propia Comisión que él convocó. Es el caso del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien salió a aclarar por Twitter: “Un tribunal supremo a la par de la Corte Suprema es constitucionalmente imposible sin una reforma constitucional. El Consejo Consultivo, con matices, recomendó la creación de un tribunal anterior a la Corte que revise integralmente y sin pago de un depósito las sentencias arbitrarias”.
Consultada por esta revista, la también constitucionalista Marcela Basterra afirmó: “La creación de un tribunal intermedio para casos de arbitrariedad de sentencias no soluciona el problema, sino que puede significar mayor burocracia. Sin duda, se intentará ‘licuar’ o vaciar de poder a la Corte Suprema. En el contexto político actual, si se crea un tribunal ‘intermedio’ a la Corte, se convertirá posiblemente en una Corte paralela”.
Alberto Garay, otro referente de los abogados constitucionalistas, sostuvo que “según la Constitución, la Corte es suprema, única y última. No tiene ningún tribunal igual en grado y jerarquía. Ergo, por ley, no podría crearse un tribunal federal que funcionara “a la par” de la Corte, a menos que se lleve adelante una reforma constitucional”, y respecto del funcionamiento agregó: “Si decidieran, de todos modos, crear un tribunal federal pero inferior a la Corte Suprema para intervenir en cuestiones de arbitrariedad de sentencias provenientes de todos los superiores de tribunales de las provincias y de la CABA, agrandarían la costosa plantilla judicial en un momento de dificultades económicas muy serias”.
Entuertos. El capítulo judicial del gobierno de Alberto Fernández se escribe todos los días. En el primer año de gestión, se le pidió juicio político al procurador Eduardo Casal, se intentó revisar los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, está pendiente la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal y ahora se suma el enfrentamiento con la Corte, que inició Cristina Kirchner. En esta batalla hay factores que podrían jugar a favor del Gobierno: la Corte es una de las instituciones más desprestigiadas del país y hacia adentro, las diferencias entre los ministros supremos se consolidan día a día quedando expuestos a los vaivenes de la política. El último rumor que circulaba al cierre de esta edición era la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Así sea sumar más cortesanos o crear una “Corte paralela”, hay algo que está claro: el gobierno va a “meter mano” en la Justicia.
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