El nombre de Facundo Leal irrumpió con fuerza en la agenda política y judicial luego de que una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza derivaran en su detención y en el secuestro de más de 2,4 millones de dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina, MDMA, documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que quedaron bajo análisis de la Justicia. El caso adquirió una dimensión nacional no sólo por el volumen del dinero encontrado, sino también por el perfil del acusado: un funcionario que logró mantenerse durante casi dos décadas en posiciones estratégicas del Estado, atravesando administraciones de distinto signo político y construyendo una extensa red de vínculos empresariales y políticos.
Abogado mendocino, con formación en Derecho Económico, Leal inició su carrera en organismos vinculados al transporte y la aviación civil antes de consolidarse dentro de la estructura de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). Su desembarcó en el organismo acompañado por el exgobernador mendocino Rodolfo Gabrielli, una de las figuras históricas del peronismo cuyano. Desde allí comenzó un proceso de acumulación de poder técnico y político que le permitió sobrevivir a sucesivos cambios de gobierno y convertirse en una figura de influencia dentro de áreas estratégicas vinculadas a telecomunicaciones, conectividad y transporte.
Su ascenso alcanzó un punto culminante cuando fue designado presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Más tarde, ya bajo el gobierno de Javier Milei, fue convocado para conducir el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), encargado de supervisar la red aeroportuaria argentina. Su continuidad en puestos de alta responsabilidad durante administraciones ideológicamente opuestas alimentó la imagen de un funcionario con fuertes respaldos políticos y una importante capacidad de articulación dentro de la estructura estatal.
La investigación judicial que hoy lo tiene detenido se originó a partir de una causa vinculada al presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT. Sin embargo, a medida que avanzaron los peritajes y las medidas probatorias, los investigadores comenzaron a detectar posibles irregularidades en contrataciones y adjudicaciones realizadas durante su gestión. Esa línea de trabajo derivó en una serie de allanamientos simultáneos que terminaron exponiendo un patrimonio y una cantidad de efectivo que llamaron la atención de los investigadores y abrieron nuevas hipótesis vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y posibles hechos de corrupción.
Durante los procedimientos realizados en un departamento del barrio porteño de Palermo y en inmuebles de Mendoza, los investigadores encontraron más de 2,4 millones de dólares, dinero en distintas monedas extranjeras, drogas sintéticas, cocaína, ketamina, balanzas, bolsas de fraccionamiento, computadoras, teléfonos celulares y documentación considerada relevante para la causa. El hallazgo de sustancias prohibidas generó además nuevas líneas de investigación paralelas a la causa principal.
Diversos medios provinciales lo vincularon con dirigentes que ocuparon posiciones relevantes dentro de organismos nacionales y con referentes empresariales de peso. Entre los nombres mencionados aparece el del empresario José Luis Manzano, histórico operador político ligado al menemismo y uno de los hombres más influyentes del mundo de los negocios en la provincia cuyana. Aunque hasta el momento no existen imputaciones judiciales contra Manzano en esta causa, distintas fuentes remarcaron que Leal se movía en círculos de poder donde coincidían empresarios y funcionarios vinculados al sector energético y de medios.
La polémica también alcanzó sus declaraciones juradas. Según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción cuando se desempeñaba al frente del ORSNA, Leal informó un patrimonio que mostraba un crecimiento sostenido entre 2020 y 2025. En su última presentación declaró siete inmuebles ubicados en Mendoza, entre los que figuraban cuatro departamentos y dos casas, además de terrenos. También consignó la titularidad de una camioneta Volkswagen Amarok Black Style V6 adquirida en 2022 y un vehículo utilitario recreativo tipo UTV. A ello sumó participaciones en una explotación unipersonal, depósitos bancarios, dinero en efectivo y otros activos patrimoniales.
Sin embargo, mientras las declaraciones juradas reflejaban una importante expansión patrimonial sustentada principalmente en inmuebles, actividades empresariales y revalorizaciones contables, la magnitud del efectivo secuestrado abrió interrogantes sobre el origen de esos fondos y sobre eventuales activos no informados. Esa discrepancia constituye uno de los ejes centrales de la investigación judicial que mantiene detenido al exfuncionario y que amenaza con extenderse hacia otros actores de su entorno político y empresarial.
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